Munir y Jéssica, dos vidas ahogadas mientras trataban de calentarse en un barrio de chabolas

Los restos de la chabola donde dormían y fallecieron Munir y Jéssica

Llevaban algo más de dos años malviviendo en una pequeña chabola, en medio de un extenso barrio de infraviviendas que se esparce a lo largo de la orilla del río Besòs. Él se llamaba Munir y ella, Jéssica. Eran pareja, estaban en la cuarentena y tenían un hijo juntos, de dos años y medio, que no podía vivir con ellos debido a la extrema precariedad de su situación. El domingo se iban a mudar a otra barraca justo al lado, algo más grande y menos fría. Pero aún así se tenía que calentar, con la temperatura cerca de los 10ºC y una fuerte humedad. Encendieron una estufa casera, hecha a base de quemar madera, y al estar todo cerrado acabaron falleciendo asfixiados.

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Munir y Jéssica recalaron en este asentamiento irregular, en el término municipal de Montcada i Reixac, después de que les echasen de un piso que ocupaban en Santa Coloma de Gramenet. No tenían para pagar una vivienda en condiciones. Su hijo vivía en casa de una hermana de él, pero bajo tutela de la Generalitat.

"¿Cómo iban a permitirse un piso si no tenía un salario? ¿Cómo puede ser que muera alguien así? ¡Somos humanos!", exclamaba este lunes Rachid Bakhat, hermano del fallecido, visiblemente afectado en el lugar de los hechos.

Munir, de origen marroquí, era el menor de diez hermanos y llevaba más de 25 años en España. Actualmente se dedicaba a la recogida de chatarra. Jéssica, por su parte, era de nacionalidad española y tenía otros dos hijos, tutelados por la Administración, según ha informado el Departamento de Derechos Sociales. Hacía un tiempo que había encontrado trabajo en una tienda de ropa en Santa Coloma, según explicaba este lunes la familia de él, que solía visitarles en el recinto. De hecho, el que llamó a la policía al encontrarse con los cuerpos sin vida fue uno de los hermanos, el domingo al mediodía.

"¿Se tienen que morir dos personas para que se vea esta pobreza?", cuestionaba otra hermana de Munir, Leila Bakhat, igual de indignada que el resto de la familia. A través del teléfono de su hermano Rachid, acusaba a las administraciones, empezando por el Ayuntamiento, de no haber hecho nada para sacar de la exclusión no solo a su hermano y a su mujer, sino al resto de habitantes de este barrio de chabolas. "Son cientos de familias y lo que les ha pasado a ellos les podría haber sucedido a cualquiera", lamentaba esta mujer, crítica también con los medios de comunicación por no haber dado a conocer durante años la miseria y la desatención de tantas personas a orillas del Besòs.

El asentamiento en el que malvivían Munir y Jéssica es una suerte de ciudad de chabolas que, con sus calles internas y sus números en las puertas, se extiende a lo largo de un kilómetro entre el río Besòs y la carretera que une Montcada i Reixac y Sant Fost de Campsentelles. Hay un total de 400 chabolas. El origen del poblado es una zona de barracas de huerta que en la última década se ha ido degradando y que han ido ocupando personas y familias sin hogar, aunque nadie sabe cuánta gente malvive en él exactamente, puesto que nunca se ha hecho un censo, según confirmaba este lunes la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, que aseguraba que la pareja no estaba empadronada ni había estado en contacto con los servicios sociales. 

El paisaje del asentamiento es de decenas de barracas bajas que se suceden una detrás de otra, levantadas a base de chapa, madera y plástico, y cerradas todas a cal y canto. En ellas subsisten familias extranjeras, pero también españolas, entre las cuales son numerosas las de etnia gitana. Los caminos que dan acceso al recinto están llenos de basura, de restos de hogueras y de chatarra, con perros y gatos sin dueño que merodean entre los escombros. Según la Policía Local, no todas las barracas son infraviviendas: las hay que siguen usándose para la huerta y otras son almacenes para actividades de subsistencia y algunas "ilegales", entre ellas el desguace de vehículos.

"Los servicios sociales no entran"

"Aquí los servicios sociales no han entrado nunca. Solo viene la policía a veces, cuando hay problemas o para decir que no hagamos hogueras". Cubierta con una manta, María, de 21 años, era de los pocos habitantes del barrio de chabolas que no tenía reparo en explicar este lunes cómo subsisten desde hace años en este rincón del área metropolitana de Barcelona decenas de personas. "Me ha dado muchísima pena lo que ha ocurrido, él era un chico muy bueno", explicaba esta joven sobre Munir. 

María explica que, después de escaparse de un centro de menores a los 17 años, pasó por varias ciudades de Catalunya hasta acabar en el asentamiento. Para acceder a una de las barracas, asegura, pagó unos 150 euros a un desconocido. A día de hoy, explica que estudia Enfermería en Terrassa y paga la matrícula con lo que cobra de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Cuando llega el invierno, es habitual ver columnas de humo que salen de las barracas. No solo se hace duro el frío, también la humedad, al estar ubicado el asentamiento literalmente al lado del río. "Tendrías que ver cómo está esto desde que te levantas a las 7.00, todo blanco de escarcha", describe. En su caso, sin embargo, asegura no tener miedo de que le pase lo mismo que a Munir y Jéssica. Aunque afirma tener electricidad con un generador, se calientan con una estufa de leña. "Pero siempre dejamos que ventile un poco", añade. 

Más muertos por infravivienda

El de las infraviviendas es un problema endémico en algunas de las grandes ciudades españolas. En Catalunya, según el último informe de la Generalitat de 2016, había 48.000 personas en alojamientos sin un mínimo de condiciones, entre ellas más de 5.000 sin techo y 34.000 en viviendas inseguras o inadecuadas. "Solo han bastado diez días para comenzar el 2022 con otra tragedia causada por la falta de acceso a una vivienda digna", se lamentaba en un comunicado la Mesa del Tercer Sector, que reúne a 300 entidades sociales catalanas, y que hacía referencia al fallecimiento en noviembre de una familia entera de origen rumano que ocupaba el local vacío de una entidad bancaria en Barcelona. 

Campos, alcaldesa de Montcada i Reixac, pedía este lunes a las demás administraciones, como la Generalitat, ayuda para dar salida a los habitantes del poblado. "El problema de barraquismo en el Pla del Besòs es una olla a presión que tarde o temprano nos estallará a todas las administraciones", advertía. 

Pese a las acusaciones de la familia de Munir, que critican que no hizo nada para ayudar a los vecinos de estas infraviviendas, Campos explicaba que están trabajando en un proyecto en el seno del Consorcio del Besòs –que agrupa a varios ayuntamientos, incluido el de Barcelona– para solucionar la problemática. Pero añadía que solo la gestión de los residuos y la demolición de las barracas, sin contar los eventuales realojamientos, conllevaría un coste de más de tres millones de euros. "Como administración local no se puede asumir este importe ni podemos solucionarlo solos", abundaban en un comunicado. 

La Generalitat, por su parte, se ha referido al suceso y ha informado también de que las dos víctimas no estaban en la "lista de personas en situación de sinhogar de Cruz Roja". "Desde el Departamento de Derechos Sociales se ha contactado con el Ayuntamiento para conocer la situación", añadían fuentes de esta conselleria. Sobre el hijo en común, aseguran que estaba tutelado "por cuestiones de desamparo y no por indicadores de pobreza", y que la pareja no había mostrado "voluntad" de revertir esa situación con la Generalitat.

Albert Sales, investigador en el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) y experto en exclusión residencial, señala que el barraquismo se suele enquistar por su difícil solución. Los afectados rechazan alojamientos temporales y, a su vez, la Administración no les puede ofrecer viviendas o bien por falta de papeles –no era el caso–, porque desconoce su situación o directamente porque no hay alojamientos públicos disponibles (los que existen se destinan principalmente a las víctimas de desahucios). Entre las dificultades administrativas, la falta de empleo y la exclusión social, Sales alerta que “salir de la infravivienda” puede ser para muchos una auténtica “carrera de obstáculos inacabable”.  

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