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Un diputado de la CUP alega ante el juez que quitar lazos amarillos lesionaba su libertad

Juvillà. a su entrada en el TSJC

Oriol Solé Altimira

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“No es conveniente cultivar más respeto a la ley que a lo justo”. Con estas palabras en favor de la desobediencia civil del filósofo estadounidense Henry Thoreau ha cerrado su juicio el diputado de la CUP Pau Juvillà, acusado de desobedecer la orden para retirar cuatro lazos amarillos de la ventana de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida en 2019. El parlamentario ha defendido que retirar los símbolos en favor de la libertad de los presos del procés lesionaba sus ideas políticas.

Consciente de la dificultad de combatir el precedente de la condena al expresident Quim Torra, la defensa de Juvillà, ejercida por el letrado Carles López, ha centrado su tesis en destacar las diferencias entre los lazos amarillos exhibidos en el Palau de la Generalitat y los de la ventana del despacho de la CUP en La Paeria de Lleida.

López ha recalcado que Juvillà formaba parte de un grupo político que no se presentaba a las elecciones generales de abril de 2019 y que por lo tanto no estaba obligado a mantener la neutralidad exigida a las instituciones en campaña electoral. Y al ser un partido político y no una institución, ha agregado la defensa, los lazos eran un ejercicio legítimo de su liberad ideológica.

Según el abogado, la Junta Electoral “confundió” las obligaciones en periodo electoral de las instituciones y de los partidos políticos, ya que obligó a un partido a retirar su propia ideología para garantizar la neutralidad de la institución. El grupo de la CUP de Lleida, ha insistido el abogado, no es un poder público “obligado” a garantizar la neutralidad, ya que es un extremo que solo afecta a las instituciones. “Lo que no se puede pretender es obligar a un partido político a que, para garantizar la neutralidad institucional, retire la simbología que le identifica”, ha aseverado el letrado.

No han convencido los argumentos de la defensa a la Fiscalía, que ha confirmado la petición de pena de multa de 1.440 euros y una inhabilitación de ocho meses para ocupar un cargo público por un delito de desobediencia, lo que en caso de condena privaría a Juvillà de su escaño. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha considerado “perfectamente acreditado” que Juvillà incumplió por dos veces la orden de la Junta Electoral de Lleida para retirar los lazos. Y ha remachado que los supuestos del caso de Juvillà son los mismos que en la condena de Torra.

El juicio, celebrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha durado menos de dos horas y ha quedado visto para sentencia este mismo lunes. En su declaración como acusado, Juvillà ha defendido no retirar los lazos para no “autocensurar” las ideas de la CUP y no “lesionar” su libertad ideológica.

El fiscal ha preguntado por el tuit y el artículo de prensa en los que Juvillà justificó haber desoído a la Junta Electoral (“Reivindiquemos nuestra desobediencia”, fue el título de su opinión), a lo que Juvillà ha recordado que todas las decisiones de la CUP se toman conjuntamente en asamblea. “Mantuvimos los lazos amarillos por compromiso en la defensa de las libertades”, ha recalcado el parlamentario.

La defensa también ha vinculado la orden de la JEC para retirar los lazos, dictada a instancias de Ciudadanos, con el pacto que el partido mantenía en aquel momento con el PSC para gobernar Lleida. El letrado ha recordado que la denuncia de Ciudadanos pedía a la Diputación de Lleida y a las delegaciones de la Generalitat retirar igualmente los lazos, pero que en el caso del consistorio no se lo pedía al Ayuntamiento ni a los grupos municipales.

Juvillà ha vinculado esta diferencia en las denuncias con el hecho de que Ciudadanos quería ahorrar el “coste político” de retirar los lazos al entonces alcalde y socio Àngel Ros. En su declaración como testigo, en cambio, la concejala de Ciudadanos en Lleida, Ángeles Ribes, ha negado que su denuncia tuviera “connotación política”.

También han testificado los dos mossos que retiraron los cuatro lazos de la ventana, quienes han explicado que, tras recibir la orden judicial, entraron en el despacho de la CUP el 13 de abril con las llaves que les dio la Guardia Urbana de Lleida en el Ayuntamiento y que no encontraron resistencia alguna. Y el entonces presidente del grupo municipal de la CUP, Francesc Gabarell, ha defendido que la asamblea municipal de los anticapitalistas decidió no retirar los lazos “porque se pedía retirar algo que no es malo y que iba en contra” de la ideología del partido.

Antes de celebrarse el juicio, Juvillà, que es también el secretario tercero de la actual Mesa del Parlament, ha recibido el apoyo de parlamentarios de la CUP como Xavier Pellicer y de dirigentes de ERC y Junts, como Oriol Junqueras y Laurà Borras, así como de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y la ANC en una concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona.

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