¿Recordáis esta frase? El sistema financiero español es “el más sólido del mundo”. Fue pronunciada por el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, en septiembre de 2008. Seis años después las diez cajas catalanas han desaparecido.
Las conclusiones de la comisión de investigación aprobadas por el Parlamento responden a un vergonzante acuerdo entre CiU y ERC. Sólo se explica qué ha pasado, pero no por qué ha pasado y cuáles son todas las responsabilidades. Y en el caso de algunas cajas, como Penedès y Caixa Girona, con implicaciones de exdirigentes de CiU en esta caja, ni siquiera se explica todo lo que ha pasado.
La crisis financiera española no es consecuencia de un accidente imprevisto, de una tormenta financiera iniciada en los EEUU, como dijo Narcís Serra en la comisión. La desaparición de las cajas es consecuencia de un fraude. El economista norteamericano John Kenneth Galbraith decía que la economía capitalista actual se basa en un fraude, se difunde una versión de la realidad de acuerdo con las presiones pecuniarias y los intereses de la élite directiva de las grandes corporaciones. Este contraste entre relato oficial y realidad es la base del fraude en el sistema económico.
Para Galbraith en la gran corporación el poder real pasa de los propietarios, los accionistas, a la dirección. En el caso de las cajas el poder real pasó de las entidades fundadoras, de carácter social, cultural y entes locales, a las cúpulas directivas.
Sin duda fue un fraude que tanto los Gobiernos del PSOE como del PP, con el apoyo de CiU, impulsaran una política económica que generó una burbuja inmobiliaria con la liberalización del suelo, con incentivos fiscales para la compra de viviendas, con la expansión del crédito sin límite. Una burbuja sistemáticamente negada por todos los gobiernos que fue inflada por una competencia desaforada entre las cajas para ganar cuotas de mercado, expandiéndose más allá de sus territorios de origen.
Un fraude ha sido la serie de malas prácticas y abusos en la comercialización de hipotecas, que han convertido la deuda hipotecaria en una condena por vida para miles de familias. Así como la comercialización de productos financieros de riesgo, como las preferentes y la deuda subordinada. El primer rescate de las cajas se hizo a costa de sus propios clientes.
Y un fraude han sido las retribuciones, indemnizaciones y pensiones desorbitadas que se han otorgado a sí mismos los directivos de las cajas. En España no había límites a las retribuciones, sólo recomendaciones que no eran de obligado cumplimiento.
Incluso Durao Barroso admite el fraude, responsabilizándose de la crisis en el Banco de España (habría que añadir la CNMV) por su mala supervisión, los gobernadores del banco central español siempre decían que no había ningún problema. Es escandaloso que Barroso responsabilice, con años de retraso, al Banco de España, pero aún lo es más que esconda la responsabilidad de las instituciones europeas en el fraude: un diseño neoliberal de la moneda única que favoreció una ola de dinero barato hacia los países del sur y que ha sido un desastre.
Todo ello con un marco económico global dominado por un capitalismo financiero que ha promovido una “cultura de la codicia”, la búsqueda del enriquecimiento rápido y a cualquier precio.
El gran fraude que ha tenido un altísimo coste social, en forma de desahucios, ahorros atrapados en las preferentes, puestos de trabajo perdidos, estrangulamiento del crédito e incremento de la pobreza y las desigualdades. Y un altísimo coste económico: 108.000M € en diferentes formas de ayudas, 110.000M € en avales y 357.000M € de préstamos blandos del Banco Central Europeo. Buena parte de estos recursos, unos 37.000M €, destinados al rescate bancario ya se pueden dar por perdidos según el FROB. Uno de cada tres euros de incremento de la deuda pública se genera como consecuencia del rescate del sistema financiero.
Pero el último episodio del gran fraude es que entidades que eran patrimonio público y que han sido rescatadas con dinero público, como por ejemplo Catalunya Caixa, con más de 12.000m € de momento, pasarán a manos privadas, los grandes bancos, a precio de saldo.
Los responsables de la desaparición de las cajas son sus directivos y subsidiariamente sus consejos de administración, por no hacer la tarea de control que les correspondía; los Gobiernos del Estado, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También tiene responsabilidad, por su pasividad, el Gobierno de la Generalitat.
La crisis financiera ha sido la excusa perfecta para acabar definitivamente con las cajas. Con sucesivos cambios normativos y el empuje de la Comisión Europea, los Gobiernos del PSOE y del PP han entregado el 50% del mercado financiero español al oligopolio de los grandes bancos.
Ante el fraude no es posible la impunidad, hay que exigir responsabilidades judiciales y políticas y recuperar lo que ha sido patrimonio de todos, esta vez en la forma de una banca pública.
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