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El caso Pallerols, de presunto desvío de fondos públicos a UDC, llega a juicio más de una década después

Empieza el juicio por la presunta financiación ilegal de UDC.

eldiario.es

El conocido como caso Pallerols llega a juicio esta mañana, más de una década después de haber salido a la luz. Se trata de un presunto caso de desvío de fondos públicos para cursos de formación ocupacional hacia Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el socio de Convergència en CiU, para quien el Fiscal reclama cerca de 200.000 euros como partícipe de la trama a título lucrativo.

Si no hay acuerdo de última hora entre las partes, el caso sentará en el banquillo de la Audiencia de Barcelona a seis imputados, cinco de los cuales eran militantes de Unió entre 1994 y 1999, cuando se habría cometido la presunta financiación ilegal del partido a través de subvenciones para formación ocupacional procedentes la Generalitat –con fondos de la Unión Europea. Entre los que se sentarán en el banquillo están dos ex altos cargos de la consejería de Trabajo –la que gestionaba las ayudas–, entonces en manos de Unió, Lluís Gavaldà (ex director general de Ocupación) y Dolors Llorens (ex subdirectora de Ocupación); también está imputado Vicenç Gavaldà, que era secretario general del partido, y Santiago Vallvé, ex militante. A ellos hay que añadir el empresario andorrano Fidel Pallerols, en torno a cuyas empresas giraba la trama, y su mujer, también militante de Unió, Mari Cruz Guerrero.

Para el Ministerio Público, se produjo una “confluencia de intereses” en la que Fidel Pallerols y su mujer vieron la oportunidad de lucrarse, mientras que el entonces director general de Ocupación, Lluís Gavaldà, y su colaborador Santiago Vallvé, vieron la trama como una buena ocasión para desviar fondos hacia su partido. Durante los años citados, Pallerols habría entregado el 10% de las subvenciones recibidas desde la consejería de Trabajo a Unió para comprar mobiliario y material informático, así como para pagar las nóminas de los trabajadores del partido.

El fiscal Fernando Rodríguez Rey pide para los imputados penas de entre siete y onze años de cárcel por los delitos de cohecho, malversación y falsedad. En el caso de Pallerols, la fiscalía le acusa también de fraude fiscal. Suyas eran las tres empresas –Ceifsa, Andsa y Teosa- que recibían las ayudas para los cursos fraudulentos. En 2002 la Guardia Civil reveló que ocho de los ellos no se llegaron a realizarse nunca, y que había irregularidades en otros 233.

También pasarán por la Audiencia, aunque como testimonios, el presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, y el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, que anteriormente fue ex dirigente del partido democristiano.

El juicio del caso Pallerols se reabrió en 2006 tras un recurso presentado por la Fiscalía, y se prevé que finalice el 17 de abril tras un total de 54 sesiones.

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