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CATALUNYA

"Barcelona y Madrid debemos presionar conjuntamente al gobierno del Estado"

Gerardo Pisarello, primer teniente de Alcaldía y mano derecha de Ada Colau, repasa en esta entrevista el primer ejercicio completo de gobierno de BComú

Sobre el conflicto con los vendedores ambulantes, Pisarello asegura que es "mucho más fácil saturar un espacio que generar todo un plan de ocupación"

"Muchas políticas no las podemos tirar adelante por la falta de un contrapoder social fuera de las instituciones", destaca Pisarello

L'alcalde accidental, Gerardo Pisarello, davant d'un decorat de les festes de Gràcia

El alcalde accidental, Gerardo Pisarello, ante un decorado de las fiestas de Gràcia Robert Bonet

Gerardo Pisarello, primer teniente de Alcaldía, afronta la entrevista como alcalde accidental de la ciudad. Las fechas estivales –las vacaciones de la alcaldesa– han querido que Pisarello, hombre fuerte de Ada Colau, represente esta semana al gobierno de BComú: en unos minutos anunciará, como alcalde, los ganadores del concurso de calles adornadas de la 199a fiesta mayor de Gràcia.

El curso político ha acabado. Pisarello está más descansado que hace unos meses, cuando atendió Catalunya Plural en pleno pacto con el PSC. Sin embargo, ha sido un verano movido. Y el primer teniente de Alcaldía no rehuye las polémicas coyunturales que lo han acompañado: vendedores ambulantes, intento de cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca...

"No sabemos si estamos a tiempo de parar la burbuja turística", destaca sobre otro de los grandes problemas de la ciudad: los máximos históricos del turismo en Barcelona. Tampoco esquiva otros problemas estructurales: remunicipalización del agua o los relacionados con la política catalana y estatal. "El referéndum unilateral es una iniciativa legítima ante el bloqueo del PP, pero se plantea de forma poco inclusiva", dice Pisarello, que no evita hacer previsiones para el curso que comienza. En este segundo ejercicio, Barcelona en Comú debe dejar de apagar fuegos para implementar muchas más de las políticas que llevaba en su programa. "Las ciudades tenemos que ofrecer un nuevo pacto social", adelanta.

Cooperativa de manteros y 40 plazas más por los planes de empleo. "Un primer paso", valoraron la semana pasada los vendedores ambulantes. ¿No llega un poco tarde la medida?

Estos son proyectos que necesitan mucho tiempo. Poner en marcha un proyecto en la maquinaria municipal implica mucho más tiempo de lo que la gente piensa. Pero existe toda la voluntad política para tirarlos adelante: siempre hemos dicho que la única forma coherente de mantener el discurso de que la venta ambulante no autorizada en Barcelona no está permitida es intentar dar una salida a esta gente. Muchas de estas personas venden por su vulnerabilidad. Los planes de empleo y la cooperativa son inéditos en Barcelona: una vía de integración sociolaboral y de acceso a la ciudadanía, ya que los planes están pensados para 12 meses y este es el tiempo que te permite obtener la ciudadanía. No es sólo una política de inserción laboral. Si tenemos en cuenta que en Barcelona, en tiempos estables, hay alrededor de 250 vendedores, estos planes que pueden llegar a casi 75... Son 75 que tendrán posibilidades reales de integración.

¿Basta con 75 plazas?

Esto no es resolver mágicamente la cuestión, pero es una salida importante. Hemos estudiado cómo se ha afrontado el problema en otras ciudades como Vancouver o Quito, y lo que hacen es contribuir a la organización de los colectivos y, sobre todo, a intentar regularizar parte de su actividad. Encontrar espacios.

¿Se están buscando espacios? Hace un año ya se hablaba de ello...

Es uno de los temas que se está estudiando, por eso hemos hecho este estudio. No hemos decidido todavía, pero ya adelanto que es uno de los temas que se están tratando. Porque ha sido una salida en otros países.

¿Son 250, los vendedores? A la salida de la reunión con el Síndic los cifraron en 800.

Cuando llegamos eran 250 pero hace unos meses tuvimos una situación muy especial en el Passeig de Borbó donde llegamos a tener 800 manteros. Cuando se planificaron los programas de empleo no se contaba con la subida hasta 800 personas; 800 en situación de irregularidad que, además, suponían un agravio real para los pequeños comerciantes de un barrio popular como es la Barceloneta. Había posibilidad real, lo veías cuando hablabas con los vecinos, del estallido de una situación de xenofobia. Por eso hemos descongestionado la ocupación intensiva del espacio público.

Si la cifra actual es de 250 vendedores, ¿donde están el resto de personas?

Han vuelto a las ciudades de las que venían. Se ha lanzado un mensaje claro: Barcelona no permitirá la venta ambulante no autorizada.

¿Consideran un éxito la política de ocupación del espacio público, basada en la presencia policial y la construcción de un skatepark?

Con estas cosas no se puede ser autocomplaciente... Pero ha sido satisfactoria porque ha sido una intervención de saturación cívica. Se ha puesto un skatepark, y se ha minimizado al máximo la violencia. Se ha evitado un conflicto popular real. Si lo comparas con la experiencia de otros ayuntamientos de la costa, la experiencia de Barcelona ha sido satisfactoria, siempre teniendo en cuenta que se trata de un problema estructural que obedece a una situación de injusticias globales. Y que no se puede resolver sólo desde un Ayuntamiento.

¿Cuesta menos saturar un espacio que crear modelos sociales?

Evidentemente es mucho más fácil saturar un espacio que generar todo un plan de empleo.

El auto del caso de los cuatro manteros detenidos les acusa de blanqueo por ingresar dinero en un banco; el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes denuncia "persecución" y políticas "racistas" por parte del Ayuntamiento. ¿Ha contribuido el consistorio a la criminalización del colectivo?

En todo momento hemos intentado separar el fenómeno de la venta ambulante no autorizada de las personas que la ejercen. Las personas tienen derecho a sobrevivir y este debe garantizarse con el acceso a los derechos sociales básicos. Y a derechos de participación política. Pero la venta ambulante no autorizada no puede estar permitida por diferentes razones. ¿Racismo? Si comparamos la publicidad institucional del mandato de CiU con la nuestra... Allí había ejemplos clarísimos de racismo institucional puro y duro. Después, naturalmente, hay una serie de prácticas que contribuyen a un cierto racismo pero que no están vinculadas al Ayuntamiento. Las hemos denunciado más de una vez: Ley de Extranjería, Código Penal...

¿Qué se puede hacer desde aquí? Siempre se dice que en materia de derechos humanos todo el mundo es competente.

Podemos contribuir, por ejemplo, a regularizar a estas personas. Algo para lo que tampoco tenemos competencias, pero hemos hecho cosas... Como desbloquear obstáculos que existían para empadronarse en la ciudad de Barcelona. Utilizar los panes de empleo como vía de regularización para el acceso a la ciudadanía también es una manera de restar limitaciones a la Ley de Extranjería.

El CIE es un buen ejemplo de conflicto con la Delegación de Gobierno: no se respetó el cese de actividad que pidió el Ayuntamiento. ¿En qué situación estamos ahora mismo?

Desde un primer momento insistimos en que los CIE son un signo de vergüenza en Europa, y siempre hemos defendido que los cerraríamos. Hay un conflicto abierto y nosotros haremos valer todas las vías para alcanzar el objetivo: cerrar el CIE. Depende de lo que podamos hacer como gobierno, y también de la presión social. A veces tengo la impresión de que no hay suficiente conciencia de lo que significa tener un centro de internamiento. Podemos tener ideas valientes como gobierno pero si no conseguimos que llegue a la conciencia de la ciudadanía...

Mucha de esta gente que hacía presión, está ahora en el Ayuntamiento.

Cuando perteneces a una candidatura integrada por gente de movimientos sociales que ha decidido dar el salto a las instituciones, y llegas en situación de minoría enfrentando poderes muy fuertes, quieres contar con la mejor gente. Muchas veces son aquellos con los que has compartido el activismo. Se plantea un dilema: ¿la mejor gente, dentro o fuera de la institución? Dentro aportan coraje y valentía. Fuera presionan. Es un dilema que no tiene una respuesta única...

¿Hay suficiente tiempo, dentro de las instituciones, para hacer esta reflexión?

Es una sensación que tenemos permanentemente... A veces somos conscientes de que muchas políticas no las podemos sacar adelante por incompetencia personal. Pero muchas veces echamos de menos un contrapoder social fuera de las instituciones. En el Ayuntamiento hay lógicas propias semejantes a El Castillo, de Kafka. ¿La mejor forma para evitarlo? Mantener el contacto con la calle. Aunque no siempre depende de ti... Tenemos esa sensación con todo lo que tiene que ver con la construcción de Barcelona como ciudad refugio, por ejemplo. Debería haber una movilización de envergadura enorme. Y no existe.

Pero ha habido otras movilizaciones. Por la venta ambulante. O por el Banc Expropiat, por ejemplo.

Son movimientos legítimos, pero de un alcance limitado. Y que no representan a sectores importantes de la sociedad barcelonesa. Para que se produzcan cambios, se necesita a mucha más gente... Necesitas movimientos más transversales. Nos faltan movimientos masivos.

Pisarello fa balanç del primer any de govern de Barcelona en Comú

Pisarello hace balance del primer año de gobierno de Barcelona en Comú Robert Bonet

Según los datos del Gremio de Hoteleros o incluso de Airbnb, estamos en datos que están rondando máximos de turismo en Barcelona. BComú ha empezado una serie de políticas para desinflar este turismo, pero no se está ahuyentando a los visitantes.

Nosotros no somos enemigos del turismo, somos enemigos de la economía especulativa. De hecho, decimos que somos los mejores amigos del turismo entendido como una actividad sostenible, respetuosa con su entorno y que no beneficia sólo a unos pocos. A pesar de todas las regulaciones que hemos puesto sobre la mesa, éste continúa creciendo. Eso es cierto. Y no sabemos si estamos a tiempo de parar la burbuja. El turismo, además, afecta a todo: hace pocos días, por ejemplo, publicábamos el informe sobre salarios de la ciudad de Barcelona, y una de las cosas que decía este informe es que los salarios más altos de la ciudad son los del sector financiero y, en cambio, los más bajos son los de la hostelería.

¿Qué puede hacer el gobierno de Barcelona?

Debemos actuar de manera muy clara y con mucha contundencia, haciendo que todos puedan cumplir la ley. Si estamos pidiendo a los vendedores de la calle que no tienen autorización que cumplan la ley, ¿cómo no le vamos a pedir a Airbnb que cumpla? ¿Si lo hacemos con los pequeños cómo no lo haremos con los grandes? Este fenómeno debe estar regulado, debe ser transparente, debe estar regularizado en materia fiscal, y si estas plataformas no lo entienden, tenemos que utilizar todas las herramientas, incluso las coercitivas. Es un fenómeno global, que seguramente no podemos resolver de la noche a la mañana, y aquí es muy importante la organización vecinal a la hora de poner de manifiesto cuáles son los retos que plantea el turismo y cuáles serían las posibles salidas.

En los planes comunitarios que estamos haciendo en los barrios, lo que estamos intentando es potenciar una serie de actividades económicas que a veces pueden entrar en tensión con los procesos de masificación o de presión turística incontrolada, por ejemplo, la protección de los comercios de proximidad, o los programas para apoyar iniciativas de economía cooperativa dentro de los distritos, programas para apoyar a los pequeños autónomos... Salir de un monocultivo económico como puede ser la actividad turística y potenciar la biodiversidad dentro de los distritos y los barrios. Esa es nuestra apuesta.

Asociado al turismo, en el mandato de Barcelona en Común los precios de los alquileres se han disparado.

A veces se producen fenómenos mientras gobiernas que no has producido como gobierno: la presión turística o la subida de precios responden a dinámicas que no han sido creadas por un gobierno municipal. Nosotros en esto podemos, de entrada, reforzar el parque público de vivienda y sobre todo el parque público de alquiler.

Pero construir vivienda pública no da respuestas inmediatas.

Esto es lento, pero es algo que hay que hacer. No puede ser que en Barcelona tengamos un parque público de alquiler del 1% del total del parque. En Amsterdam o en París es del 20% o 25%. Hay diferentes maneras de crear el parque público de alquiler. Una es movilizando el parque que está vacío de manera injustificada, por ejemplo, porque está en manos de grandes entidades financieras o grandes tenedores. Nosotros nos hemos sentado con los bancos y hemos conseguido que ceden al ayuntamiento viviendas para dedicarlas al alquiler social y hasta hemos aplicado multas por la tenencia de viviendas vacías de manera injustificada.

Ahora mismo hemos aprobado una tasa sobre los pisos vacíos pensada para grandes tenedores, que es una tasa simbólica, pero que intenta dar un mensaje: cuando tenemos los alquileres por las nubes y tenemos gente que está siendo desahuciada porque no puede pagar, tener una vivienda cerrada sin ningún tipo de justificación en Barcelona es una situación anómala que no se puede permitir. Debemos desarrollar nuevas formas de tenencia de la vivienda que sean fórmulas no especulativas: hemos dado un impulso importante a la vivienda cooperativa. Tenemos algunas experiencias con Sostre Cívic y con entidades que llevan años trabajando en esta línea. Y luego, a partir de aquí, estamos haciendo toda la presión negociadora sobre el gobierno estatal para que se modifique la ley de arrendamientos urbanos, para que se introduzcan controles al alquiler privado...

Esto no depende sólo de Barcelona.

Esto no depende sólo de nosotros, pero hemos presionado tanto a la Generalitat como al gobierno del Estado para que entre en este debate, ya veces la capacidad negociadora de Barcelona puede ser importante. Me he reunido con el gobierno de Madrid para discutir cómo tirar adelante una agenda común para defender precisamente cosas como estas. Debemos buscar las alianzas para conseguir que todas estas iniciativas se puedan llevar a cabo más o menos rápido.

Hablaba de la cesión de viviendas. Una herramienta de negociación era la ley 24/2015. ¿Se han producido más cesiones desde su impugnación?

Hemos obtenido 550, algunos son cesiones y otros ejercicios del derecho de tanteo y retracto. También estamos fortaleciendo el parque de vivienda pública comprando vivienda por debajo del precio del mercado. Es cierto que esto Barcelona lo puede hacer porque lo permite su situación financiera, no es una herramienta que todos los ayuntamientos puedan utilizar.

De hecho, otros ayuntamientos como el de Sabadell se han quejado de Barcelona, porque dicen que estos acuerdos en los que el ayuntamiento paga, les restan a ellos poder de negociación con los bancos.

También es cierto que las necesidades habitacionales que tiene Barcelona son enormes y todos los instrumentos y las herramientas que se puedan utilizar serán utilizados.

BComú se comprometió a la municipalización del agua. ¿Se podrá hacer esta legislatura?

Tenemos muchas experiencias europeas que indican que la gestión municipal del agua es una gestión más eficaz, más sostenible, que tiene unas tarifas más justas y que acaba siendo más transparente. Esto lo estamos defendiendo en Barcelona, pero es un tema que es metropolitano y que también depende de una negociación política que exige mucha fuerza.

Se han conseguido algunas victorias, judiciales por ejemplo, que han mostrado que los procesos de privatización del agua que se han producido están marcados por la opacidad, lo que ha permitido avanzar más rápidamente, por ejemplo, en la reducción de tarifas. Es una reducción histórica y estamos convencidos de que será un primer paso para avanzar en el camino de la municipalización.

Agbar dijo que recurriría esta reducción de tarifas. ¿Ha presentado recurso?

No nos consta.

Este tema lo han de negociar en el Área Metropolitana con su socio de gobierno, el PSC. ¿Están dispuestos a esta reducción?

Lo que se acepta ahora nada tiene que ver con lo que se aceptaba hace un año. Hace un año posiblemente las voces que pedían las municipalizaciones eran totalmente marginales, ahora es un tema que está sobre la mesa.

Pisarello veu un debat interessat sobre la polèmica amb les estàtues franquistes

Pisarello ve un debate interesado en la polémica sobre las estatuas franquistas Robert Bonet

¿Cuáles son los retos que afronta el gobierno de cara al nuevo curso?

Para mí el gran reto a partir de ahora es cómo pasamos de un primer año centrado en el rescate social a la oferta de un nuevo pacto social. Hemos estado muy centrados en la idea del rescate social, del rescate ciudadano: éramos conscientes de que llegábamos en medio de una crisis en la que había una situación de emergencia importante y vimos claro que lo que teníamos que hacer era revertir las prioridades en materia de inversiones que se habían producido en la ciudad en el año anterior. Esto lo hemos conseguido. Hemos aprobado dos modificaciones presupuestarias para invertir más en los barrios que más lo necesitaban, para aumentar el gasto social, para fortalecer equipamientos... Ahora debemos mantener esta línea de trabajo, pero ofreciendo un nuevo pacto social.

¿Qué significa eso exactamente?

El pacto social se ha roto desde arriba, y se manifiesta en el aumento exponencial de las desigualdades que se está produciendo, en el aumento de la exclusión social. Ahora lo que tenemos que hacer las ciudades es plantear un nuevo modelo productivo, para una transición socioeconómica.

Aquí también podemos tener algunos elementos limitados para intervenir, pero tenemos otras herramientas potentes: una es la fiscalidad, cómo avanzar hacia una fiscalidad municipal que sea más progresiva, que sea social y ambientalmente más justa –esto ya lo hemos hecho con las ordenanzas fiscales, pero debemos avanzar más en esta línea. Además de modificar también la contratación pública, por ejemplo. El Ayuntamiento de Barcelona es un gran agente económico, que mueve alrededor de 590 millones de euros en materia de contratación pública al año.

Nosotros podemos decidir cómo contratamos y por qué: permitir que pequeñas y medianas empresas tengan un lugar y que la contratación no quede en manos de los gigantes de siempre y en muchos casos de empresas vinculadas al Ibex35. Esto es un cambio revolucionario, en cierto sentido. Barcelona debe poder otorgar una especie de sello de calidad en virtud del cual las empresas que lleguen a la ciudad se obliguen, por interés propio también, a cumplir con unos estándares asociados, con unos estándares laborales exigentes. Esto forma parte de este nuevo pacto social para una transición socioeconómica en la ciudad que intente frenar, para empezar, y luego revertir, toda esta tendencia hacia la desigualdad que estamos viviendo en los últimos años.

Por todo este pacto serán necesarios presupuestos. Este año no han podido aprobar unas nuevas cuentas. ¿Ya se está trabajando de cara al próximo año?

Serán necesarios presupuestos y aliados: políticos, y socioeconómicos también. Cuando llegas a las instituciones y quieres hacer cambios, pasan en primer lugar por cambios discursivos: nuevos conceptos, nuevas ideas. Después, y es muy importante, la misma maquinaria administrativa debe entender estas nuevas ideas. Después se necesitan actores sociales y actores económicos que te puedan acompañar. Y todas las medidas de cambio profundas que hemos impulsado desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo gracias a los acuerdos con ERC, PSC y la CUP. Este frente amplio es el que nos ha permitido tirar adelante estas iniciativas, y eso no quiere decir que no estemos dispuestos a ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas, pero lo que es cierto es que las iniciativas más ambiciosas son las que se han podido acordar con estas fuerzas en Barcelona.

¿Y como están los puentes con estas fuerzas? Esquerra y la CUP marcaron distancias tras el pacto con el PSC.

No se puede dramatizar. Finalmente cuando hay intereses concretos de ciudad, estos acuerdos se producen. La tasa sobre los pisos vacíos o de otras medidas que tienen un contenido social muy claro han encontrado exactamente las mismas alianzas.

Pero los incendios también se producen. ERC criticó duramente, por ejemplo, la estatua franquista de la exposición en el Born.

En temas de memoria histórica se han dicho muchas cosas, pero, por ejemplo, cuando propusimos que la plaza Joan Carles I recuperara el nombre histórico de Cinc d'Oros los apoyos vinieron del PSC, de ERC y de la CUP, y en cambio algunas fuerzas supuestamente republicanas como Convergència no votaron a favor y tuvieron una posición cercana a la del PP y Ciutadans. Es decir, incluso en este contexto donde parece que hay dificultad, las alianzas más o menos naturales siguen siendo las mismas.

¿Qué le han parecido las reacciones a la exposición del Born?

Este debate debía producirse. Y más en un país donde tenemos un gobierno que ha permitido la conversión de la sede del Memorial Democràtic en la Via Laietana en un hotel. Necesitamos un debate sobre memoria y franquismo. Nosotros somos un gobierno de claras convicciones republicanas, antifranquistas... Esta exposición que se ha anunciado en el Born tiene ese sentido, de denunciar la impunidad del franquismo sobre todo en tiempos de democracia. Y no está contrapuesta con la defensa de otras memorias.

El año pasado como ayuntamiento una de las primeras cosas que hicimos fue, el 11 de septiembre, una conferencia que rememoraba el Saló de Cent, un salón que recuerda el Consell de Cent; una de las instituciones suprimidas precisamente como consecuencia de la Guerra de Sucesión. Y eso no impidió tampoco que el primer acto cultural que hicimos en el nuevo Born fuera una homenaje al presidente Lluís Companys.

De la misma manera que entendemos que en el Born se puede homenajear Lluís Companys, entendemos que en el Ayuntamiento de Barcelona también puede recordar la memoria de 1714: no hay memorias contrapuestas. Creemos que el Born es un espacio donde se pueden recordar todas las experiencias de destrucción por razones políticas y de resistencias ciudadanas que en realidad hermanan Catalunya con otros lugares.

¿Considera que el debate que se ha producido tenía la intención de contraponer memorias o dividir tradiciones políticas?

Se ha generado una lectura interesada pero que no es la que tiene el propio gobierno, que ha asumido la reivindicación de la memoria de 1714 como propia y asume también la memoria del 1939, y la denuncia de lo que ha significado esta destrucción también como propia, y considera que no son memorias contrapuestas y que ambas se deben reivindicar. Después de la tormenta inicial hemos visto como historiadores de diferentes tradiciones políticas como Josep Fontana o Joan B. Culla han salido a defender la pertinencia desde el punto de vista memorial de este tipo de actuación, que yo de verdad considero que cuando se haga será exitosa.

Tengo un hijo de 14 años que va al instituto y ya le han explicado quién fue Mussolini, quién fue Hitler, pero aún no le han contado quién fue Franco. Lo que en ningún caso es de recibo es que se pueda sugerir que una exhibición como la que se está planteando pueda ser entendida como un acto de apología. Al contrario, por su nombre, por el contenido de la exposición, es claramente una iniciativa para denunciar lo que ha significado el franquismo y también para recuperar las resistencias que el franquismo generó y que tan importante es recordarlas hoy.

¿Qué papel tiene actualmente BComú en el proceso abierto en Catalunya?

Hay abierto un debate interesante. Pertenecemos a una fuerza política soberanista que defiende el derecho de los ciudadanos a decidir sin pedir permiso, una de las vías en las que confiábamos era el referéndum con un nuevo gobierno. No se ha producido, por lo que nos obliga a buscar otras vías de presión, seguramente no acordadas. Necesitamos aliados que ensanchen la fuerza social. Creo que en Catalunya hay condiciones para que mucha gente que se siente soberanista, independentista o no, pueda reunir fuerzas para deslegitimar las resistencias autoritarias y neocentralistas.

Las alianzas deben pasar por un referéndum unilateral, ¿o no necesariamente?

Aquí en Catalunya esta es una iniciativa legítima ante una situación de bloqueo. La soberanía se debe conquistar y no podemos esperar de manera indefinida. Yo dudo que sea eficaz porque dudo que interpele a una parte importante de las clases populares catalanas que quieren asumir la idea del soberanismo pero que no se consideran independentistas. Está formulada de manera poco clara. Es poco inclusiva. Debemos conseguir soberanías, en plural.

¿El 11S veremos a BComú en la Diada?

Veremos, como el año pasado, miembros del gobierno, simpatizantes o militantes de BComú o En Comú en la calle. Personalmente, he asistido. Incluso a las manifestaciones convocadas por Òmnium o la ANC. Y volveré a estar allí. No porque comparta la hoja de ruta del gobierno. Pero merece la pena sumarse a cualquier espacio que se genere en la calle contra el bloqueo del PP.

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