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CATALUNYA

Los detenidos de Can Vies van a juicio con peticiones de hasta cinco años y diez meses de cárcel

Ocho de los 84 detenidos por los altercados tras el desalojo de Can Vies desfilan ante la justicia acusados de delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos

Vecinos, activistas y sus abogados piden su absolución al considerar que las detenciones se realizaron de forma "masiva" y "aleatoria" durante la semana de manifestaciones

Hasta ahora solo se ha juzgado a dos de los detenidos, que quedaron absueltos.

Manifestación de apoyo a Can Vies por el centro de Barcelona / Enric Català

La última manifestación por el desalojo de Can Vies, en el centro de Barcelona / Enric Català

Los más de 80 detenidos por los altercados posteriores al desalojo del centro social okupado Can Vies empiezan a desfilar ante el juez. Después de la absolución de dos encausados en septiembre, que llegaron a cumplir más de 20 días en prisión preventiva, es el turno a partir de este martes de ocho personas más. La fiscalía pide para ellos entre dos y cinco años y diez meses de cárcel principalmente por delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.

Una jornada reivindicativa este domingo en el barrio de Sants juntó a decenas de vecinos y activistas que protestaron para pedir la absolución de los encausados, sobre todo teniendo en cuenta, según ellos, que las detenciones fueron arbitrarias. "Fueron detenciones masivas y aleatorias", valora Anaïs Franquesa, abogada de unos cuantos de los encausados, que precisa que la mayoría de acusaciones se sostienen solo "a partir de la versión de los policías".

"Uno de los casos más graves es el de una fotoperiodista a la que piden cinco años y diez meses", relata Franquesa, por atentado a la autoridad y desórdenes, "cuando ella solo estaba haciendo su trabajo", añade.

En total, durante la semana de protestas contra el desalojo y derribo de Can Vies por parte del Ayuntamiento de Barcelona, la policía detuvo hasta 67 personas. Los otros restantes, hasta llegar a 84, fueron detenidos en días y semanas posteriores a los altercados, a partir de grabaciones y de las cerca de 300 identificaciones que había realizado la policía aquellos días, entre ellas el polémico encapsulamiento en la última de las manifestaciones.

Los ocho que irán a juicio esta semana lo harán en el juzgado de lo penal número 28. Estaban previstos otros juicios en el número 27, pero se han aplazado a febrero y marzo. Franquesa puntualiza sin embargo que estos días podría haber más juicios, puesto que los abogados cercanos a la Red de Familias de Detenidas y a la Asamblea de Encausadas Solidarias no defienden ni tienen constancia de como avanzan los procesos de todos los detenidos.

Sergi Rubia, 23 días de carcel y absuelto

Las vistas orales de esta semana son la segunda oleada de juicios después del paso por los juzgados de dos encausados, entre ellos el joven casteller Sergi Rubia, que pasó 23 días en prisión preventiva porque el juez consideró que si le soltaban podía participar en más altercados. "El juez me utilizó para generar el discurso del miedo y tratar de detener la protesta social y vecinal", recordaba esta semana Rubia en declaraciones a Catalunya Plural.

Rubia quedó rápidamente absuelto al no tener el juez evidencias de que este vecino del barrio del Clot de Barcelona levantara barricadas, quemara contenedores o causara desperfectos en el mobiliario urbano. Ayudó a Rubia el hecho de contar con hasta cuatro testigos que contradijeron la versión de los agentes de la Guardia Urbana.

Querellas por agresiones policiales

Paralelamente a los procesos judiciales de los detenidos aquella semana de mayo, se interpusieron tres querellas por manifestantes contra la policía por agresiones. "Dos de ellas siguen adelante: una por delitos contra la integridad moral y agresiones a cuatro jóvenes, que fueron golpeados duramente por agentes; y otra por agresiones dentro del portal de un bloque de viviendas", detalla la abogada Franquesa.

La tercera querella fue desestimada por el juez a pesar de lo aparatoso de la agresión, recogida en una imagen en la que un agente de los Mossos golpea en la oreja –por encima de la cintura, por lo tanto– de un joven que iba montado en una bicicleta. El juez consideró que la actuación policial fue legal y que habría sido el joven quien habría desobedecido a los agentes.

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