La participación ciudadana está en boga. O por lo menos, discutir sobre ella. En la política, como en el deporte, hay quien cree que lo importante es participar. Para otros, esta aproximación es, cuanto menos, pueril. A nuestro juicio, y no va a sorprender a nadie, es imprescindible complementar la democracia representativa con la deliberativa. Sin embargo, hay quien, como Jorge Bustos, sostiene que incorporar criterios ciudadanos en las políticas públicas más allá de los periodos electorales es una moda adolescente. ¿Quién tiene razón, si es que alguien la tiene? Vamos a hacer algunas concesiones a los detractores de la participación ciudadana.
Los que creen que la participación ciudadana en política es algo pasajero tienden a usar un abanico de argumentos bastante limitado, pero aparentemente muy convincentes: es innecesaria, es inútil, participan pocos y son siempre los mismos. Al fin y al cabo, los ciudadanos -dicen los detractores de la participación- ya votamos a unos representantes para que gestionen y decidan por nosotros, no para que nos devuelvan la pelota cuando no saben qué hacer. Es una visión muy estrecha de la democracia que no exige confianza de los ciudadanos hacia sus representantes, sino algo muy distinto: fe ciega.
¿Debe la participación sustituir a la iniciativa política?
Es cierto que los procesos de participación ciudadana no deben servir en ningún caso para decir a los gobernantes qué decisiones deben tomar cuando no saben qué hacer. Cuando un gobierno pierde el rumbo, no debe traspasar su responsabilidad a los ciudadanos a través de la participación, sino que debe reconocer su incapacidad y convocar elecciones. Cuando hablamos de participación no estamos poniendo en duda quién gobierna -cosa que decidimos en las elecciones- sino cómo gobierna quien gobierna. Las decisiones siempre las va a tomar el gobierno. De lo que se trata es de que antes de tomarlas se informe e implique al mayor número de ciudadanos en un diálogo colectivo con el objetivo de dotar dichas decisiones de una mayor inteligencia y calidad.
Es cierto, también, que ya escogemos a nuestros representantes en virtud de un contrato -los programas electorales- con el que nos anticipan qué quieren hacer mientras gocen de nuestra confianza. Pero no lo es menos que los programas electorales tienen algunos problemas: apenas nadie los lee, cada vez son menos precisos, su cumplimiento decae y -el mayor problema de todos- no pueden anticipar su choque con la realidad y a los pocos meses corren el riesgo de convertirse en papel mojado. Así pues ¿qué información nos da la propaganda electoral sobre lo que quieren y lo que realmente van a hacer los diferentes partidos que se presentan en unas elecciones cuando accedan al poder? La respuesta es clara: muy poca. Pero sí la suficiente como para conocer las líneas maestras de su acción política y, con ellas, delimitar los ámbitos de la participación.
A veces se usa la caricatura, para desacreditarla, que la participación acabará convirtiendo la democracia en una asamblea permanente e ingobernable. Pero eso podría ser cierto si, y sólo si, se convocara a la ciudadanía a tomar cualquier decisión en cualquier momento. Pero todo proceso de participación tiene sus líneas rojas. Los representantes políticos deben ser extremadamente honestos y dejar muy claro sobre qué se va a convocar a la ciudadanía, sobre qué aspectos del proceso se podrá deliberar y sobre cuáles la decisión ya está tomada -explicando, por supuesto, los motivos-. La experiencia práctica prueba que la participación no se usa al tuntún, sino para generar sabiduría colectiva en cuestiones estratégicas o aspectos verdaderamente relevantes para la comunidad. Y para muestra, unos cuantos botones: el futuro de la plaza España de Madrid, el de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besos, el Plan de Acción Municipal de Barcelona, los presupuestos de la ciudad de Badalona, el plan de estrategias urbanas del barrio Monestir-Sant Francesc de Sant Cugat del Vallès, el Plan Local de Inclusión social de Castelldefels, entre muchos otros.
¿Mucha participación o de mejor calidad?
Y por último, también es cierto que en muchos procesos de participación ciudadana se participa poco (y de ello se han quejado Carles Cols en Esplugues o Víctor Vargas en Sant Adrià) y que tienden a participar los mismos. Pero no es menos cierto que este argumento tendría cierta solidez si se aplicara con el mismo rigor a todas las formas de participación política. Cada vez las convocatorias electorales atraen a menos gente (más de las mitad de la gente convocada a las urnas en las europeas de 2014 no acudió), las mayorías absolutas son poco menos que una quimera y los sesgos de participación se hacen más evidentes.
Pero a los detractores de la participación ciudadana, sordos al grito masivo de “No nos representan” que cambió la cara de la política española, jamás se les ocurriría poner el grito en el cielo por ello y descalificar por completo la democracia representativa como sistema. El problema es que estamos demasiado acostumbrados a fijarnos en la cantidad de participantes y no en la calidad de la participación, y por el camino hemos perdido todos los matices. No se trata tanto de cuánta gente participa sino de cuántos discursos distintos están representados. De participar más, sí, pero también mejor.
Más participación es más democracia
El error de fondo, a nuestro entender, es plantear el debate como un enfrentamiento entre democracia representativa y democracia deliberativa en el que sólo puede quedar una. La democracia deliberativa no ha venido a liquidar la política institucional como la hemos conocido hasta ahora, sino a perfeccionarla y a hacerla viable a largo plazo. Menos participación ciudadana no es más democracia representativa, sino que sin participación la democracia representativa tiene los días contados.
Sin duda, participar es importante. Y lo es por un muy buen motivo: porque ya sabemos qué pasa cuando no lo hacemos. Que hoy en día se participe menos y peor de lo que sería deseable no debe ser un motivo para descalificar a los mecanismos de la democracia deliberativa. Sino un incentivo para seguir mejorando estos procesos participativos.
