Todos los ayuntamientos tienen equipamientos y servicios que no son obligatorios por ley y que nacieron, con los primeros años de la democracia local y de los ayuntamientos de izquierdas, con la voluntad de que sean accesibles a toda la ciudadanía. Estamos hablando de servicios educativos (guarderías, escuelas de música, ...), deportivos (piscina, estadio, pabellones, ...), culturales (talleres y cursos de muchos tipos, ...), para personas mayores (teleasistencia, servicios de atención domiciliaria, de cuidado personal y del hogar, ...), para gente joven (casales de verano, de invierno, talleres y actividades varias, ...). Muchos servicios que nacieron con tres grandes objetivos: de calidad, sostenibles económicamente y con una clara función social.
Pero la realidad es que, con el tiempo, esta tercera pata se ha ido desdibujando y muchos servicios públicos municipales se han ido convirtiendo en accesibles sólo a las franjas de población con mayor poder adquisitivo. Para verificarlo, y mediante concurso público previo, se encargó a la Universidad Autónoma de Bellaterra un estudio sobre lo que llamamos “los públicos presentes y los públicos ausentes” en los equipamientos municipales. La conclusión fue clara: en nuestros equipamientos educativos y deportivos hay una participación de las familias de renta media y baja muy por debajo de su peso demográfico en la ciudad. Y la razón que exponen los autores del estudio es muy clara: el precio es el principal factor que actúa como barrera de acceso a muchos servicios y equipamientos municipales.
Era necesario, pues, romper esa barrera con una nueva política de los precios de los servicios municipales. Por poner un ejemplo: para las guarderías municipales en Sant Feliu, antes de la tarifación social, como en la mayor parte de ayuntamientos, el pleno municipal aprobaba un precio público determinado. En Sant Feliu esta cantidad era de 160 €/mes para el servicio básico educativo (sin comedor). Como era un precio ciertamente alto para muchas familias, las personas en situación económica más extrema podían ir a pedir ayuda a los servicios sociales municipales. Este modelo tenía dos grandes problemas que crean desigualdad de oportunidades. El primero, expulsaba a las familias (¡la inmensa mayoría!) que no eran suficientemente “ricas” para poder pagar 160€/mes sin comedor y más de 300 con comedores. Y también expulsaba a los que tampoco eran bastante “pobres” para poder recibir la ayuda municipal. El segundo, expulsaba a las familias que, porque tenían trabajo aunque fuera con salario bajo o por desconocimiento, vergüenza o autocontención, no querían o creían que sería inútil ir a pedir ayuda a los servicios sociales.
Con estas dos grandes franjas de población, un servicio público con vocación social había terminado apartando (evidentemente sin proponérselo, pero también sin atreverse a cambiar de rumbo) nuestras familias de rentas medias o bajas. Por eso decidimos terminar con el modelo de las ayudas a los más pobres que lo pedían, por un modelo universal de precios según renta, sin tener que decir a nadie que no se puede pagar un servicio público municipal. Cambiamos caridad por equidad.
El criterio: suprimir el pago único corregido con las ayudas otorgadas por los servicios sociales, y cambiarlo por una tabla de precios variables ajustados a los ingresos familiares y sin tener que pasar por los servicios sociales. Las franjas se establecen en función de la relación de los ingresos con el índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), a partir del cual se establecen por ley las prestaciones sociales de la Generalitat. Este mismo criterio se ha ampliado también a la Escuela Municipal de Música y los servicios de atención domiciliaria a las personas mayores o con dependencia.
El resultado es que en todas las escuelas ha aumentado la inscripción de niños, a pesar de la bajada de la natalidad. No sólo no hemos tenido que cerrar aulas, sino que hemos tenido que abrir más. El incremento de niños se corresponde con un incremento de usuarios de las rentas medias y bajas, que es justamente el objetivo de más igualdad de oportunidades que nos proponemos. En los comedores de las cuatro guarderías municipales, se quedan el 60% más de niños y niñas que hace dos años. En la Escuela Municipal de Música hemos pasado de 230 alumnos al inicio del mandato a 457. Y en los servicios de atención domiciliaria a las personas mayores se han incrementado en un 58% el número de usuarios en los últimos tres años.
El objetivo ahora es consolidar y extender la tarifación social. Revisando y mejorando los criterios técnicos y económicos que convenga. Extenderla, haciendo que llegue al conjunto de servicios públicos municipales como deportes, cultura, juventud.
En resumen, mantendremos firme nuestro rumbo: aplicar el plan de rescate social en nuestros ayuntamientos. Sin dejar a nadie atrás.
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