Amnistía Internacional presenta recomendaciones para el anteproyecto de Ley de Atención Residencial de Castilla y León

Amnistía Internacional Castilla y León ha recogido en un documento recomendaciones para que la elaboración de la futura Ley de Atención Residencial de la Comunidad tenga un enfoque en los Derechos Humanos.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha valorado la iniciativa de elaborar un ante proyecto de ley por parte de la Junta y considera que es una oportunidad para asegurar que la política de atención residencial de la Comunidad se adapte a los estándares internacionales de Derechos Humanos, de manera que queden suficientemente garantizados los derechos de todas las personas mayores y/o con discapacidad alojadas en residencias.

Amnistía Internacional ha recordado que el pasado mes de enero se presentó un informe sobre la situación de las residencias de personas mayores durante la pandemia y en el mismo se recogían algunos de los fallos y situaciones vividas durante la primera ola y que deberían haberse evitado, así como una serie de recomendaciones, a corto, medio y largo plazo, para proteger los derechos de un colectivo especialmente vulnerable.

Ahora, la organización vuelve a proponer al Gobierno de la Junta de Castilla y León algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de elaborar este anteproyecto de ley asistencial.

La primera recomendación pasa por asegurar que la ley autonómica tiene perspectiva de Derechos Humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en toda la Comunidad, en particular el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y el derecho a la vida familiar.

De la misma forma, ha abogado por garantizar la representación y participación adecuadas de las personas mayores en el sector de servicios sociales, dependencia, salud y residencias en la planificación y procesos de toma de decisiones relacionadas con asuntos que les afectan.

Gestión sanitaria

Amnistía Internacional considera también que hay que desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión sanitaria de las residencias que garanticen los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, para lo que aconseja realizar consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.

De la misma forma, ve necesario asegurar que las residencias estén facultadas para desarrollar protocolos de visitas que respeten y cumplan con los derechos humanos de las personas mayores residentes y que les dan voz y agencia, a sus familias y/o sus tutores legales, así como que se garantice la seguridad de los residentes, visitantes y del personal.

Asimismo, pide que se dé cumplimiento de manera efectiva a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención sanitaria (en especial, la Atención Primaria) a personas mayores y personas con discapacidad, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.

La organización considera que hay que revisar el sistema de inspecciones de centros residenciales de personas mayores para asegurar que la actuación inspectora se lleva a cabo de manera efectiva para velar por el respeto de los derechos de las personas residentes.

En este contexto, ha incidido en que a finales del año 2020, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, en la Comunidad casi el 97 por ciento de las personas fallecidas eran mayores de 60 años y hasta un 47 por ciento vivían en residencias. Además, ha apuntado que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia fueron “inadecuadas” y “vulneraron los derechos de las personas que vivían y viven en residencias”, concretamente el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación.

“Por ello, queda claro que es necesaria, no solo la aprobación de una ley de asistencia en residencias, si no que esta cuente con un enfoque de Derechos Humanos que garantice que los derechos de estas personas no se van a volver a vulnerar y que no van a ser objeto de discriminación”, ha añadido.