El juez defiende que las conversaciones privadas del caso Voloh muestran que los imputados son “influyentes en el ámbito político”

Respuesta del juez Joaquín Aguirre al revuelo causado entre la clase política independentista por los pinchazos telefónicos del caso Voloh. El magistrado ha rechazado que los pinchazos telefónicos incluidos en el sumario afecten a la vida íntima de los investigados y ha argumentado que son “relevantes” para la causa porque, aunque se trate de “conversaciones privadas”, muestran que los imputados son “personas influyentes en el ámbito político”, una condición inherente al delito de tráfico de influencias que investiga.

Desde que se levantara el secreto de sumario del caso Voloh, las defensas de la cuarentena de investigados han mostrado su intención de anular todos los pinchazos telefónicos acordados por el juez. Mientras algunas defensas ya han acudido para ello a la Audiencia de Barcelona, otras recurrieron primero ante el propio juez Aguirre. Es el caso del director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay,  y uno de los detenidos el pasado 28 de octubre en la operación Voloh, primero bautizada por la Guardia Civil como Volhov –referencia a una batalla de la Segunda Guerra Mundial en la que participó la División Azul.

En un auto por el que desestima todas las peticiones de Alay, el juez Aguirre realiza además una defensa de su investigación. Recuerda el juez que investiga “delitos referentes a la corrupción en sentido amplio”, y que por ello ha excluido del sumario las conversaciones de los investigados referentes a su familia u otros aspectos de la vida íntima, pero no las relacionadas con “asuntos de naturaleza pública”.

“En personas que no desempeñan cargos públicos pero que sí se relacionan con dichos cargos, la condición de persona influyente puede derivarse con bastante acierto de las conversaciones captadas con autorización judicial”, remacha el instructor en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Al estar investigados personajes cercanos a los partidos independentistas, como el exconseller de ERC Xavier Vendrell o el expolítico de Convergència David Madí, las conversaciones interceptadas versan sobre los contactos de los investigados para obtener contratos con la Generalitat pero también han terminado en el sumario diálogos sobre la estrategia política cara a las elecciones catalanas de febrero como insultos de los investigados a dirigentes soberanistas.

Alay, investigado por el supuesto desvío de fondos públicos a Waterloo y defendido por el letrado Gonzalo Boye, planteó al juez la “ilegalidad” de las escuchas telefónicas registradas y pidió que se investigaran. El juez rechaza las pretensiones de la defensa y descarta investigar la difusión en los medios de comunicación de noticias relacionadas con el caso, tal como pidió Alay, al considerar que “no consta” que éste se haya visto “afectado” por las informaciones divulgadas por la prensa.

Según el juez, Alay debería haber interpuesto una denuncia en vez de remitir un escrito al juzgado que lo investiga, y en cualquier caso recuerda que el secreto de sumario del caso se levantó el 28 de octubre, por lo que “no hay ningún posible delito de revelación de secretos”, ya que, argumenta, “la causa no era secreta y no apareció sobre ella ninguna noticia anterior al levantamiento del secreto”.

Asimismo, el juez reprocha a Alay que le pida que evite la publicación de “datos, audios, vídeos o fotos” que obran en la causa. “No cita el señor Boye qué amparo procesal tendría tal medida ni por qué el juez instructor habría de ejercer una función de censor que desapareció de España aproximadamente en 1976”, recalca el magistrado en su auto.