El nuevo plan de calidad del aire de la Generalitat no convence a entidades sociales y ecologistas
Cuando el consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, comparecía ayer para anunciar las nuevas medidas para reducir la contaminación, sabía que un puñado de asociaciones sociales, sindicales y ecologistas se opondrían a ellas. Y es que prácticamente ninguna de las recomendaciones que éstas habían presentado a principios de año -exactamente el 5 de febrero en este documento- han servido para incidir en un proyecto que consideran poco eficaz, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del problema que supone la contaminación atmosférica y que las principales medidas para reducir la polución solo se implementarán en días puntuales de alta contaminación. Una cuestión que a pesar de sufrir ciertas banalizaciones, cada año se cobra, sólo en Catalunya, 3.500 víctimas mortales, según estudios de asociaciones como Ecologistas en Acción.
De todas las medidas anunciadas por el portavoz del gobierno y aprobadas en el redactado del plan, la que más llama la atención es la que hace referencia al transporte público, cuyos títulos reduciran su coste a la mitad si hubiera un episodio grave de contaminación. En la misma línea y en un intento de desincentivar el uso del vehículo privado, cuando se produzca este aumento de la polución se incrementará un 25% el precio los peajes de acceso a Barcelona y también las zonas de parking reguladas -verde o azules, con la excepción de los residentes-. Las diferentes medidas que integra el plan se implantarán a lo largo del periodo 2015-2016, coincidiendo con la puesta en marcha de la T-Movilidad.
Según Ecologistas en Acción, para abordar seriamente el problema de la contaminación en las ciudades no basta con medidas que, a priori, pueden parecer contundentes. “Hay que impulsar un plan estructural que ponga los cimientos de una nueva cultura de sostenibilidad y movilidad”. Este es el planteamiento inicial que hace la coordinadora de la entidad, Maria Garcia, que sigue: “No han tenido en cuenta nuestras demandas y como resultado tenemos un plan que no sólo llega tarde, sino que sigue incumpliendo la normativa europea”, explica.
El caso es que la directiva europea establece los valores límites según los contaminantes y obliga a los Estados a cumplirlos. En el caso de España, la legislación designó a las comunidades autónomas como responsables de la calidad del aire, obligando la elaboración de planes autonómicos y locales, además del plan que se define a nivel estatal. Ecologistas en Acción explica que, mientras 202 ciudades europeas han llevado a cabo acciones para reducir el tráfico de vehículos, desde 2011 Catalunya -cuando finalizó el anterior plan- no tiene un plan de actuación de calidad del aire. Un vacío que, según Garcia, supone “un retroceso nunca visto antes con anteriores gobiernos y una falta absoluta de compromiso de las diferentes administraciones catalanas para responder a un problema de salud pública de primer orden”.
Y es que según datos de los ecologistas en Catalunya se superan con creces y en todo el territorio los valores recomendados por la OMS para partículas en suspensión PM10, PM2,5 y ozono troposférico. Incumplen los valores máximos permitidos por la Unión Europea para las partículas en suspensión PM10 y dióxido de nitrógeno (NO2) en el Área Metropolitana de Barcelona. De hecho, la capital catalana es la ciudad con mayor densidad de vehículos por Km2 en toda Europa -6100 frente a los 1.500 en ciudades como París y Berlin-. A la alta densidad de vehículos le sigue la fuerte actividad industrial y, en menor medida, el tráfico marítimo creciente del polémico puerto de Barcelona.
El sector del transporte suspende el plan
Desde el sector del transporte también se alza la voz en contra de la norma. Es el caso de Ricard Riol, presidente de la Plataforma para la Promoción del Transporte Público, otra de las entidades firmantes del documento opositor al plan. “Si hacemos caso del anuncio del Gobierno, es posible que sólo se apliquen las medidas anunciadas diez días durante todo el año”, lamenta mientras recuerda que el resto de los 355 días la contaminación “sigue siendo preocupante”. Según Riol la contaminación está tan instalada en Barcelona que las medidas públicas no deberían esperar a superar los valores máximos, sino que habría que “reaccionar de inmediato” para que la contaminación atmosférica media ya sobrepasa las recomendaciones europeas.
En este sentido, Riol valora la norma como “más simbólica que práctica” y es partidario de un régimen sancionador capaz de hacer cumplir la normativa a los ayuntamientos, a los que pide más implicación. “Los ayuntamientos deben crear las zonas de atmósfera protegida, las deben cumplir y deben ser valientes para restringir el tráfico; hasta que no llegamos a este punto no hablaremos de un plan garantista de la salud pública ”, explica Riol que se sorprende de que, entre el paquete de medidas, aparezcan referencias a los 80Km que tanto había criticado a CiU en el pasado, cuando el tripartito, entonces con ICV al frente de Interior, había impulsado medidas de limitación de la velocidad.
El ámbito del plan abarca 40 municipios de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y el Vallès Oriental. Todas estas zonas son de protección especial del ambiente atmosférico. Según el portavoz Homs, el plan debería reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) para restablecer la calidad del aire y respetar los valores límite que determina la legislación europea. Para ello, el gobierno prevé, además, desgravaciones fiscales para la actividad industrial que acelere la incorporación de las técnicas más modernas para lograr emisiones más bajas de acuerdo con la directiva europea de emisiones.
Además de Ecologistas en Acción y de la Asociación para la Promoción del Transporte Público; otros representantes sociales y vecinales, como la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, CCOO o UGT se suman a la enmienda. Piden un nuevo proyecto que inicie la transición hacia un modelo de movilidad sostenible y social, de personas y mercancías, que debería tener como eje vertebrador la reducción del 50% del tráfico de vehículos privados y la mejora del transporte público urbano e interurbano . Entre otras medidas, las organizaciones instan al Gobierno a impulsar actuaciones que ya son aplican con resultados demostrados en otras ciudades europeas. Es el caso de una nueva tarifa social y sostenible del transporte público, la delimitación de Zonas de Emisión Baja a escala supramunicipal, aparcamientos gratuitos en las periferias vinculados a los títulos de transporte público, redistribución del espacio urbano en favor de los ciclistas y peatones o planes de movilidad sostenible para grandes empresas y edificios de la administración pública. De momento, el plan prospera sin incorporar estas sugerencias.
