Frenado de nuevo el polémico desahucio en Barcelona que comportó la imputación de varios activistas por coacciones

Una cincuentena de activistas ha logrado paralizar, por segunda vez en pocas semanas, un desahucio en Barcelona que se ha convertido ya en un símbolo de la lucha contra las subidas del alquiler en la ciudad. A raíz de las protestas que se llevaron a cabo contra la propietaria del inmueble, el portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, un activista de la Oficina Popular de la Vivienda de Gràcia y los dos arrendatarios están imputados por coacciones.

Desde las nueve de la mañana decenas de activistas de todas las edades se han concentrado ante la vivienda de Lívia y Juan, un matrimonio con tres hijos, uno de ellos todavía menor de edad. Ambos son originarios de Perú, de donde llegaron hace 18 años. Llevan más de 12 años en su piso actual, situado en el barrio de Gràcia y cuyo primer contrato de alquiler era de cinco años a razón de 1.100 euros mensuales. Durante la crisis consiguieron rebajarlo a 1.000 euros. El contrato, sin embargo, terminó el octubre del año pasado y para renovarlo la arrendadora del piso pedía un aumento del 30%.

Los afectados estuvieron realizando durante nueve meses una huelga parcial de alquiler, una práctica que según el Sindicat de Llogaters consiste en seguir abonando la cantidad acordada en el contrato anterior a pesar de que haya terminado, como una muestra de voluntad a pagar. Sin embargo, ante la negativa de la propietaria a negociar un nuevo acuerdo, la familia decidió aplicar la huelga total de alquiler y dejar de pagar.

Con una pancarta en la que se resaltaban los “14 meses de lucha” de esta pareja, los activistas han esperado este martes durante más de dos horas a la llegada de la comitiva judicial en ambiente festivo. Desde un pequeño altavoz sonaba música de todo tipo y los activistas ofrecían café y té servidos desde una pequeña mesa situada en la entrada de la portería.

Sobre las 11:30 ha llegado la comitiva judicial, que ha desistido de intentar realizar el lanzamiento ante la oposición de los activistas concentrados. Cuando se han retirado los funcionarios, los presentes han estallado de alegría a gritos de “Lívia y Juan, se quedan en el barrio”.

“Gracias por vuestro apoyo, cuando la solidaridad es inmensa se consiguen cosas como esta”, ha afirmado Juan tras el desahucio fallido. “Hemos conseguido ganar algo de tiempo”.

A pesar del desistimiento, tras haberse marchado la comitiva judicial los activistas han descubierto que una docena de agentes antidisturbios de los Mossos habían entrado en el vestíbulo del edificio a través del parking. Según los activistas, la propietaria ha acudido al edificio para intentar convencer a la comitiva de que ejecutara el desahucio a pesar de que estaba ya oficialmente paralizado.

Sobre las 12:15 h, los agentes han abandonado el bloque mientras los manifestantes, desconfiados, mantenían su concentración.

Un símbolo contra la subida de los alquileres

Para muchos, el caso de este piso en Gràcia se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la subida de los alquileres en Barcelona. Así lo afirmaba el propio Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, que este martes también estaba concentrado con el resto de activistas.

“Su caso se ha convertido en un referente que ha animado a muchos más inquilinos a llevar a cabo la desobediencia contra esta ley injusta de arrendamientos”, aseguraba Palomera, que a pesar de su imputación afirmaba que no dejaría de participar en las movilizaciones del sindicato. “La mayoría de conflictos los tenemos con propietarios que tienen cinco o más inmuebles”, añadía el portavoz.

La polémica de este desahucio no se limita a la imputación por coacción de cuatro personas. La noche anterior al primer lanzamiento, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, publicó un vídeo en el que, citándola con nombre y apellido, pedía a la propietaria -que trabaja en la Diputación de Barcelona y es propietaria de ocho inmuebles- que negociara una solución para esta familia. Otros dirigentes de Unidas Podemos se sumaron a la reclamación.