Barcelona defiende la legalidad del concurso paralizado por las grandes eléctricas
La batalla entre el Ayuntamiento de Barcelona y las grandes empresas suministradoras de energía continua. Después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público haya paralizado el concurso para adjudicar el nuevo contrato energético a raíz de la impugnación de Endesa y Gas Natural, el ejecutivo de Ada Colau busca medidas para salir adelante con el concurso.
Según ha explicado Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía, el gobierno presentará este jueves alegaciones al tribunal contra los recursos presentados por las dos empresas y reclamará que se levanten las cautelares decretadas.
El origen de la batalla legal es el concurso publicitado por el Ayuntamiento de Barcelona para adjudicar su nuevo contrato energético, al que ni Endesa ni Gas Natural se presentaron y que han conseguido que se paralice con su impugnación.
Gas Natural y Endesa impugnaron el concurso alegando que las cláusulas del contrato incumplían la ley de contratación pública y que discriminaban las grandes empresas y el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público decretó el miércoles la suspensión cautelar del concurso. Respecto a esto Badia ha asegurado que “el pliego del concurso no incorpora ningún requisito que no esté en la ley catalana vigente”. En este sentido ha negado que haya discriminación alguna. “Si no se han presentado en Barcelona es porque no han querido no porque no han podido”, ha dicho. Al concurso se han presentado un total de 6 empresas medianas y pequeñas.
La batalla de fondo: la pobreza energética
El gobierno de Ada Colau busca con este concurso presionar las empresas para que se corresponsabilicen en casos de pobreza energética. Concretamente, la cláusula especial número 18 del contrato publicado estipula que las empresas firmen los convenios de corresponsabilidad con la pobreza energética que dice la ley catalana 24/2015, por el que las compañías deben hacerse cargo del 50% de las facturas de los afectados por pobreza energética.
Dado que las eléctricas rechazan firmar este tipo de convenios, el Ayuntamiento de Barcelona abrió una vía de presión con el contrato de suministro eléctrico, introduciendo la obligatoriedad de que, para acceder a ella, las empresas suscriban este convenio, entre otras medidas destinadas garantizar los suministros de las familias con menos recursos.
“Defenderemos hasta el final la legalidad del nuevo contrato, y también defenderemos el interés público y la ley 24/2015 que combate la pobreza energética”, ha asegurado Badia.
