Junto a la emergencia de prometedores proyectos políticos de la izquierda alternativa, con intenciones explícitas de “ocupar” en 2015 los ayuntamientos por la vía de las urnas, en estos últimos meses ha sido notorio el debate en torno a lo que cabría considerar una retribución justa del ejercicio de responsabilidades políticas a escala municipal. En Cataluña, en el marco de sus respectivos códigos éticos, las Candidatures d’Unitat Popular han fijado un tope salarial de 1.800 € brutos al mes para cualquier tipo de cargo, mientras que Guanyem Barcelona lo ha situado algo más arriba, hasta los 2.200 € netos al mes.
En un contexto de mileurismo generalizado y a la baja, de desempleo y precariedad, tales cifras pueden parecer suficientes, sobre todo si se entiende que los cargos políticos deben actuar de forma ejemplar para la ciudadanía. No obstante, si se comparan con las retribuciones de puestos de trabajo de similar nivel de calificación, exigencia, exposición y responsabilidad, el resultado puede ser devastador.
Es cierto que conviene marcar diferencias respecto a las élites municipales que en demasiadas ocasiones se han servido de la institución. También lo es que la retribución no tiene por qué medirse únicamente en unidades monetarias. En este sentido puede alegarse que, a cambio de renunciar a una retribución justa, el nuevo cargo electo obtiene reconocimiento y poder para actuar y cambiar las cosas. Pero no creo que en las organizaciones, sean éstas privadas o públicas, la autoimposición de un exagerado sacrificio salarial confiera autoridad o prestigio; más bien puede pasar lo contrario.
Más allá del respaldo de la ciudadanía, cualquier proyecto político transformador precisa el apoyo del aparato técnico-administrativo. Y lo que da autoridad interna a un nuevo liderazgo político son cosas como disponer de un discurso bien articulado sobre lo que se quiere hacer y por qué se quiere hacer, conocer bien los temas clave del mundo municipal y ser capaz de relacionarse, firme y constructivamente, con todos los actores, fuera y dentro del ayuntamiento. Todo ello reclama presencia, esfuerzo, rigor, perseverancia; es decir, horarios largos e intempestivos; y mucha energía.
Para un cargo recién electo, por muy cargado de ideas y razones que esté, puede resultar frustrante constatar que decenas o cientos de funcionarios municipales reciben retribuciones bastante o muy superiores por trabajos que a menudo comportan niveles de compromiso y responsabilidad perfectamente descriptibles. Todavía se sentirán peor cuando descubran que entre éstos hay un número significativo que tiene asignadas tareas sin sentido, o incluso ninguna tarea concreta. Son aquellos casos en que, por razones que pueden ir del compromiso ideológico “equivocado” a la negligencia reiterada, técnicos o directivos de alto nivel han sido condenados al ostracismo, pero manteniendo su retribución de forma íntegra; o casi.
Entonces verán que los costes del personal político pueden representar una fracción pequeña de los costes del personal técnico y administrativo escasamente productivo. Verán que en esta partida hay, teóricamente, un gran margen para ganar en eficiencia y reasignar recursos para, por ejemplo, mejorar los servicios o la infraestructura urbana. Verán, finalmente, que la protección legal del personal funcionario es extrema y que el margen de maniobra real para cambiar las cosas queda muy por debajo de sus expectativas.
Con todo, sí se pueden hacer cosas. Y en la política de personal algunas conviene hacerlas en las primeras semanas. Hablar mucho y con mucha gente dentro de la organización; para conocer y conocerse, para hacer aflorar oportunidades, para poder resituar y recuperar personas altamente cualificadas y escasamente motivadas. Incluso para, en determinados casos, intentar pactar una salida.
Si hay un vuelco electoral, el verano de 2015 será un momento clave para aprovechar el impulso que otorga la legitimidad democrática. Pero habrá que estar ahí, en muchos frentes a la vez, asimilando nuevos conocimientos cada día. Sin mesianismos pero sin timidez. Y teniendo muy clara la propia dignidad. Que no empieza ni acaba en un sueldo. Pero también tiene algo que ver con un sueldo digno.
Por todas estas razones considero que la retribución del trabajo político –ya sea éste electo o designado- no debería comportar privilegios injustificados, pero tampoco comportar estrecheces que hagan incompatible la conciliación con la vida familiar, o que dejen al personal político, una vez finalizada su trayectoria institucional, en una situación de gran precariedad. En este sentido, además de tener en cuenta el factor dedicación, quizá convendría flexibilizar y modular los topes salariales en función de las trayectorias profesionales (¿posibilidad de retorno a la antigua profesión?) y de las situaciones familiares (¿hijos y/o mayores dependientes a cargo?) de cada persona.
