El juzgado intervino un día tarde en la fiesta ilegal de Zamora porque la Junta de Castilla y León la consideró “un evento privado”

El juzgado intervino un día tarde en la fiesta ilegal de Zamora porque el sábado a última hora de la tarde la Junta de Castilla y León la consideró “un evento privado”. El viernes comenzó una fiesta/acampada en Vime de Sanabria, una pequeña localidad zamorana de 60 habitantes. Convocados a través de las redes sociales como Whatsapp, se reunieron todo el fin de semana unas 150 personas procedentes de todo el país, más de las que siquiera viven en ese municipio. Aquellos que acudieron a la fiesta se enfrentarán a infracciones de entre 60.001 y 600.000 euros por producir un riesgo o daño muy grave para la salud de la población. Hasta el domingo, esta concentración no fue desalojada por la Guardia Civil, algo que ha criticado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

“Desde ayer [sábado] se ha intentado, a través de la Administración de Justicia, conseguir una resolución para el desalojo basándose en motivos sanitarios. Teníamos preparado el dispositivo desde ayer [sábado], y el desalojo se está produciendo en estos momentos [domingo]. Ahora ya ha cambiado porque hay una resolución judicial”, reprochó el domingo a última hora Blanco, quien garantizó que la subdelegación del Gobierno y la Consejería de Sanidad habían mantenido “una relación constante”.

Sin embargo, la Justicia justifica esta tardanza. Cuando consiguieron contactar con Sanidad, el sábado a última hora de la tarde, consideró que se trataba de un “evento privado” y por lo tanto, no se intervendría. A las 17.25 de la tarde del domingo, la Junta cambia de idea y remite al juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo. Sanidad informó a la prensa de que recibió el informe de la Guardia Civil el domingo, algo que desmiente el auto judicial, que señala que la Benemérita señala diligencias el sábado y no el domingo.

El Tribunal Superior de Justicia señala que la Guardia Civil informó al Juzgado de Puebla de Sanabria el sábado a primera hora de la mañana. “En ese mismo instante, la jueza informa a los agentes de que no puede intervenir si la administración sanitaria no lo solicita”, explican desde Justicia.

Esta concentración suponía una infracción administrativa y no un delito, así que la Consejería de Sanidad debía valorar si había un riesgo para la salud y solicitar la ratificación judicial del desalojo, si lo consideraba conveniente. El Juzgado estuvo todo el sábado “intentando contactar” con Sanidad para facilitar su comunicación con la Benemérita e intervenir, si así la Junta lo consideraba conveniente.

“A última hora de la tarde, y según se recoge en el atestado de la Guardia Civil remitido al Juzgado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León comunica que no intervendrá por considerar que se trataba de un evento privado”. No es hasta el domingo, a las 17.25 horas, cuando la delegada territorial de la Junta decide que hay que intervenir y remite al juzgado la orden de cese de la reunión y su desalojo. Una hora después (18.23 horas), el Juzgado dictó y notificó el auto ratificando las medidas acordadas por la Junta ante el evidente riesgo para la salud que suponía tal concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.

“El Juzgado carece de competencia para intervenir antes de que lo haga la autoridad sanitaria porque los participantes no estaban cometiendo ningún delito o ilícito penal, pues contaban con la autorización del titular del terreno donde se estaba celebrando la fiesta”, defiende el TSJ de Castilla y León. Como se incumplía la norma administrativa COVID, Sanidad debía intervenir. “Solo ellos [la autoridad sanitaria] pueden valorar si se produce una situación de urgencia sanitaria que exija tal intervención”, subraya.

El desalojo, por tanto, no se produjo por una orden judicial, sino por una decisión de la autoridad sanitaria. La intervención del Juzgado de Sanabria de guardia “se limita a revisar y ratificar las medidas acordadas por la autoridad sanitaria ya que podrían afectar a derechos fundamentales”. Una decisión, la de la Junta, que no llegó hasta el domingo a las 17.25 horas.

“Si de mis breves palabras alguien se ha sentido molesto, no era mi ánimo”

Ante el comunicado del TSJ, el subelegado del Gobierno en Zamora ha querido subrayar que la actuación de Justicia fue “un buen trabajo” y “en coordinación”. “Estoy un poco sorprendido. Solo quiero decir, por supuesto, que la operación en sí fue un éxito. Se actuó bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y moderación. Si de mis breves palabras [del domingo] alguien se ha sentido molesto, no era mi ánimo”, ha señalado este martes.

Ángel Blanco ha insistido en que el subdelegado del Gobierno “ni debe, ni puede y sería tremendamente injusto” meterse con la actividad de la Justicia. Además, ha remachado en la importancia de que las sanciones para los asistentes a la fiesta sean un ejemplo. “Esta fiesta tiene que salir cara y nos tiene que servir de ejemplo para que no vuelva a ocurrir”.