Acusaciones de nepotismo, purgas y cruce de demandas en el sindicato independentista catalán

La Intersindical–CSC, principal sindicato independentista catalán, vive horas de efervescencia interna. Militantes de base y la principal sectorial de la central acusan a la cúpula de falta de democracia interna y transparencia y de contratar a familiares y empresas vinculadas a dirigentes del sindicato, extremos que niega con contundencia un portavoz de la Intersindical contactado por elDiario.es. La crisis ha estallado con demandas cruzadas en los tribunales. Ya hay una primera sentencia que censura la gestión de la crisis por parte de la dirección. 

Aunque sin hacer sombra a CCOO y UGT, hegemónicas en el terreno sindical catalán, en los últimos años, gracias al procés, la Intersindical ha crecido en representación y afiliados. En 2020, el último año con datos disponibles, la central obtuvo 803 delegados, cuatro veces más que el año anterior, situándose en quinto lugar tras CCOO (21.913), UGT (20.236), USOC (2.557) y CGT (1.604). Su presencia en la industria es escasa, y es en el sector público de la Generalitat y municipal donde la central obtiene más representación. En 2019 fue el tercer sindicato más votado en las elecciones en la enseñanza pública catalana, superando a UGT.

La sectorial de Educación, la de mayor relevancia del sindicato, es donde se vive uno de los conflictos. El secretariado de la sectorial ha dimitido en bloque entre críticas a la dirección del sindicato por “desacreditar, menospreciar y desconfiar” a los responsables educativos durante más de un año y medio. Entre el aluvión de críticas, destacan la acusación al secretario general de la Intersindical, Sergi Perelló, y a su número dos, Núria Ferrandis de “imponer” un reglamento sobre liberados sindicales y de “obstruir la comunicación” de los correos electrónicos entre la sectorial y el secretariado nacional del sindicato. 

En este contexto se produjo un conflicto entre uno de los miembros de la sectorial y la dirección que los tribunales ya han resuelto en favor del militante de base. Todo empezó cuando una miembro de la dirección le reprochó al profesor la poca presencia femenina en unas jornadas organizadas por el sindicato, cuando en realidad había diez mujeres y seis hombres como ponentes. Según denunció el militante, era una excusa para purgarlo como liberado y lograr que dejara el sindicato.

El conflicto llegó hasta el secretariado nacional, máximo órgano de dirección del sindicato, en vez de a la comisión de garantías, el espacio estatutariamente reconocido para resolver los conflictos internos. En concreto, Ferrandis se erigió como mediadora aunque no era su papel, y la dirección del sindicato intentó “imponer” a los implicados “una visión propia sobre peticionar perdón y reconocimiento de errores bajo la presión de que podían no ser designados como liberados sindicados”, según recoge la sentencia judicial que dio la razón al militante.

La dirección de la Intersindical, continúa la sentencia, “conculcó el principio de igualdad de armas, a un proceso de investigación independiente y a la libertad de expresión y pensamiento” del militante al generarle “una presión” para aceptar el posicionamiento de la cúpula “sin arreglar el problema”. “No nos encontramos sin más ante un conflicto privado, sino ante una presunta conducta de abuso”, apostilla la sentencia del juzgado de lo social 10 de Barcelona, que es recurrible.

Cursos de formación

Las derivadas judiciales de la crisis interna del sindicato no terminan aquí. Otro afiliado de la central ha demandado al sindicato por vulneración del derecho a la libertad sindical por haberle expulsado tras reclamar información sobre las cuentas del sindicato y haber denunciado de forma interna la colocación de familiares y, en especial, la contratación de una empresa de un dirigente para realizar cursos de formación del mismo sindicato. El juicio se celebrará este mes de marzo en los juzgados de lo social de Barcelona.

Al menos uno de los cursos que la Intersindical ofrece a los trabajadores sí corre a cargo de una empresa vinculada a Jesús Palomar, secretario de comunicación del sindicato y que fue en las listas de ERC en las elecciones al Parlament de 2003. El curso, a su vez, lo imparte Ramon Torrents, miembro de la Comisión de Garantías de la Intersindical. Consultado por este diario, Palomar ha negado ser “el propietario” de la empresa. Su nombre sí aparece en la web de la firma de cursos.

En su demanda, el sindicalista expulsado aporta un correo electrónico de Perelló en el que el secretario general del sindicato le afea que las preguntas realizadas sobre las cuentas y los cursos de formación “pueden malmeter la imagen del sindicato”, al tiempo que suponían un “grave perjuicio para el honor” de la central y lo advertía de eventuales “responsabilidades penales”.

Perelló ha cumplido con su amenaza y ha demandado –por lo civil– al sindicalista por vulneración del derecho al honor por los tuits realizados para denunciar la situación. Pese a tratarse de un sindicato comprometido con la lengua catalana, Perelló y otro dirigente han optado por contratar los servicios de un despacho de Madrid especializado en litigios por derecho al honor, lo que ha hecho que la defensa del sindicalista pida la traducción al catalán de la demanda, originalmente redactada en castellano.

Según Perelló, el militante expulsado vertió “acusaciones graves y falsas” contra él al realizar tuits y posts en Facebook “con el objetivo de rebatir los principios de transparencia y honestidad del secretariado nacional” en los que acusaba a la dirección de “vigilar y censurar las secciones sindicales” y de mala gestión. El líder del sindicato –que se reserva pedir una indemnización al sindicalista durante el juicio, todavía sin fecha– cree que el trabajador sobrepasó el límite de la libertad de expresión al criticarle “de manera pública y despectiva” y al acusarle de “no obrar con actitud de diálogo honesta y transparente”.

Comisión de garantías

El tercer juicio que afronta la dirección del sindicato se refiere a la demanda interpuesta por otro militante por la composición de la Comisión de Garantías, la encargada de mediar en los conflictos internos del sindicato y que según los críticos está escorada hacia la dirección. De hecho el sindicato sustituyó a dos de sus miembros después de las quejas porque no respetaban la normativa interna. Según la regulación del sindicato, no pueden formar parte de la Comisión de Garantías libertados sindicales –entre los que se encontrarían dos de sus miembros iniciales– ni miembros del Secretariado ni el Consejo Nacional.

El Secretariado Nacional ha enviado una comunicación interna a los afiliados en la que arremete con dureza contra el denunciante, a quien acusa de “actitud profundamente antisindical y contraria a los principios” de la Intersindical. La vista se celebrará el próximo mes de mayo.