Cuatro inquilinos de Barcelona logran renovar su contrato tras una protesta en su inmobiliaria

Cuatro vecinos del número 126 de la calle Rocafort de Barcelona, propiedad de la empresa Marvi Eixample, han conseguido renovar sus contratos de alquiler por siete años sin que se lleve a cabo ninguna subida en la renta, tras manifestarse esta tarde con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, en la inmobiliaria Finques Teixidor. Los arrendatarios temían ser expulsados de sus casas, porque sus contratos ya habían vencido y se encontraban en período de prórroga. 

La protesta de este miércoles ha sido el recurso de los vecinos, que llevaban meses intentando contactar con la agencia, sin obtener respuesta. Desde el Sindicato de Inquilinos aseguran que ya ha habido dos vecinas que tuvieron que marcharse ante la negativa de renovación. También alegan que cuando se ha reclamado a la inmobiliaria una renovación de los contratos, estos han propuesto cláusulas abusivas, como un contrato de alquiler de siete años con una permanencia de tres años. 

Una de las vecinas que se han presentado en la inmobiliaria es Cecilia Sequeira, a quien se le terminó el contrato de alquiler en julio de 2020, tras cinco años viviendo en el piso, y que ya había recibido dos prórrogas: una de un año y otra de 6 meses. Para hacer un contrato nuevo, “me pedían que pagase 80 euros más al mes -a día de hoy paga 734-, lo que supondría gastar un 45% de mi sueldo solamente en el alquiler”, explica en declaraciones a este diario.

Sequeira se llegó a plantear compartir piso, algo que descartó porque tiene 49 años. “Lo único que quiero es estabilidad para poder pintar mi piso o cambiar los muebles sin tener que estar pensando en si me van a echar del piso a los 2 o 3 años”, asegura. Maica Lobon, otra de las vecinas, denuncia la falta de mantenimiento por parte de la inmobiliaria y de la propiedad: “Se me cayó el techo y tuve que arreglarlo por mi cuenta, porque no conseguí que me hicieran caso”.

Por su parte, Àlex Ferrer, otro de los afectado, se queja del trato recibido por parte de Finques Teixidor: “El contacto es frío, incluso desagradable, no nos informan de nada ni nos contestan cuando acudimos a ellos”. Ferrer vive en el inmueble desde 2018, comenzó compartiendo piso, pero cuando su compañero se fue, decidió quedarse solo. “Tras muchas pegas y gracias al aval de unos amigos, me dejaron quedarme, sin embargo, pago 828 euros al mes cuando el que estaba antes pagaba 712”.

“Creo que están esperando a que los tribunales tumben la nueva ley catalana para poder subir los precios”, afirma Sequeira, en referencia a la sentencia que el Constitucional debe emitir sobre la norma catalana que limita los precios del alquiler. La ley aprobada por el Parlament hace un año, además de la espada de Damocles judicial, corre además el peligro de verse superada por la norma estatal, actualmente en tramitación, que rebaja varios de sus puntos clave.

Más allá de la situación legislativa, la mayor preocupación de todos los inquilinos era saber si iban a renovarles el contrato o no y que, en caso afirmativo, se hiciese siguiendo la nueva ley (LAU), al final, los vecinos de Rocafort 126 han conseguido lo que buscaban: firmarán el nuevo contrato el 3 de diciembre.

No obstante, desde el Sindicato de Inquilinos denuncian que este caso es “solo una muestra de la actuación sistemática de muchas inmobiliarias y propietarios, que se niegan a renovar los contratos a siete años y con el precio regulado, para esquivar el cumplimiento de la regulación de precios”. Con esta acción el Sindicato ha retomado las protestas en las oficinas de las inmobiliarias después de la primera condena a dos inquilinos por una protesta y la absolución de su portavoz y de otros dos arrendatarios juzgados por otra movilización.