Cinco propietarios, pérdidas millonarias y diez años vacío: el edificio maldito de Barcelona busca salir del ostracismo

Cuando los últimos empleados de Telefónica abandonaron el gran edificio de la avenida Roma de Barcelona, pocos vecinos y comerciantes del lugar pensaron que durante la siguiente década nadie iba a ocupar ese espacio. Tampoco Fina, propietaria de la cervecería La Vall Fosca y responsable de sus ilustres croquetas. “El bajón ha sido tremendo”, aseguraba la semana pasada. “Si algún día esto se recupera, yo ya estaré jubilada”.

Como Fina, los vecinos del barrio del Eixample que rodean a este gran edificio abandonado se muestran escépticos ante el enésimo empujón para sacarlo del ostracismo. Dos fondos de inversión extranjeros lo adquirieron hace un año por 120 millones de euros y recientemente han reanudado las obras para convertirlo en un complejo de oficinas. Se prevé que la remodelación, que costará unos 55 millones, acabe en 2024. 

“Yo hasta que no lo vea operativo no me lo creeré”, señala Josep Ramon, un vecino que desde su piso en la calle Valencia ha tenido una vista privilegiada de la paulatina degradación de un edificio de más de 40.000 metros cuadrados abandonado en el centro de la ciudad, a escasos metros de la estación de Sants. 

La incredulidad de los vecinos es comprensible. En más de una década, el edificio ha tenido hasta cinco propietarios que han anunciado el fin del abandono. Después pasan los meses, los proyectos se enfrían y la situación vuelve al punto de partida. Por el camino, varios fondos de inversión han perdido millones de euros en una operación que parecía la gallina de los huevos de oro y después no lo era tanto. 

El llamado edificio Estel perteneció durante décadas a Telefónica. La compañía tenía su sede en la ciudad en ese icónico bloque proyectado por el arquitecto Francesc Mitjans–el mismo que hizo el Camp Nou– y construido a principios de los 70. Miles de empleados solían acudir a los restaurantes cercanos y dinamizaban los comercios de la zona. 

“No parábamos ni un minuto”, rememora Fina desde su bar. “Cuando se fueron los trabajadores, todo bajó tanto que desde entonces abrimos también sábados, domingos y festivos para compensar”.

El edificio, que ocupa una manzana entera del Eixample, impresiona. Tras una lona verde translúcida que cubre toda la fachada se pueden ver metros y metros de duro hormigón en un bloque totalmente vacío. Algunos operarios trabajaban en el recinto el pasado miércoles aunque, por ahora, los vecinos no perciben avances en las tareas de renovación.

Una cadena de compraventas

Para vender la sede a buen precio, Telefónica pactó en 2005 con el Ayuntamiento de Barcelona (entonces en manos del PSC) una recalificación del edificio que permitiría construir viviendas en su interior. A cambio, la compañía se comprometió a ceder al consistorio nueve recintos que pasarían a ser equipamientos municipales, si bien desde el consistorio aseguran que parte de estas cesiones no se han materializado. Añaden que en el convenio no se fijó ningún límite temporal para cumplirlo.

El cambio de uso del edificio, en todo caso, permitió a Telefónica venderlo en 2007 por 220 millones de euros al fondo Carlyle, que pretendía convertirlo en un complejo de pisos de lujo. 

Lo que vino después fue una cadena de adquisiciones y proyectos fallidos que, según fuentes del sector inmobiliario, tuvieron como telón de fondo los cambios en la economía global y la irrupción en el Ayuntamiento de Barcelona de los comuns, que con diversas moratorias y cambios legislativos trataron de atajar algunas prácticas del “pelotazo” asentadas en la ciudad.

La Gran Recesión y la crisis del ladrillo le estallaron a Carlyle justo después de adquirir el bloque. El fondo se impuso con una oferta astronómica a algunas de las grandes inmobiliarias nacionales, pero se acabó pillando los dedos. Al cabo de cinco años presentó el concurso de acreedores y la finca pasó a manos de la Sareb en 2013.

Al año siguiente, 2014, otro fondo de inversión adquirió el edificio por 56 millones de euros. La intención era construir 200 viviendas de lujo y un suntuoso hotel de la firma Hyatt. En 2015, sin embargo, se impuso en la ciudad una moratoria para abrir nuevos hoteles que posteriormente cristalizó en el plan de alojamientos turísticos (Peuat) del Ayuntamiento.

En ese momento se cumplían ya cinco años con el edificio vacío y los problemas de convivencia con los vecinos aumentaban. Los saqueos de material de obra (principalmente cobre) eran constantes. También hubo un incendio en su interior y algunos sinhogar se instalaron dentro hasta que el inmueble fue tapiado. 

“Desde mi casa veía lo que ocurría en el interior del edificio y ahí no pasaba nada bueno”, sostiene Ramon, uno de los vecinos de enfrente, muy crítico con lo que ha sucedido en el recinto durante la última década. 

El fracaso del proyecto del Hyatt desembocó en otra venta del edificio, aunque esta vez el precio no se hizo público. Lo adquirió en 2018 una sociedad controlada por la acaudalada familia india Gidwani y se proyectaron, de nuevo, más de 400 pisos de lujo. No está claro qué falló en esta ocasión, pero fuentes del sector inmobiliario culpan a la imposición del Ayuntamiento de tener que dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda social. 

“La primera licencia de obras que tenían los Gidwani no contenía este requerimiento”, apunta un profesional del sector inmobiliario con conocimiento de la operación. “Pero caducó y la otra que obtuvieron en 2020 sí les obligaba a hacer vivienda social y creían que no les saldría rentable”.

Desde el Ayuntamiento defienden las medidas aprobadas durante los últimos años. “Nada de lo que hemos aprobado hace inviables negocios ni otras propuestas”, explica Janet Sanz, edil de Urbanismo en la ciudad. “Lo único que hemos intentado es que la especulación no campe a sus anchas”. Sanz admite que al Ayuntamiento tampoco le gusta ver un edificio emblemático durante tanto tiempo vacío. “Es evidente que queremos que el edificio se active, pueda tener un proyecto que dote de vida el entorno y deje de ser un bloque fantasma”, añade Sanz.

En diciembre de 2021, dos sociedades inversoras, una alemana y una estadounidense, adquirieron el edificio. Pretenden volver al punto de partida: las oficinas. La intención es remodelar el edificio y erigir un bloque con “oficinas de primera clase, amplios servicios y comercios de alta calidad”, según figura en la página web de uno de estos fondos. Ninguno de los dos ha respondido a las peticiones de comentario de elDiario.es.

En una zona tensionada con problemas de acceso a la vivienda, la recalificación que se llevó a cabo finalmente no habrá servido para aumentar el numero de pisos disponibles. Ninguno de los proyectos de viviendas que manejaron los distintos inversores, sin embargo, estaba pensado para los vecinos de la ciudad. “Lo importante es que el edificio no esté vacío”, concluye Sanz. “Tanto la opción de hacer pisos como la de hacer oficinas pueden ser positivas”.

Mientras pone cañas en su barra, Fina insiste en desconfiar de los anuncios rimbombantes de los fondos de inversión. “Cuando vuelva a ver a gente por aquí ya hablaremos”, explica. “He perdido ya la cuenta de las veces que me han dicho que esto se iba a arreglar”.