Inspección de Trabajo ratifica la falta de apoyo psicológico a los trabajadores en la empresa que modera TikTok

No importa si son de capital chino o estadounidense: la labor de vigilancia de los contenidos violentos de las grandes redes sociales ha generado una cascada de problemas psicológicos en los moderadores. Así se ha vuelto a constatar este lunes en la declaración judicial de una trabajadora, que ha visto su versión ratificada por la inspectora de Trabajo que investigó a la empresa de Barcelona encargada de moderar el contenido de TikTok.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 9 de Barcelona han comparecido este lunes la moderadora de TikTok, representada por el abogado Francesc Feliu; una testigo propuesta por la acusación de la trabajadora; y la inspectora de Trabajo que investigó la actividad en Barcelona de la empresa Majorel SP Solutions, encargada de vigilar los contenidos de TikTok. Los directivos de la firma declararán como imputados la próxima semana.

Según fuentes jurídicas, la inspectora de Trabajo ha explicado a la jueza que, durante parte del periodo en que la moderadora trabajaba retirando el contenido más violento de la red, la empresa no contaba ni con una evaluación de riesgos psicosociales ni con un programa de wellness dedicado al acompañamiento de los trabajadores con mayor presión psicológica.

La querellante, que comenzó a trabajar en Majorel en 2019, ha ratificado ante la jueza que debía revisar vídeos reportados por tener un nivel de violencia extremo y que para ello no había recibido ninguna formación previa ni advertimiento sobre los daños psíquicos que podían provocar. Además, ha mantenido que la empresa lo minimizaba tanto en las entrevistas de trabajo como en las preparaciones posteriores.

No fue hasta 2021, han indicado fuentes jurídicas, que la empresa puso en marcha el servicio de wellness. Antes de la querella de la moderadora, la Inspección de Trabajo ya propuso una sanción de 15.000 euros a Majorel por incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos. Según la Inspección, en esa división de la empresa –en la que trabajan unas 650 personas–, las medidas para amortiguar la exposición a esos vídeos eran insuficientes.