Ha sido uno de los juicios más complejos que ha vivido Castilla y León: ha terminado la vista oral por la trama eólica, que queda vista para sentencia. Se trata de la mayor causa de corrupción en la historia de la comunidad, en la que ex altos cargos públicos de la Junta de Castilla y León y empresarios presuntamente se repartieron mordidas por valor de 75 años entre los años 2000 y 2015. Finalmente, han sido once las personas procesadas después de que falleciera el exdirector de Energía y Minas Manuel Ordóñez, de que el supuesto intermediario suizo de Rafael Delgado fuera excluido por motivos de salud—, de que se retirara la acusación a uno de los empresarios encausados al inicio del juicio y de que Fiscalía y la Abogacía del Estado hayan retirado sus acusaciones contra un empresario y dos exdirectivos de Iberdrola al concluir la vista oral. Han declarado trabajadores públicos, empresarios, personal de Hacienda y peritos que han ido desgranando cómo se estructuró la autorización de parques eólicos durante más de una década.
La vista pública —solo accesible para los medios de comunicación, pero no para el ciudadano medio— arrancó el 6 de octubre de 2025 y han concluido este 21 de enero, una semana antes de lo previsto inicialmente, con sesiones matutinas y vespertinas. El propio juez aseguró en una ocasión que el juicio resultaba a veces “esquizofrénico” porque había “un pleito civil metido dentro de un proceso penal”.
Ahora queda que la Audiencia de Valladolid redacte la sentencia y establezca cuáles fueron los hechos probados y si estos fueron, efectivamente, constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. La cuestión que ha quedado sin responder ha sido el destino de esos 75 millones de euros, en parte porque en 2017 se dejó de investigar el patrimonio de Tomás Villanueva, el exvicepresidente autonómico y exconsejero de Economía, tras su muerte.
Los principales investigados siguen siendo el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado —que el año pasado fue condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de corrupción Perla Negra— y su supuesto testaferro, Jesús Rodríguez Recio —amigo de la infancia de Rafael Delgado que, como letrado, se ha defendido a sí mismo—, al que un testigo se refirió como “mano derecha de Rafael Delgado y la voz de su amo”. La Junta de Castilla y León ha defendido que actuó conforme a la ley y ha pedido no responder económicamente por la posible actuación irregular de antiguos altos cargos.
También se han mantenido las acusaciones contra los hermanos Esgueva, con especial atención a Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de la oficina de internacionalización del Ejecutivo entre 2003 y 2006 antes de pasar al sector privado —que se libró de pagar veinte millones de euros a Hacienda por un error burocrático y cuya acusación en Perla Negra fue retirada durante el juicio—. Esgueva realizó una inversión de poco más de 24.000 euros y tres años después consiguió vender sus participaciones por 47,1 millones de euros, algo que él mismo atribuyó a la “suerte” de que Iberdrola le propusiera actuar como socio local para el desarrollo de parques eólicos en Castilla y León. En el juicio, Alberto Esgueva se presentó como perjudicado del proceso y culpó a Hacienda de su situación.
En el proceso continúan como imputados otros dos empresarios que participaron en el caso Perla Negra (un edificio de la Consejería de Economía construido en la primera década de los 2000), cuyo sobrecoste supuso 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo para un polígono industrial que nunca se edificó: Germán Martín Giraldo, que fue condenado por un delito de violación de secretos a 11 meses de prisión y Francisco Esgueva (el hermano de Alberto Esgueva), condenado a siete meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones.
Una “organización” para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos
El inspector de Hacienda que destapó el caso, Juan Manuel Tocino, aseguró que había una “organización”, una “estructura” pensada para traspasar fondos entre empresas y defraudar impuestos como el IVA y el Impuesto de Sociedades. Tocino insistió en su declaración como testigo que estas transferencias no suponían “pagos” entre empresas porque considera que no se 'debía' nada, por lo que se producían simulaciones —entre ellas, algunas “de libro”— con el objetivo de defraudar a la Hacienda pública. El inspector de Hacienda destinado a la Unidad de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción coincidió con este análisis: “Si fueran operaciones normales, no necesitas pasar por Mónaco, Suiza y por 13 sociedades”, zanjó. Otra perito aseguró que el supuesto testaferro de Delgado le explicó que el exviceconsejero tenía dinero en efectivo en una caja fuerte en su casa, que procedía de sus ingresos desde que empezó a trabajar en los años 90.
También han declarado profesionales como dos interventores de la Intervención General del Estado, que consideraron que la avocación para conceder licencias para la construcción era “manifiestamente ilegal”. Por su parte, los peritos de las defensas insistieron en que las operaciones de compraventa e inversión investigadas estaban debidamente documentadas, fueron supervisadas por la Agencia Tributaria y no presentaban indicios de ilicitud.
Trabajadores con listados sin sello ni validez oficial
Uno de los primeros testigos en declarar fue el exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, que reconoció que las tramitaciones de algunos proyectos eólicos no se concluyeron porque los empresarios se negaron a incluir a socios locales en sus propuestas, una “amenaza” del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, supuesto cabecilla de la trama y que atribuye todas las decisiones a Tomás Villanueva. El mismo EREN y la Consejería de Economía habrían desarrollado un sistema de “semáforos” —sin sello ni validez oficial— que marcaba qué parques eólicos avanzaban y cuáles quedaban paralizados, según algunos de los trabajadores públicos que han declarado: los proyectos “verdes” eran los más avanzados, los “amarillos” estaban en tramitación más lenta y los “rojos” estaban paralizados.
En estos listados llegaron a figurar 42 proyectos de parques eólicos, pero en los que no estaban presentes algunos proyectos con Evaluación de Impacto Ambiental positivo. Uno de los jefes territoriales se quejó y Rafael Delgado le dijo —según su testimonio— que no iba a autorizar los parques eólicos “y punto”, y que se “callara la boca”. Las autorizaciones de los proyectos de parques eólicos requerían un informe previo del EREN, que a veces tardaba años, una duración que descartó, durante los dos años en los que ella trabajó con Delgado, una administrativa. Esta empleada declaró que Delgado le pidió “apartar” algunos parques eólicos y que la aprobación final de los parques eólicos no se producía por orden cronológico, pero que estos expedientes solían quedar “aparcados” dos o tres semanas “como muchísimo”.
Los empresarios han relatado presiones para aceptar socios locales
Varios promotores también han denunciado que sufrieron “presiones y coacciones” para aceptar socios locales, alguno de ellos con mucho detalle. Un promotor contó durante el juicio que hizo pagos en Mónaco para que la tramitación siguiese adelante: le llamaron desde una empresa intermediaria para alertarle de un problema para la conexión que “se solucionaba con tres millones de euros puestos en Mónaco”.
Otro empresario recordó que el exviceconsejero entró en su mercantil y después quiso meter en el accionariado la mercantil de Alberto Esgueva, que no tenía ninguna relación con el sector. “No entendí nada, no tenía nada que ver con nuestro negocio, nunca llegué a entender el entramado que había detrás”, manifestó ante la Sala de la Audiencia Provincial. Otro promotor aseguró que se le “forzó” incluir socios locales a pesar de que él era de Zamora y sus parques se bloquearon “radicalmente”. “Me dijo que si los autorizaba [unos proyectos en los que participaban unos socios alemanes] le cortaban la cabeza”, manifestó otro empresario que ha declarado como testigo.
Tras varios meses de juicio, el caso ha quedado visto para sentencia, que, en caso de condenar también a Delgado, podría entrar en prisión. Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid ya tiene previsto el siguiente gran juicio: el de la estafa millonaria de los ataúdes, en la que hay encausadas 24 personas y que empezará en marzo.