La defensora de Barcelona insta a cambiar la ordenanza de civismo por coercitiva y estéril

La Síndica de greuges insta al ayuntamiento de Barcelona a revisar las sanciones que afectan a los indigentes, los jóvenes que hacen skate y las personas que cuelgan carteles. También llama la atención ante la deficiente dotación de vivienda protegida frente el crecimiento exponencial de la demanda por parte de los sectores más necesitados.

Maria Assumpció Vilà, ha hecho un llamamiento al consistorio a revisar el contenido de la ordenanza de civismo, que en su opinión atenta contra los derechos constitucionales. La Síndica lo ha hecho durante la rueda de prensa de presentación de las actuaciones de la entidad correspondientes a 2013. Los derechos sociales han concentrado la mayor parte de las quejas recibidas por la Síndicatura. La mayoría de las actuaciones requeridas han tenido que ver con la vivienda.

En relación con la ordenanza de civismo, aprobada en 2006, la Síndicatura ha abierto una actuación de oficio. “Consideramos abusivo el régimen de sanciones que se aplican con respecto a algunos aspectos recogidos en la norma ”, dijo Vilà. Lo ejemplificó con el caso de los indigentes, los que en caso de ser multados, pueden recibir sanciones muy importantes, dependiendo, por ejemplo, del guardia que haga la denuncia. Igual ocurre en el caso de las personas que por un motivo u otro cuelgan carteles en las calles: “poner 5 hojas en un lugar u otro puede suponer una multa de casi 500 euros, que es casi lo que se cobra de salario mínimo”. También considera desmesuradas las sanciones por patinar en lugares no adecuados, que pueden sumar hasta 750 euros.

“Además de no tener que ver con las posibilidades económicas reales de muchos sectores de la ciudadanía , estas multas no son efectivas porque en el caso de los indigentes no se pueden cobrar, pero sí generan gastos de tramitación”, ha dicho.

Sobre la vivienda, la Síndica constata que el número de viviendas de protección oficial en la ciudad sigue siendo muy inferior a lo que dice la ley de la vivienda (debería ser el 15% del total de los que hay en la ciudad). En este sentido explica que la demanda actual es de unas 27.000 familias, pero que más de la mitad de éstas, unas 15.000, no tienen los ingresos mínimos requeridos para que les sea otorgada una vivienda de protección oficial. En Barcelona hay 700.000 viviendas, por lo que las de protección oficial deberían ser unas 100.000. Mientras que actualmente la cifra no llega ni a 15.000 y hay poca esperanza de que se produzcan mejoras, porque casi no se hace construcción nueva. Esta situación, aseguró Vilà, irá empeorando por la finalización de muchos contratos de renta antigua. Otra circunstancia negativa es la conversión de muchos edificios de la ciutat vella en apartamentos turísticos, lo que supone desalojar las familias que antes vivían en ellos.

La Síndica lleva tiempo reclamando un plan de choque para dar respuesta a las necesidades que suponen desahucios o casos de necesidad acreditada . Reconoce que la alcaldía ha decidido destinar 100 millones a este objetivo, pero recuerda también que el proceso de construcción de nuevos hogares es demasiado lento. Actualmente, se asignan unos 20 viviendas en más a este tipo de familias, una cantidad claramente insuficiente

Otro aspecto emergente, citado por la Síndica es la aparición de situaciones que las que se han hecho avisos de desahucio de familias que viven en viviendas de protección oficial propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda.

La vivienda es la principal fuente de las quejas de los barceloneses. El año pasado se hicieron 342, especialmente para casos de desahucios. La cifra multiplica por cuatro las recibidas en 2012. La mayor parte de las quejas procedían de Nou Barris , una zona muy castigada por la crisis, mientras los vecinos de los distritos de Sarrià - Sant Gervasi son los que menos se quejan a la síndica.

Otros ámbitos objeto de atención de la síndica son el transporte público. Vilà, ha criticado que se hayan encarecido mucho más que el costo de la vida los billetes más usados, aunque ha reconocido que las administraciones supramunicipales hayan reducido fuertemente sus aportaciones a este servicio.

La defensora de los barceloneses ha mostrado favorable a la creación de una Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía - que debería aprobar el Parlamento de Cataluña -, que asegure a las personas que se encuentran en situación de pobreza unos ingresos mínimos para poder llevar una vida digna.