Jhon y Celeste, dos menores colombianos atrapados en el aeropuerto de El Prat que no pueden reunirse con su madre

Apenas unos metros —y unos minutos— separaron a Jhon, de 9 años; y a su hermana Celeste, de 5, de poder abrazar a su madre tras más de dos años sin verla. Después de un largo viaje desde Colombia para reencontrarse con ella, la Policía no les ha permitido a ellos y a su padre entrar al país y desde hace cinco días malviven en una habitación sin ventanas del aeropuerto de El Prat, esperando la decisión sobre su deportación.

“No entiendo por qué no les dejan pasar, he ido dos veces al aeropuerto a por ellos y ni siquiera me los han dejado ver”, lamenta su madre, Ruddy, que llegó a España hace un año, dispone de permiso de trabajo y está pendiente de la resolución de su petición de asilo.

Un laberinto burocrático ha dejado atrapado a estos dos menores junto a su padre en El Prat. El progenitor asegura que lo llevaba todo en regla para poder entrar al país: una reserva de hotel, un vuelo de regreso y la solvencia económica acreditada. Pero al enterarse la Policía de que su mujer ya vivía en España sospecharon de que su intención real era quedarse y no le han dejado pasar.

Fuentes jurídicas apuntan que es habitual que la Policía no deje entrar a viajeros que simulan venir de visita con intenciones de quedarse a residir en España. Lo que consideran excepcional es que retengan a los menores teniendo en cuenta que su madre está ya aquí, trabajando en el servicio de limpieza de un hospital. “Están en un limbo jurídico y no está claro que ellos no puedan entrar”, apunta una abogada experta en extranjería.

Ruddy, su madre, explica que cuando ha acudido al aeropuerto para que le entreguen a sus hijos le han respondido que ella no tiene su custodia. “Esto es mentira, yo lo único que hice fue ir al consulado de Colombia para expedir un permiso para que su padre los pudiera traer”, sostiene en conversación telefónica. “Estoy desesperada”.

“Ambos están muy mal, es como si estuvieran en una cárcel”, explica el padre de los menores, Jhon Jairo. “Sobre todo la niña, lleva cinco días sin parar de llorar”. Precisamente el 10 de mayo, el día en que llegaron a España, Celeste cumplía cinco años y su mayor regalo era poder abrazar a su madre. 

El padre de los menores asegura que están en “condiciones deplorables” en una habitación sin ventanas, con unas literas y durmiendo encima de colchones con manchas y sin sábanas. “No son maneras de tener a dos niños pequeños”, apunta, “les pica todo y están cada vez más nerviosos”. Los tres pueden salir de la habitación hasta una zona común en la que sí entra la luz, pero no pueden hacer nada más.

Jairo admite que su intención inicial era entrar como si fuese un turista y, una vez en España, solicitar asilo. Apunta que en el pasado fue militar en su país, participó en algunas operaciones contra el narcotráfico y posteriormente empezó a recibir amenazas del crimen organizado en el local de comida que regentaba.

“Me extorsionaban, me amenazaban y llegaron a disparar dos balas en la fachada del negocio”, explica por teléfono desde la sala del aeropuerto de El Prat en la que está retenido.

En un primer momento no comentó nada a la Policía sobre su voluntad de solicitar asilo. Los agentes iniciaron lo que se llama una “Inspección minuciosa de segunda línea” sobre su caso para comprobar si reunía “todos los requisitos” para autorizarle la entrada al espacio Schengen. 

Fue cuando ya estaba retenido a la espera de esta segunda inspección cuando notificó su voluntad de solicitar asilo debido a la extorsión que, según él, sufre por parte del crimen organizado en su país, un extremo difícil de demostrar y por lo que se suele denegar la protección internacional en España excepto en contados casos. 

El martes le notificaron que su solicitud había sido rechazada y Jhairo ha pedido que revisen su caso. Ahora mismo está pendiente de saber si le dejarán entrar en España o le devolverán a Colombia junto a sus dos hijos, que no han podido llegar a ver a su madre. El Cuerpo Nacional de Policía no ha respondido a la solicitud de comentario de elDiario.es.

Malas condiciones en las salas de asilo

A las salas de asilo de los aeropuertos españoles llegan aquellas personas que, una vez aterrizadas, manifiestan en el control fronterizo su necesidad de pedir protección internacional. 

Este procedimiento —aplicado en los aeropuertos, puertos o puestos fronterizos— es diferente al activado en territorio nacional: se trata de uno acelerado, en el que las autoridades deben responder en un plazo de escasos días si admiten o no esa petición. Una vez presentada la demanda de asilo, los solicitantes esperan la respuesta en estas salas, de las que no pueden salir hasta que se resuelva su caso.

Diversas organizaciones internacionales, jueces e incluso el Defensor del Pueblo han reprochado las malas condiciones que tienen estos recintos en España, especialmente en Barajas, adonde llegan la mayor parte de los solicitantes de asilo. 

Solo en 2023 se registraron más de 152.000 peticiones de asilo en España, la mayoría procedentes de Venezuela, Colombia y Perú. De esas, casi 3.000 se formalizaron en puestos fronterizos, la mayoría aeropuertos. 

A finales del año pasado, un grupo de magistrados con competencias de control sobre los CIE visitaron estos recintos en Barajas tras recibir una denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los jueces constataron que en esos recintos había familias con menores de edad que llevaban días hacinadas a la espera de una respuesta.

En junio, también el Defensor del Pueblo alertó sobre la mala climatización de estos espacios así como de las dificultades que los solicitantes de asilo tenían para comunicarse con el exterior. 

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), por su parte, remitió el pasado noviembre al Ministerio del Interior una carta en la que solicitaba “medidas urgentes” para mejorar las condiciones de “insalubridad” y “hacinamiento” de los demandantes de asilo en Barajas. 

Acnur hizo esta solicitud después de que dos funcionarios de la agencia visitaran estas salas en el aeropuerto de Madrid. Los  trabajadores de la ONU mostraron su preocupación porque había “varios menores” que llevaban dos semanas en la misma sala “sin prácticamente acceso alguno a la luz natural”.