El difícil encaje legal del plan B de Mas para el 9-N
Artur mas ha anunciado este martes el plan que pretende llevar a cabo como alternativa a la consulta del 9-N. Aquella primera consulta, consensuada con los partidos soberanistas y fijada en el decreto de convocatoria, fue paralizada por el Constitucional a instancias el Gobierno. Como es ya marca de la casa, el president de la Generalitat ha envuelto en secretismo su propuesta de “consulta B”, aunque si ha dejado claro que la hará amparada en “marcos legales preexistentes” puesto que la Generalitat tiene, según ha señalado, “competencias en procesos de participación ciudadana”. Un plan alternativo que sorprende a las dos expertas constitucionalistas consultadas, las profesoras de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona Enriqueta Expósito y Esther Martín, que consideran inviable una consulta de ese tipo.
Las competencias para regular procesos de participación ciudadana a las que se refiere Mas se establecen en el artículo 122 del Estatut y en el 9.2 de la Constitución Española, que desarrolla la ley de consultas. La intención del lider nacionalista es ampararse en la parte del artículado de esa ley que sigue vigente al no haber sido impugnado ante el Constitucional, en concreto el título III, que regula los procesos de participación ciudadana. Lo anunciado por Mas sería precisamente el plan ofrecido el lunes a los partidos en la reunió del Palau de Pedralbes, según indicaron fuentes conocedoras del encuentro.
Amparado en esos resquicios legales, el president ha asegurado que no firmará ningún decreto pero que habrá consulta con “urnas y papeletas”, utilizando locales dependientes de la Generalitat, y contando con cerca de 20.000 voluntarios para constituir las mesas a falta de registro de votantes con el que efectuar el sorteo. El president también ha señalado un organismo que funcionaría como junta electoral, sin dar más explicaciones.
En cuanto al censo, éste ha sido el principal escollo para no celebrar la consulta tal y como estaba prevista. El decreto del Govern contemplaba utilizar los datos del registro de población como documento base del censo, algo que la ley de protección de datos no permite. De haberlo hecho así, la Generalitat hubiera podido encontrarse con cientos de deuncias interpuestas por particulares contra la administración, algo que se ha querido evitar a toda costa. La solución para el censo que ofrece el plan de la 'consulta B' sería un registro previo, probablemente en el momento mediante el DNI, de aquellos ciudadanos que quieran participar.
Plan inviable según las constitucionalistas
Según las expertas consultadas, el plan anunciado por Mas presenta importantes incongruencias. Enriqueta Expósito, profesora de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, asegura que, con el título III de la ley de consultas en la mano, el plan alternativo solo podría ser una encuesta o una audiencia pública. “Ese título establece unos procedimientos, como un plazo de 30 días, que ya no puede cumplir para el 9-N”, indica Expósito, “además de que meter la consulta como objeto de una audiencia pública es muy extraño”.
De la misma opinión es la también profesora de derecho constitucional en la UB, Esther Martín, quien considera que el título III necesita de un decreto o de un acto administrativo, cosa que el president ha descartado. “Mas ha señalado que habrían urnas, votos y papeletas, y en ningún caso un proceso participativo se entiende a través del voto. Si miras el articulado te das cuenta de que es inviable”, asegura la profesora, “no se me ocurre ninguna ley vigente que pueda amparar algo así”.
Ambas constitucionalistas se muestran excépticas respecto al registro de participantes. “Estamos en un escenario de ingeniería constitucional. Pedir un registro mediante DNI es normal en procesos participativos, pero de ahí a llamarlo censo hay gran diferencia”, explica Expósito. “Con este mecanismo de registro no hay ninguna garantía de algo tan básico como que sea una persona un voto”, observa Martín, quien señala que algo así no tendría ninguna garantía democrática.
Lo que sí señalan es la posibildiad de hacer un proceso participativo mediante internet. “Es lo único que se me ocurre, abrir un portal a través de gencat.cat con una validación de DNI y recoger allí las opiniones de quien quiera participar. Pero es que Mas ha dicho que habría urnas, votos y papeletas”, explica Martín. “Una opción sería utilizar un portal electrónico por donde canalizar la participación”, coincide la profesora Enriqueta Expósito, aunque considera que “en realidad parece que este anuncio ha sido una salida para ganar tiempo y que ahora están buscando vías jurídicas a ver cómo lo cuadran”.
