El proceso de integración europea se puede calificar, en retrospectiva, de historia de éxito, en la medida en que la Unión Europea (UE) ha logrado erradicar el nivel de conflicto bélico del pasado entre los países del continente, y articular un espacio de gobernanza supranacional que, a pesar de ser mejorable, ha supuesto enormes beneficios al conjunto de países y ciudadanos europeos. Así, ha otorgado derechos de ciudadanía por el hecho de vivir y trabajar en la UE, y ha mostrado un modelo de bienestar en el mundo basado en los valores de progreso, de democracia, de justicia social y de paz, durante las últimas décadas.
Ahora bien, a día de hoy, la UE está sumida en una profunda crisis económica, social y política -donde se cuentan problemas tanto de eficacia como de legitimidad-, y la percepción de la ciudadanía de la Unión se ha convertido progresivamente negativa, tanto en los países que están sufriendo más directamente los estragos de la política de austeridad dictada desde Bruselas, como en los que tienen la conciencia de estar pagando el “rescate”. Principalmente, porque no se sienten del todo partícipes de muchas de las decisiones que se toman en el corazón comunitario, las cuales consideran que no se hacen pensando en su interés. Y es que, en el proceso de toma de decisiones, hay un claro predominio del Consejo -que responde a los intereses de algunos Estados, en particular- y no del conjunto de la ciudadanía europea. Y, en este sentido, existe la sensación de que las personas al frente de instituciones “europeas” que toman decisiones clave, como la troika o el Banco Central Europeo (BCE), no son electos, mientras que los representantes de la soberanía popular al Parlamento Europeo no tienen suficiente influencia en el resultado final de las decisiones más relevantes sobre la gobernanza económica o política de la Unión que se acaban tomando.
Paralelamente, la ciudadanía reconoce la incapacidad de los gobiernos de afrontar con eficacia una crisis económica, social y financiera que traspasa claramente el ámbito de las fronteras estatales. Pero al mismo tiempo, precisamente cuando empieza a ver la Unión Europea como un ámbito de gobernanza necesaria, con poder para tomar decisiones que les afectan directamente, y que acaban condicionando la política económica y fiscal, hasta el punto de incidir en los presupuestos -que hasta hace muy poco dependían exclusivamente de los parlamentos estatales-, percibe una falta de determinación a nivel comunitario para dar respuesta de manera adecuada y justa (por discrepancias estatales importantes en materia de política económica y financiera, y por falta de voluntad de cesión de más soberanía al nivel europeo) y exige más democracia (elección de dirigentes, rendimiento de cuentas, etc.) en la Unión, a la vista del déficit democrático existente.
En cuanto a la crisis económica, la ciudadanía ha percibido negativamente el impacto de la Unión Monetaria, precisamente por las deficiencias en materia de gobernanza económica y social existentes en el momento del diseño del euro que, a pesar de haber sido abordadas en los últimos años (“semestre europeo”, Pacto Euro+, Sixth Pact, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM, Two-Pack ...), no han logrado reducir las fuertes divergencias económicas y sociales, como sería deseable, sino aumentarlas. Y, además, se han erosionado los niveles de bienestar preexistentes, fruto de las políticas de austeridad hegemónicas en la actual Europa conservadora.
Por tanto, en este contexto de crisis económica, de eficacia y de legitimidad del proyecto europeo, los sentimientos euro-escépticos o anti-europeos han crecido, y lo han hecho en un contexto añadido de crisis política, que se expresa en dinámicas re-centralizadoras en algunos países clave, que están debatiendo abiertamente sobre su posible salida de la Unión -y, al mismo tiempo, con dinámicas adversas por parte de algunas “naciones” históricas que se plantean abandonar sus Estados tradicionales para convertirse en Estados independientes, dentro de la Unión Europea-, y especialmente en una falta de liderazgo para trazar un horizonte comunitario a medio y largo plazo bastante esperanzador y ambicioso en el marco global, que apueste de manera decisiva por la integración europea y su democratización, reoriente la política económica errónea que se está desarrollando desde hace años, y asuma un rol destacado en el mundo, trasladando un mismo mensaje con diferentes voces.
No obstante, la UE no se detiene, pero la maquinaria avanza lenta, y el primero de los escalones hacia la Unión Política, la Unión Bancaria, apenas se anuncia para el 2014, mientras que el camino hacia Europa Federal ni está claro ni tiene calendario.
Por eso, llegados a este punto, la ciudadanía tiene el derecho de instar la Unión Europea a afrontar con determinación y urgencia un debate importante sobre su futuro, tanto en la línea de avanzar en su integración como de consolidar el modelo económico y social que la ha caracterizado hasta hace pocos años. Ahora bien, la Unión Europea debe poder realizarse de forma estrechamente ligada a su respuesta a la pérdida de bienestar que está sufriendo el continente -que, precisamente, ha puesto más en evidencia que nunca la necesidad de reformar en profundidad las instituciones europeas-, y paralelamente al fortalecimiento de su democracia, ya que parece poco deseable por el propio proyecto europeo que la Unión siga recibiendo soberanía de los Estados si ésta no se somete a un mayor control democrático a nivel europeo.
En este sentido, las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2014 ofrecen la posibilidad de mantener este trascendental debate al máximo nivel político, pero también en el ámbito de la sociedad civil, y de iniciar un verdadero proceso constituyente para decidir la composición de un Parlamento que debería ser el encargado, como máximo representante de la ciudadanía, de elaborar una reforma en profundidad del proyecto comunitario.
Por su parte, la socialdemocracia ha aprendido su lección y, en un contexto de máxima expansión del neoliberalismo, ha visto la necesidad de fortalecer sus principios internacionalistas, salir de su repliegue en el marco de las fronteras estatales, y construir a nivel europeo la única alternativa efectiva posible al modelo económico y social que conocemos. No obstante, aunque creemos que hay que avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, de manera relativamente rápida, para poder reequilibrar los poderes en la Unión y convertirla en un motor de promoción de los valores progresistas que inspiraron su nacimiento, también pensamos que no se puede seguir haciendo camino al margen de la ciudadanía, y que las elecciones europeas de 2014 deben permitir abordar un debate que debe contribuir a una reforma institucional en profundidad para mejorar la democracia, eficacia y eficiencia de la acción política comunitaria.
En este sentido, consideramos muy positiva la propuesta promovida por el Partido Socialista Europeo de elegir al presidente/a de la UE de manera directa por parte de la ciudadanía, así como un gobierno que responda ante el Parlamento Europeo, que debería asumir un rol central en el sistema político comunitario, en términos de control democrático y rendición de cuentas.
En definitiva, conscientes de que no hay futuro al margen de la Unión Europea, que necesitamos que esta convierta la democracia, el progreso y el bienestar en las principales banderas comunitarias del siglo XXI, alentamos a aprovechar las elecciones europeas del 2014 para mantener un debate constituyente que culmine con una verdadera Constitución para una Europa Social y Federal de los ciudadanos, que supere la perspectiva estatal y las dinámicas intergubernamentales preponderantes hoy, que profundice en la representatividad y legitimidad democrática del proyecto europeo, y que proyecte en el futuro más Europa, pero una Europa diferente y mejor: social, federal y democrática.
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