Derribo del cuarto pilar del bienestar social. Las reformas de la LAPAD y del régimen local.

Estos días estamos asistiendo a una nueva ofensiva contra el Estado Social. Después de la salud, las pensiones y la educación ahora toca el turno a los servicios sociales. Algunas de las medidas de “racionalización” y “reforma”-nuevos eufemismos para denominar los recortes de derechos sociales- que incluye el “Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2013”, afectan a lo que los políticos les gusta llamar cuarto pilar del Estado del bienestar; es decir, los servicios sociales, construidos en los últimos cuarenta años y que tanto han contribuido a evitar situaciones de pobreza y desigualdad y lograr cohesión y paz social.

En primer lugar debemos referirnos a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia (LAPAD), mal conocida como la Ley de la dependencia. Esta norma fue modificada a partir de las primeras medidas legislativas adoptadas para hacer frente a la crisis, como si se refiriese a un lujo superfluo y no a la protección social de un colectivo de personas muy vulnerables y a sus familias. Hasta el mencionado “Programa Nacional” la ley ya había sufrido cinco recortes (ver tabla 1) que afectaban a su núcleo esencial: derecho a la autonomía (si los beneficiarios quieren recibir prestación económica de atención al entorno familiar, ahora lo decide la Administración y al cuidador ya no se le paga la seguridad social), reducción de la intensidad de los servicios y de las cuantías de las prestaciones, aumento de las aportaciones de los usuarios y reducción de la financiación pública estatal, retrasos en la aplicación de la ley y en la percepción las cantidades debidas, entre otros.

Tabla 1. Reformas al texto de la LAPAD.

Tras la reforma del pasado verano, poco quedaba de aquella ley solidaria y de las enormes expectativas creadas por los políticos. Ahora los recortes del “Programa Nacional” en 2013 (reducción adicional de 1.108 millones de euros) dan el golpe de gracia a una norma que, debemos recordarlo, en su día recibió el apoyo del partido que ahora gobierna. Por otra parte, estos recortes se han hecho a escondidas, en medio de otras leyes, y la mayoría por procedimiento de urgencia, para evitar el necesario debate social. Realmente parecen muy desproporcionados los sacrificios que se exigen a este colectivo, que ya sufre tantas necesidades y sufrimientos, lo que contrasta con las actitudes pasivas ante el fraude fiscal y la corrupción, o la tolerancia con las entidades bancarias, a las que no se apremia el retorno de las inmensas ayudas recibidas para hacer frente a la crisis que han generado.

El segundo frente para dañar el modelo de los servicios sociales se hace también por el camino de la “racionalización”. La que se propone como “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local” muestra, además de una invasión de las competencias de las Comunidades Autónomas - ya que todas tienen competencias exclusivas en servicios sociales y algunas en régimen local-, un marcado sesgo economicista, una enorme ambigüedad competencial y financiera y una disminución de la autonomía local. Todo ello señala el punto final del modelo de servicios sociales sustentado en la proximidad, los derechos y la responsabilidad pública y el cambio hacia el asistencialismo, la recentralización y la privatización. En concreto, la nueva ley reduce las competencias municipales en materia de servicios sociales a “la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social”, que además somete a la evaluación económica y a un “coste de los estándares de los servicios” que se fijará desde el Estado (ver tabla 2). Si con esta reforma pretenden conseguir un ahorro global de 8.000 millones euros para el periodo 2014-2015, podemos hacernos una idea de la dimensión que pueden tener los recortes en recursos humanos y económicos y, por consiguiente, en la oferta de servicios.

Tabla 2.

Principales reformas propuestas en la Ley de Bases del Régimen Local relacionadas con los servicios sociales.

En cuanto a la privatización, el anteproyecto de ley señala claramente que el objetivo de la misma es “favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. Este proceso de regresión se completa con otro objetivo explícito, “potenciar la acción del voluntariado dirigida a mejorar la situación de las personas en situación de exclusión social o pobreza, mediante la colaboración entre la Administración, ONG y empresas” que muestra a las claras el retorno al asistencialismo.

Todo ello genera una pregunta: ¿Son recortes coyunturales debidos a la crisis o es que el gobierno del Estado lo aprovecha para hacer un cambio radical hacia políticas sociales que nos recuerdan a tiempos pasados?