El Gobierno español en funciones del PP, parece, que ha decidido prorrogar el presupuesto de 2016 a 2017 y no presentarlo para su revisión y aprobación por la Comisión Europea (CE). Esto le evitará, pero está por ver, aplicar los ajustes (recortes), que la CE exige a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015 y que representa alrededor de 10.000 millones de euros que se deberían aplicar en el presupuesto de 2017.
Pero se opte por la prórroga o se apruebe un nuevo presupuesto en 2017, existe una cuestión relevante relacionada con el mismo: los compromisos de pago por los Programas Especiales de Armamentos (PEA) que el Ministerio de Defensa tiene adquiridos con las empresas militares que los están fabricando.
Recordemos, que en los últimos cuatro años, el Gobierno ha recurrido a una fórmula falaz, aprobar un presupuesto inicial con una asignación ridícula (6 millones), para más adelante aprobar un crédito extraordinario de unos 1.000 millones. En los últimos cuatro años, para hacer frente a los PEA se han abonado 4.510 millones. Pero este mecanismo fue abortado por el Tribunal Constitucional (TC) en julio pasado. Una sentencia que impide al Gobierno español aprobar créditos extraordinarios sin que pasen por el Congreso de Diputados, es decir, sin debate parlamentario. Desde luego se trataba de un mecanismo tramposo, pues permitía aprobar el presupuesto del Ministerio de Defensa en un 20% inferior a su gasto real.
Estos PEA, provienen de la etapa de llegada al gobierno en 1996, del PP con José María Aznar como presidente. Consistían en los aviones Eurofigther, blindados Leopardo y Pizarro, fragatas F-100, así hasta catorce grandes programas entonces valorados en 20.000 millones que debían fabricarse en los próximos 25 años. Una fabulosa cifra que con el paso de los años y la ampliación a diecinueve programas alcanzó un coste de 37.000 millones.
Pero cuándo se tuvo que hacer frente a los pagos de los programas comenzaron las dificultades de tesorería. Inicialmente, en la etapa de desarrollo de los PEA, se arbitró una fórmula de “ingeniería” contable: se adelantaban recursos en concepto de créditos en I+D desde el Ministerio de Industria a las empresas fabricantes de las armas, y cuándo estas se entregaran, las industrias retornarían esas ayudas. Esos créditos, que hoy ascienden a 17.000 millones, las empresas aducen que cuando entregan las armas les son descontados de los cobros. Con lo cual se ha establecido una entelequia (ingeniería tramposa) contable en las cuentas públicas. Las empresas exigen cobrar de acuerdo con los compromisos contraídos con Defensa. Hacienda, ante las dificultades que la grave crisis de 2008 han acarreado, reprogramó y dilató en el tiempo la recepción de las armas para disminuir los pagos anuales. Una práctica también falaz, pues contraen nuevos incrementos por intereses de demora.
Unos programas con los que el Gobierno está comprometido mediante unos contratos que, en algunos casos, se alargan hasta el año 2030, con una colosal cifra de endeudamiento que en la actualidad representa no menos de 27.000 millones y que podrían alcanzar los 30.000.
Este año 2016, estaba previsto en concepto de los PEA, un pago a las empresas de 1.100 millones. Pero después del fallo del TC, el pago no se podrá realizar. Con lo cual, el presupuesto de 2017 deberá afrontar el pago de dos años, es decir, unos 2.300 millones. Se imaginan la reacción de la opinión pública y de los partidos de la oposición ante la propuesta de aumentar un 33% el presupuesto de Defensa mientras, por exigencia de la CE, se reduce el gasto en otros ministerios en 10.000 millones. Imposible de aplicar. Pero si se prorroga el presupuesto, con respecto a los PEA, la situación empeora, pues atrasa el pago a 2018, que entonces será de 3.500 millones y representará un incremento del 50% del presupuesto en Defesa.
Además, ¿se conformarán estar dos o tres años sin cobrar las empresas? Seguro que alguna compensación exigirán, sobre todo porque dependen mucho de las ayudas públicas. Industrias militares que están concentradas en un oligopolio que controla hasta el 75% de la producción de los PEA, y son el grupo Airbus, Indra y Navantia, de las que el propio Estado es accionista a través de SEPI; el 25% restante se lo reparten unas veinte empresas entre las que destacan ITP, Santa Bárbara, Expal, Tecnobit y Sener.
Los engaños en el gasto de Defensa se multiplican por otros caminos. Así, en la liquidación del presupuesto del Estado a 31 de julio pasado, aparecía que el Ministerio de Defensa se había incrementado en 1.162 millones, que no eran para pagar los PEA, sino para hacer frente al gasto ordinario de las fuerzas armadas, en especial las intervenciones militares en el exterior.
Resumiendo. No cabe duda que el gasto militar en España es muy superior al declarado al inicio del ejercicio, que mediante una u otra fórmula, supera siempre los 2.000 millones en la liquidación de final de año. Pero lo verdaderamente alarmante es esa colosal deuda acumulada por los grandes programas de armamentos que tiene atrapadas la cuentas del Estado y por extensión a toda la ciudadanía. Una deuda que cuándo se abona se convierte en déficit y crea problemas con la CE. Un gobierno alternativo al actual del Partido Popular, debería plantar cara a la CE y no aceptar recortes que afecten al bienestar social, pero sobre todo, debería afrontar una revisión de los PEA, y en lugar de aplazarlos en el tiempo, que los convierte en más costosos, anularlos o reducirlos.
