El abogado de Puigdemont pide imputar a los directivos de la empresa del programa espía Pegasus

El “objetivo real” del programa Pegasus no era evitar delitos sino “el espionaje de periodistas y políticos disidentes” en todo el mundo, como es el caso de los independentistas catalanes. Así lo expone el letrado, entre otros, de Carles Puidemont, Gonzalo Boye, una de las víctimas del 'software' malicioso, en su querella contra la empresa que vende el programa, NSO Group.

Boye es el primer afectado del espionaje que, además de contra la firma, dirige su acción penal contra sus tres directivos, Niv Karmi, Shalev Hulio, y Omir Lavie –cuyas iniciales forman el nombre de la empresa, NSO–. El motivo es que el espionaje mediante Pegasus “es materializado” por la propia empresa y los datos de los teléfonos infectados se almacenan en sus servidores. Es decir, la empresa no vende el programa directamente a un organismo estatal, sino que comercializa el resultado del 'hackeo'. “Quien realiza el encargo de espionaje solo recibe una copia de lo obtenido pero nunca el original del material espiado”, recalca Boye en su querella.

La querella, de más de 100 páginas, se ha interpuesto en los juzgados de Madrid por ser el lugar donde tuvieron lugar la mayoría de pinchazos al teléfono del letrado. El esquema de la acusación se repetirá en la veintena de acciones legales en las que trabaja Boye, defensor de varios políticos y espiados de Junts, y que presentarán en distintos juzgados de España, Alemania, Bélgica o Luxemburgo.

El letrado enmarca las infecciones con Pegasus a un mínimo de 65 políticos, abogados y familiares de dirigentes independentistas en un “contexto político en el cual se diseña, establece y ejecuta el sistemático espionaje” a “mayoritariamente miembros de la minoría nacional catalana”. Los ataques, apunta Boye, “habrían sido dirigidos de manera organizada y concertada”.

En el caso de Boye, la querella alega que el espionaje afectó no solo a su derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones sino que derribó por completo la confidencialidad con sus clientes. Las infecciones se disfrazaban de notificaciones de supuestos tuits de ONG, el periódico 'The Guardian', y las revistas 'Columbia Journalism Review' o 'Politico'. Según el informe forense elaborado por Citizen Lab, Boye fue objeto de un mínimo de 18 ataques con el sistema Pegasus entre enero y mayo del año 2020. El 30 de octubre de 2020 hubo otra infección.

Todos esos momentos coincidieron con “relevantes momentos” del ejercicio de la defensa de varios independentistas que realiza Boye. Solo 48 horas antes del último ataque, recuerda Boye, asistió al jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, arrestado en la operación Voloh. Los ataques sufridos durante el confinamiento, además, coincidieron con reuniones a las que pudo tener acceso Pegasus en las que Boye preparaba la defensa de clientes como Puigdemont, los exconsellers que permanecen en Bélgica, el entonces president Quim Torra o la ahora presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Entre las diligencias que Boye pide practicar al juez, destacan la toma de declaración, en calidad de peritos, a los expertos del laboratorio canadiense Citizen Lab, que analizaron los teléfonos de los independentistas espiados. También pide averiguar si existen “datos económicos” en España de los tres directivos israelís, que se les tome declaración como imputados en su país así como enviar varios requerimientos de cooperación judicial a Israel, que hasta ahora ha guardado silencio al ser preguntado por el juez de Barcelona que también investiga el caso Pegasus.

En concreto, el letrado solicita requerir a las autoridades israelís para que entreguen los “pagos relacionados, exclusivamente, con empresas, personas o entidades públicas españolas o con aquellas que hayan tenido como origen inicial España o servicios prestados hacia España”, así como obligar a NSO Group a que aporte “la documentación acreditativa de todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier organismo público español o empresa privada española o que trabaje con entidades españolas” para vender los datos obtenidos mediante Pegasus.