Víctimas en vez de restos arqueológicos: cuando la Justicia respalda la exhumación de las fosas de la Guerra Civil

En septiembre de 1936, cuatro personas desaparecieron. Fueron enterrados en Soria, pero hasta ahora no se ha confirmado a quiénes correspondían los restos de La Riba de Escalote, con la colaboración y participación de la Justicia. En una prospección arqueológica a mediados de 2019 se localizaron restos mortales de al menos dos personas, “con evidencias de muerte violenta”.

La asociación memorialista Recuerdo y Dignidad registró una denuncia en el Juzgado de Almazán dos días después por crímenes contra la humanidad, unos delitos que no prescriben. El juez incoó diligencias por el asesinato de cuatro personas en La Riba y tanto la Policía Judicial como la Guardia Civil estuvieron presentes durante los trabajos de prospección de las dos fosas comunes y la aparición de restos óseos humanos, que posteriormente han sido analizados y custodiados a cargo de la Justicia.

Este es uno de los pocos casos en los que la identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil está tutelada por la Justicia. “Se ha tutelado judicialmente todo el proceso”, explica el portavoz de Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, que lamenta que en muchas ocasiones las víctimas del franquismo sean tratadas como restos arqueológicos. “No suele haber levantamiento de actas judiciales. Imagina si son restos de alguien desaparecido o de Marta del Castillo, por ejemplo”, plantea. Aparicio destaca la importancia de que el Estado “vuelva a ponerse del lado de las víctimas”, que es lo que de verdad “alivia y calma” a los familiares y les hacer “recuperar la fe en la Justicia”. “Dejan de tratarlos como restos arqueológicos para tratarlos como víctimas”, resume.

Solo se ha identificado a tres de las cuatro víctimas

A pesar de los exámenes de la Fundación Aranzadi, solo se ha identificado genéticamente los restos de tres de los cuatro fusilados en La Riba: Adolfo Morales tenía 26 años y participó en la fundación de las Juventudes Socialistas de Soria; Gregorio Valdenebro (28 años) era un jornalero que pertenecía a Unión Republicana; Alberto Rodrigo (32 años) era concejal en el Ayuntamiento de Berlanga y el tesorero de Unión Republicana. También se sospecha que los otros restos son de Silverio Lumbreras, un electricista de 25 años que pertenecía a Juventudes Socialistas, pero los familiares vivos que tiene son muy lejanos como para confirmarlo genéticamente. La asociación memorialista de Soria, Recuerdo y Dignidad, ha pedido permiso para exhumar los restos de los padres de Silverio para poder contrastarlos.

El proceso judicial no ha sido sencillo. Fiscalía intentó que se cerrara la causa penal y el juez decidió archivar la causa sin haber terminado todas las diligencias. La hija de una de las víctimas vive en Lleida y nadie dijo al Juzgado de Lleida dónde debían llevar las muestras de ADN tomadas, por ejemplo. La asociación memorialista recurrió y ganó el recurso. El juez reabrió la causa para ordenar las diligencias y terminar la instrucción, y volvió a cerrar la causa, a pesar de que falta por identificar a uno de los cuatro asesinados en La Riba. Recuerdo y Dignidad ha interpuesto un recurso contra este cierre de la causa penal, al que Fiscalía se ha opuesto.

La entrega de los restos

La Fundación Aranzadi, dirigida por el antropólogo forense Francisco Etxeberría, identificó los restos de tres de las cuatro víctimas La Riba de Escalote, tutelada por la Justicia. Recuerdo y Dignidad se responsabilizará de la identificación de Silverio Lumbreras, puesto que el Juzgado de Almazán ha cerrado la causa.

El juzgado acordó devolver los restos que le habían sido entregados por el Instituto de Medicina Legal a la Asociación Recuerdo y Dignidad, que solicitó que los restos fueran entregados a los familiares y se les diera “el destino” que correspondiera. La asociación soriana preparará el acto de homenaje y entrega de los restos mortales de a sus familiares a finales de verano, según lo previsto.

La Justicia se cierra a una causa penal

El Tribunal Supremo rechazó en marzo que las investigaciones sobre hechos relacionados con fosas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo puedan tener carácter penal. “El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”, decía la sentencia del Alto Tribunal después de que Recuerdo y Dignidad recurriera el archivo de la causa de la 'fosa de los maestros'. En 2017 esta asociación localizó los cuerpos de cinco profesores asesinados en 1936 en Cobertelada (Soria), que también recurrió ante el Tribunal Constitucional. Esta semana, el Constitucional ha inadmitido el recurso, pero no ha entrado en el fondo.

Iván Aparicio considera que la decisión del Tribunal Supremo era “esperable”, pero eso “no le resta indignación”. “Cuando un sistema dictatorial tiene impunidad en democracia, esta protege al franquismo”, expone. El Supremo ignoró los informes de la ONU relativos a la recuperación de las víctimas y restauración de los daños de la Guerra Civil.

El presidente de Memoria y Dignidad recuerda que en Soria no hubo frente de guerra, aunque desde la asociación calculan que hubo más de 600 víctimas mortales que fueron asesinados por falangistas con profesiones “liberadas” o con ideas de izquierdas. “Esto es lo que se tenía pensado para el resto del país, pero estalló la guerra”, sostiene Iván Aparicio.

A pesar de que todavía no se ha podido confirmar que los restos son de Silverio Lumbreras, todos los indicios apuntan a él. “Siempre me hablaban con mucho cariño de él, pero no entraban en detalles. Había pena, dolor y miedo de hablar de estas cosas”, lamenta Manolo, que no descarta que su madre y sus tíos sospecharan que Silverio estaba enterrado en La Riba. Sin embargo, hasta ahora no había conocido los detalles del proceso gracias a Recuerdo y Dignidad. Silverio era el tío de Manolo y estuvo preso en Soria y en Almazán antes de ser fusilado en La Riba.

Las víctimas: un electricista, un comisionista, un jornalero y un sastre

Manolo y sus primos, asegura, siempre han querido localizar los restos de Silverio para que descansaran con el resto de la familia, pero no sabían cómo hacerlo hasta que Recuerdo y Dignidad no dio con él. “Soy el único sobrino que vive en Soria y asumí la responsabilidad de estar al tanto de todo esto y de intentar cumplir ese anhelo de la familia”, explica.

Manolo destaca la ayuda y colaboración de la Guardia Civil y valora el trabajo de la Justicia, a pesar de que la considera “lentísima”. “Llevamos ya esperando 90 años y vemos la luz al final del túnel”, comenta. Ninguno de los ocho hermanos de Silverio sobrevive ahora, y todos sus sobrinos coinciden en la importancia de recuperar sus restos.

Los mayores agradecimientos los reserva para Recuerdo y Dignidad.

Adolfo Morales era el primo carnal de la madre de Carmen, que apenas sabía de Adolfo. Carmen explica que ha conocido la historia de Adolfo más por la información recabada por Recuerdo y Dignidad y por los libros. Solo sabía que había un primo de su madre y otro de su padre que habían muerto. “De hecho, al otro primo no le han encontrado”, apunta. Carmen recuerda que conoció al padre de Adolfo, su tío Germán, ataviado siempre con su boina. “Le arruinaron durante los primeros años del franquismo”, asegura Carmen. “El hermano de Adolfo intentó ser falangista para... ya sabes. Como no lo consiguió se fue a Palma, a Mallorca, y su padre se quedó solo con mis tías hasta que murió”, explica.

En primavera de 2019, Iván Aparicio contactó con Carmen para contarle su hipótesis. Por primera vez, la familia de Adolfo acudió a La Riba a preguntar si alguien sabía algo, pero no dieron con nadie que pudiera acotar la localización de la fosa. “Un señor mayor nos dijo que recordaba algo de cuando tenía cinco años. Que llegaron con una furgoneta, los fusilaron y dijeron a los vecinos de La Riba que los enterraran ellos. A él no le dejaron porque era muy pequeño, pero recordaba el shock que le supuso”, relata.

A pesar de los avances, todavía queda por saldar la causa penal, incluso cuando las asociaciones memorialistas han dado pistas y nombres sobre quiénes podrían estar detrás de los asesinatos. “Todo lo avanzado en Justicia lo hemos puesto nosotros, aunque la Justicia haya tutelado el caso. El Estado debe hacer que haya Justicia con las víctimas, porque todas las causas penales se han cerrado”, reprocha el presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad.