Suspenden temporalmente la ampliación del mayor vertedero de residuos de Castilla y León

El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha suspendido temporalmente la ampliación del centro de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos de Castilla y León, ubicado Santovenia de Pisuerga (Valladolid), tras solicitar un dictamen a los Servicios Jurídicos de la Junta.

Según han explicado a EFE fuentes de Ecologistas en Acción y de la Consejería de Medio Ambiente, el proyecto para ampliar en 125.000 metros cúbicos estas instalaciones se ha retirado del orden del día de la reunión de este martes, para que el gabinete jurídico de la Administración autonómica aclare los pasos a dar después de que el Ayuntamiento de Santovenia redactara un informe urbanístico negativo en junio de 2024.

Ese documento concluía que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de la empresa Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser.

Durante el encuentro, el representante de las organizaciones no gubernamentales ha sumado los apoyos de los vocales de los sindicatos CCOO y UGT para solicitar un informe que deje en suspenso la ampliación.

Fuentes de la organización ecologista han indicado a EFE que este órgano volverá a reunirse dentro de unos meses para, ya con los informes jurídicos, tomar una decisión.

Contaminación

Ecologistas en Acción también advertido a EFE del riesgo que supone el emplazamiento de este vertedero a escasos 10 kilómetros de la capital vallisoletana -la mayor población de la Comunidad, enclavada en el valle del Río Pisuerga en el que viven unas 400.000 personas- y ha recordado varios incidentes desde que se pusiera en marcha en 1993.

“Vertidos de residuos prohibidos, fuga de sustancias contaminantes, irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, acumulación de agua en su interior, asentamiento de la presa de cierre y un incendio”, han enumerado.

También han cifrado en más de un millón de toneladas de residuos peligrosos que almacena esta infraestructura desde su creación hace más de tres décadas, un tercio procedentes de fuera de Castilla y León, sobre todo del País Vasco, Madrid y Galicia.

“Trato de favor sistemático”

Ecologistas en Acción también ha denunciado “el trato de favor sistemático” de la Junta a las empresas adjudicatarias y ha criticado la redacción por parte de la Junta de una ley 'ad hoc' en 2002 para “blindar” la actividad en el vertedero.

Una norma que fue declarada inconstitucional una década más tarde, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales.

Informe para obtener una “mejor garantía jurídica”

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta han confirmado a EFE que se ha retirado del orden del día del Consejo la modificación sustancial planteada por Cetransa para solicitar un informe que asegure una “mejor garantía jurídica”.

“Tras esto se adoptará la decisión que corresponda en función del sentido del informe”, concluyen sin entrar en más detalle.