Las brechas de edad, género y territorio marcan el aumento de la pobreza en Castilla y León

Las brechas de edad, género y territorio son los principales factores que han marcado el aumento de la pobreza y exclusión social en Castilla y León, cuyo índice pasaría del 24% registrado en 2024 al 45,7% de no ser por las políticas sociales desarrolladas por las Administraciones Públicas.

Es una de las conclusiones que se desprenden del informe AROPE -At Risk of Poverty or Social Exclusion- que se utiliza en toda la Unión Europea, y que este viernes ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN), en el Día Internacional de la erradicación de la pobreza.

Dicha presentación ha sido realizada en la sede del Consejo Económico y Social, cuyo presidente, Enrique Cabero, ha advertido que la pobreza y la exclusión social “es el problema más grave en un estado social y democrático de derecho, que está claro que falla, cuando sigue habiendo cifras tan preocupantes”.

“Es una cuestión que debe ser prioritaria para los poderes públicos, porque también cuando se da una situación de crecimiento económico, el índice de pobreza se sigue manteniendo, debido a que no existe una distribución igualitaria de las rentas”, ha precisado.

De ahí que haya pedido que se lleven a cabo “políticas públicas acertadas, para que haya una igualdad efectiva y real, con medidas que permitan garantizar los ingresos mínimos, el acceso a los servicios públicos y a una educación de calidad”.

El presidente de EAPN, Óscar Castro, ha incidido en ese “preocupante” 24 % de la población de Castilla y León que vive en riesgo de pobreza o exclusión social, que en la población infantil alcanza el 31,8 % y, en los jóvenes de entre 18 a 29 años, el 25,6 %, lo que evidencia la dificultad de emancipación y el acceso a un empleo estable.

También ha destacado la brecha territorial, ya que en la población rural el índice de pobreza es del 30 %, frente al 20 % de las zonas urbanas, y la brecha de género, ya que las mujeres alcanzan una cifra del 25,2 %, frente al 22,8 % de los hombres, es decir casi tres puntos más.

Y ha recordado que, sin la actuación de las Administraciones Públicas, las cifras de pobreza ascenderían hasta el 45,7 % de la población de la Comunidad, “lo que quiere decir que las políticas públicas funcionan, pero hay que seguir reforzándolas para poder disminuir esta dolorosa tasa”.

“Es importante contar con un sistema fiscal justo, porque la pobreza no es solo carencia de recursos, sino la consecuencia de la desigualdad en la distribución de la riqueza, y mayor facilidad al acceso de la vivienda y el empleo a los jóvenes, que es el segundo grupo de edad más afectado, tras el infantil”, ha apuntado.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que se acelere el pacto entre la Junta de Castilla y León y las entidades del tercer sector para fortalecer el apoyo a las familias y construir una red de protección más sólida y coordinada, que permita alcanzar los objetivos previstos en la Agenda 20-30.

Esta había planteado conseguir dejar el índice de pobreza en un 16,2 %, que está muy lejos del 24 % que se ha registrado el pasado año, según el informe AROPE, entre otras cosas, a causa de esas rentas bajas, “por debajo del 60 % de la mediana de ingresos”, con 965 euros de ingresos al mes, o de 644 en los casos de pobreza severa.

O, en el ámbito de la vivienda, los datos reflejan que las personas que pagan un alquiler y están en situación de pobreza suponen un 47 %, frente al 19 % de las que tienen una casa en propiedad, ya que los gastos se disparan de manera considerable en las unidades familiares.

EAPN Castilla y León está integrada por 25 entidades para trabajar por la erradicación de la pobreza “y conseguir mejorar la cohesión social y dotar de esperanza a muchas familias que viven en una situación de riesgo”, ha concluido Castro, quien confía en que ese pacto entre Junta y tercer sector “se dote de los recursos que esas familias se merecen”.