El Ayuntamiento ofrece techo temporal a los desalojados pero no a los que responden al “efecto llamada”
Durante siete meses, la Cruz Roja ha estado atendiendo a los inmigrantes de la nave ocupada de la calle Puigcerdà, en el barrio del Poblenou y, de paso, han hecho un censo. Según sus cuentas-que contrastan con los de los vecinos-, en la nave dormían unas 120 personas, aunque, durante el día, pasaban un total de 350, según ha explicado Miquel Esteve, comisionado de inmigración del Ayuntamiento. Para todas ellas no habrá ayudas.
El comisionado de inmigración ha comparecido y ha asegurado que “ya se ha producido un efecto llamada”, y han venido otros inmigrantes del área metropolitana de Barcelona para intentar recibir también alguna ayuda. “Y corremos el riesgo de que acaben viniendo de toda Cataluña e incluso de fuera de Europa”, ha dicho. En cuanto a la posibilidad de que las personas que no tienen consigan los papeles de residencia, el responsable de inmigración ha dicho: “Esto es responsabilidad de la delegación del Gobierno, nosotros ni entramos ni salimos, en este caso”.
El Ayuntamiento sólo buscará una salida para los 120 inmigrantes que dormían y que se quieran acoger, un alojamiento de, como mínimo, ocho días-ampliables en función del caso-, que no satisface las entidades vecinales. Algunos de los ocupantes ya se han reunido estos días con la Cruz Roja y con el Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER). Allí les han ofrecido un alojamiento, tickets para los comedores sociales y billetes para viajar en transporte público. El alojamiento será gratis y tendrán la posibilidad de entrar en programas de inserción sociolaboral, a partir de entidades como TiniJove.
Según la sentencia que ordenaba el desalojo, el Ayuntamiento también tiene que quedar con las pertenencias de las personas desalojadas. La chatarra, el negocio principal de los afectados, no se considera una pertenencia personal, de manera que los ocupantes perderán su principal fuente de ingresos. Esteve también ha dicho que hay que “desmitificar” la opción de constituir una cooperativa entre todos los afectados que se dedique a la chatarra, porque si se hace de manera regularizada, pagando impuestos y con las medidas de seguridad necesarias, deja de ser rentable.
