Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El TSJ catalán da 10 días a la Fiscalía y a Vox para presentar acusación contra los exmiembros de la Mesa del Parlament

Corominas y Barrufet, en su declaración como investigados

Oriol Solé Altimira

0

No ha terminado la vista oral del procés en el Tribunal Supremo que ya se han activado los trámites para el juicio de su apéndice, la causa por desobediencia contra los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado 10 días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y a Vox para presentar acusación contra los seis exdiputados del PDeCAT, ERC y Catalunya Sí que es Pot que se sentarán en el banquillo.

En una providencia, el tribunal que juzgará a los seis políticos, formado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Jordi Seguí, da un plazo de diez días a las acusaciones para presentar sus escritos con los relatos de hechos, calificación de delitos y proposición de testigos y pruebas para la vista oral. Luego será el turno para las defensas y todo estará listo para celebrar el juicio.

Los exvicepresidentes del Parlament Lluis Corominas y Lluis Guinó (PDeCAT); los exsecretarios Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (CSQP, ahora candidato de ERC al Congreso), así como la exportavoz parlamentaria de la CUP Mireia Boya formaban parte de la causa del Supremo hasta que el Alto Tribunal decidió enviar en diciembre su juicio a Catalunya por ser el TSJC la instancia competente para enjuiciar el delito de desobediencia.

Se trata de un delito que no está penado con penas de cárcel y que está castigado con un máximo de dos años de inhabilitación. En caso de condena los mayores afectados serían Nuet y Guinó, los únicos dos acusados que permanecen en la política.

Todos los acusados irán a juicio por desoír presuntamente las advertencias del Constitucional y permitir la tramitación de diversas iniciativas soberanistas en el Parlament, actuación idéntica a la de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, quien no obstante está acusada de rebelión en el Supremo.

Antes de pasar la causa al TSJC, la Fiscalía del Supremo pidió para los seis acusados un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y una multa de 30.000 euros; la Abogacía del Estado, un año y ocho meses para Simó, Corominas, Guinó y Barrufet y multa de 30.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Boya y Nuet y multa de 24.00 euros; y Vox, 12 años de cárcel e inhabilitación y 108.000 euros de multa por organización criminal y desobediencia.

stats