Junts abandona la confrontación y fía su estrategia a condicionar la gobernabilidad de España

Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera acudieron al Congreso en abril de 2014 enviados por el Parlament con una propuesta singular: celebrar un referéndum sobre la independencia de Catalunya pactado con el Estado. Su argumento era que esta opción cabe en la Constitución y que evitaría males mayores. PP y PSOE unieron entonces sus votos para que una abrumadora mayoría del Congreso rechazase la propuesta, lo que alumbraría la votación simbólica del 9N. Nueve años después en Catalunya ha pasado casi de todo –una consulta, un referéndum, una declaración unilateral de independencia, cárcel o salida de España para los líderes del procés–, pero Jordi Turull y Marta Rovira siguen protagonizando la vida política y el referéndum pactado vuelve a ser la vía que ambos defienden tras pasar por la cárcel e irse de España.

Carles Puigdemont cerró el jueves un acuerdo con el PSOE que garantiza la investidura de Pedro Sánchez y la continuidad del Gobierno de coalición progresista. Lo hizo a cambio de una ley de amnistía que aún no se ha registrado y de la que, por tanto, se desconocen los detalles. Pero el PSOE también aceptó un espacio de negociación entre partidos, con acompañamiento internacional, que debe funcionar a lo largo de la legislatura para llegar a “pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”.

Junts ha abandonado de esta forma la vía de la confrontación por la que Puigdemont ha apostado durante sus seis años en Bélgica para aterrizar en una legislatura de incidencia y pactos, en la que el PSOE les necesitará tanto como a ERC, PNV y EH Bildu para articular una mayoría en el Congreso. “Todos los votos, todo el tiempo”, como bautizó el lehendakari Iñigo Urkullu la legislatura, antes incluso de que echase a andar. Sobre ese mismo diagnóstico incidió Puigdemont en su comparecencia más esperada. “A diferencia de la legislatura pasada, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez arrancó con la estabilidad garantizada en el bolsillo, aquí se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo. Sin acuerdos, y sin el cumplimiento, la legislatura no tiene recorrido”, advirtió el expresident.

Por el momento, lo que hay sobre la mesa es una investidura a cambio de la amnistía y una promesa mutua de hacer más tratos en el futuro. Junts ha bajado la bandera del “pago por adelantado” que esgrimió al inicio de las conversaciones con el PSOE y la condición del reconocimiento del catalán en la Unión Europea también ha desaparecido.

Pero, además, el acuerdo político que cerraron los dos partidos dibuja, de forma excepcional en este tipo de documentos, el terreno de juego al que saltan ambos en su negociación. De esta forma, el texto recoge cuál es la posición de partida de Junts y cuál, la del PSOE en los dos temas que quieren abrir, uno al que llaman “reconocimiento nacional de Catalunya” y el segundo sobre los “límites del autogobierno”.

Sobre la primera carpeta, Junts adelanta que propondrá un referéndum acordado, que quepa en el artículo 92 de la Constitución, a lo que el PSOE le contesta que su vía es la de desarrollar el Estatut de 2006. La legitimidad del 1 de octubre y las apelaciones a la vía unilateral, que aparecen en el documento siempre en boca de Junts, quedan en el apartado de los antecedentes pero desaparecen en el tramo de los acuerdos.

Mientras todos los focos de la política española apuntaban a Bruselas, en la votación del Parlament de este mismo jueves ERC y Junts se han desmarcado de un nuevo referéndum unilateral que proponía la CUP. Oficialmente nadie abjura de 2017, pero el futuro que exploran las fuerzas independentistas se parece más a lo que sucedió entre 2006 y 2013.

El segundo tema de negociación se resuelve igual en el acuerdo. Junts propone una modificación de la ley de financiación autonómica para que Hacienda ceda a Catalunya todos los impuestos que se recauden en la comunidad, algo que el PSOE rechaza a renglón seguido, cuando defiende en el documento abrir un “diálogo” sobre el modelo de financiación.

Pese a la reacción de las derechas, que este jueves hablaban de dictadura y del fin del Estado de derecho, lo más notorio del acuerdo es que ninguna de las propuestas de Junts se sitúa de entrada fuera de la ley. Al contrario, se fijan como propuestas formulables dentro de las vías legales, como es la autorización de un referéndum amparado en la Constitución o hacer una modificación de la norma sobre la financiación. Incluso cuando el acuerdo toca la ley de amnistía y habla de la inclusión en el olvido penal de las causas de la llamada “judicialización de la política”, el partido lo vincula a unas comisiones parlamentarias en las que no solo no hay unilateralidad sino que incluso se supera la bilateralidad del acuerdo para aceptar el habitual debate parlamentario. Todas las asociaciones de jueces se han revuelto contra esta parte del acuerdo.

Una mesa y una amnistía

Ha costado más de dos meses de negociación acabar en el pacto que han firmado PSOE y Junts. Puigdemont dio la señal favorable al acuerdo el pasado 5 de septiembre, en un esperado discurso en Bruselas en el que marcó cuáles eran sus prioridades. El expresident subrayó entonces que no se encontraría en sus palabras ni una petición fuera de la ley. El líder de Junts habló de la amnistía, aunque como condición de partida, además de un acuerdo “histórico” que debía resolver el conflicto político. Un objetivo que Junts no ha logrado antes de la investidura, pero que ahora no abandona sino que alarga como hilo conductor de la legislatura.

La amnistía será, por lo tanto, el primer plato del inicio del curso parlamentario y, aunque los plazos en las Cortes y los tribunales pueden extenderse, debería estar resuelta a lo largo del primer año. A partir de entonces, la continuidad de la legislatura estaría condicionada a la mesa entre los dos partidos, con verificación internacional.

Con todo, este espacio no será ni mucho menos el único en el que se negociará en nombre del independentismo, ya que ERC también acordó un mecanismo bilateral con el PSOE, igualmente con verificación internacional, y la continuidad de la mesa entre gobiernos. Según los acuerdos, habría por tanto hasta tres espacios de negociación sobre las mismas cuestiones y, según fuentes conocedoras de la negociación, cada una dispondría de un mediador.

Competencia con ERC

El cambio de estrategia de Junts no se entendería sin tener en cuenta la competencia feroz que mantiene con ERC desde hace años. Después de una legislatura de acuerdos entre los republicanos y el Gobierno, que el partido de Puigdemont ha criticado con dureza, el escenario que brindó el 23J a los herederos de Convergència fue visto como una oportunidad para ganar a Oriol Junqueras en su propio terreno. Es decir, ser un negociador más eficaz ante el PSOE.

Por esta razón, Junts ha tratado de separar todo lo posible su acuerdo del que ERC firmó el pasado jueves, tanto temporalmente (y esto tuvo que ver en que se fuese demorando desde la pasada semana cuando los socialistas pretendían darlo por cerrado) como en el discurso. Sin embargo, los textos tienen semejanzas obvias, ya que en ambos casos figuran tanto los espacios de negociación como la amnistía.

Después de seis años fuera de Catalunya y sin capacidad de interlocución ante el Gobierno, para Carles Puigdemont la capacidad de influencia que le dio la aritmética de las pasadas generales era difícil de desaprovechar. “Por nuestra parte, seguro que no podremos reprocharnos no haber intentado lo que llevamos años reclamando y que ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de explorar”, ha asegurado. Tal como lo ha sido la negociación de la investidura, la legislatura condicionada por su partido también es vista por Puigdemont como una oportunidad que no puede malgastar.