Los exmiembros de la Mesa del Parlament acusados por el 1-O alegan su inviolabilidad para intentar ser absueltos

Los acusados, en el banquillo

Un juicio que el Tribunal Supremo no quiso, sin peticiones de cárcel y marcado por el coronavirus. La primera sesión de la vista oral contra los cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell y la exdiputada de la CUP Mireia Boya ha empezado con las cuestiones previas y la declaración de los acusados, que han alegado que actuaron amparados por el derecho a la inviolabilidad parlamentaria para intentar ser absueltos.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha arrancado este martes el juicio contra los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet (PDeCAT), Anna Simó (ERC) y la exdiputada de la CUP Mireia Boya por haber tramitado resoluciones independentistas y las leyes soberanistas de 2017 en contra de lo ordenado por el Constitucional. Se enfrentan a penas de un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y a multas económicas.

El alegato a la inviolabilidad –la protección constitucional y estatutaria que tienen los diputados para no ser perseguidos judiicalmente por sus actuaciones en el parlamento– ha sido la línea común de las declaraciones de los acusados, que solo han respondido a sus defensas. "Hicimos cumplir el reglamento y permitimos el debate parlamentario y dimos voz a todos los diputados sin excepción, esto no es desobedecer al Constitucional", ha argumentado Corominas.

Simó ha insistido en que como miembro de la mesa se sentía "vinculada a velar y proteger los derechos de los diputados" y ha alegado que sus actuaciones estaban protegidas por la inviolabilidad "como premisa básica de la actividad parlamentaria", que a su juicio sirve para "defender los derechos de los diputados, de participación política, la separación de poderes y la autonomía parlamentaria".

"No se puede pedir que la Mesa actúe como censora, debe facilitar el debate en el pleno", ha abundado Barrufet. "El control previo de constitucionalidad de las iniciativas sería imponer a la Mesa una función impropia y limitar la autonomía parlamentaria", ha aseverado Simó. Más vehemente ha sido Boya: "Ni para mi no para ningún miembro de la CUP el Constitucional tiene legitimidad en el proceso de independencia de Catalunya".

Los actos parlamentarios que se imputan a los exdiputados juzgados este martes en el TSJC son los mismos por los que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell fue acusada en el Supremo. No obstante, Boya y los cuatro exmiembros de la Mesa se enfrentan como máximo a una inhabilitación por desobediencia mientras que Forcadell terminó condenada por sedición a 11 años y medio de cárcel.

La línea de defensa basada en la inviolabilidad tiene no obstante pocos visos de prosperar. El presidente del TSJC y del tribunal, Jesús María Barrientos, ha descartado que la inviolabilidad sea un motivo para no celebrar el juicio, tal y como alegaban las defensas. "Nadie está por encima de la ley", ha zanjado Barrientos, en lo que ha sonado a antesala de sentencia condenatoria.

Cabe recordar además que el Tribunal Supremo, en la sentencia del procés, ya rechazó que la tramitación de las leyes soberanistas estuviera amparada por la inviolabilidad, tal y como había alegad Forcadell. Concluyó el Supremo que la inviolabilidad parlamentaria se limitaba "a las opiniones y a los votos emitidos durante el ejercicio de las funciones parlamentarias" y no a los actos parlamentarios que, como la tramitación de leyes soberanistas, "se apartan de su genuina funcionalidad y se convierten en el vehículo para desobedecer al Tribunal Constitucional".

En la misma línea que el Supremo se ha situado el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Pedro Ariche, que ejerce la acusación pública en la vista. Ariche ha negado que los acusados estuvieran protegidos por la inviolabilidad porque la Mesa "no tiene función legislativa sino gubernativa, de control de debates y garantía de imparcialidad para todos los diputados".

El voto que se emite en la Mesa, ha argumentado Ariche, "no es el mismo" que el que se emite en el pleno o en una comisión, y que en estos últimos casos sí estaría protegido por la inviolabilidad. La abogada del Estado Beatriz Vizcaíno y el letrado de la acusación popular de Vox, Juan Cremades, se ha expresado en el mismo sentido.

A última hora, y para no exponerse a una condena en costas por mala fe procesal, Vox ha retirado la acusación por organización criminal, por la que pedía 12 años de cárcel, y ha mantenido solo la de desobediencia.

El juicio, que durará hasta el viernes y se celebra con restricciones de aforo debido a la crisis del coronavirus, se había aplazado ya en tres ocasiones, primero por motivos de agenda de los abogados, después para estudiar si se enviaba al Supremo la causa contra el exdiputado de CSQP Joan Josep Nuet –que finalmente será juzgado en Madrid, ya que actualmente es diputado de ERC en el Congreso– y en abril pasado al decretarse el estado de alarma por la COVID-19.

Concentración de apoyo vulnerando las restricciones por el virus

Antes del juicio, los cinco acusados han recibido el apoyo de varios diputados y dirigentes independentistas, que les han acompañado hasta las puertas del TSJC. La concentración de apoyo ha vulnerado la prohibición de reuniones de más de 10 personas en el espacio público ordenada por la Generalitat el domingo en un nuevo paquete de restricciones por el aumento de contagios de coronavirus. No se ha visto patrulla alguna de los Mossos d'Esquadra reclamando a los políticos que se dispersaran.

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21 de julio de 2020 - 16:22 h

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