Junts se desmarca de la reforma de la ley de política lingüística pactada con PSC, ERC y comuns

Junts se cae del consenso para la reforma de la ley de política lingüística, que había sido pactada por los tres principales partidos catalanes y los comuns para intentar frenar la imposición judicial del 25% de clases en castellano. La formación había participado del primer acuerdo pero, una vez el texto fue registrado en el Parlament, generó una polémica entre sus bases y diversos sectores independentistas que dejó en pausa el apoyo de Junts a la reforma. Un mes y medio después el portavoz del partido, Josep Rius, ha confirmado que los de Carles Puigdemont se desmarcan finalmente de la iniciativa y no la respaldarán.

Según ha informado el portavoz en rueda de prensa, la formación ha acordado este jueves “no participar de ninguna reforma de la ley de política lingüística”, debido a que no ha conseguido el consenso social y político que reclamaban. “El único objetivo de Junts durante estas semanas ha sido consensuar medidas para intentar proteger la inmersión. Para nosotros, el catalán es una línea roja. No vamos a avalar ninguna medida que suponga un retroceso”, ha expresado Rius.

Los partidos impulsaban una reforma de la ley de política lingüística que evitaba explícitamente hablar de porcentajes, pero introducía por primera vez el reconocimiento del castellano como lengua vehicular en la enseñanza catalana. Esta disposición había sido muy polémica, no solo entre los sectores independentistas más duros sino también entre organizaciones culturales como Plataforma per la Llengua o sindicatos de profesores. Por su parte, PSC, ERC o comuns defienden que es una buena forma de evitar que los tribunales impongan un porcentaje fijo y aseguran que permitirá que cada escuela elija su modelo lingüístico como ocurría hasta ahora.

La formación ha tomado esta decisión tras la última sentencia judicial, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya requiere de forma inmediata al conseller de Educació, Josep González Cambray, a cumplir con la obligación de introducir el 25% de castellano en todas las escuelas de Catalunya. El tribunal además desdeña los argumentos esgrimidos por el Govern, que entre otras cosas les informaban del cambio legal que se estaba tramitando. Para Junts, este argumento del tribunal viene a demostrar que la reforma de la ley de política lingüística planteada no valdrá para esquivar las disposiciones judiciales que imponen un cuarto de clases en castellano.

Junto a esta reforma legislativa, el Govern también había informado de que está redactando un nuevo decreto para permitir que las escuelas tengan flexibilidad a la hora de redactar sus planes lingüísticos. Para Junts, el del decreto es un camino más transitable, por lo que han asegurado que ellos mismos harán una propuesta en este sentido en el seno del Govern, aunque por el momento no la han detallado.