La Fiscalía pide una vista para decidir si se prorroga la prisión preventiva de los 'Jordis' a la espera de la sentencia
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al tribunal del procés celebrar una vista para valorar si debe prolongarse la prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en caso de que la sentencia del 1-O no se dicte antes del próximo miércoles 16 de octubre. La solicitud de los fiscales es un trámite necesario porque en esta fecha los 'Jordis' cumplirían dos años en prisión preventiva, plazo en que la ley marca que debe justificarse su prórroga por un máximo de otros dos años.
La petición de la Fiscalía deja muy claro que solo pide la vista si el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena no ha dictado la sentencia del procés antes del 16 de octubre. La intención del tribunal es publicar la sentencia en los próximos días, antes de que se cumplan los dos años del encarcelamiento provisional de los Jordis que decidió la Audiencia Nacional y confirmó después el Supremo.
En su escrito, los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena argumentan que “se vulneraría el derecho a la libertad personal” en el supuesto de que los 'Jordis' siguieran en prisión provisional más allá de los dos años permitidos legalmente sin que antes el tribunal no hubiera razonado en un auto prorrogar la medida cautelar. El Tribunal Supremo ya ha trasladado la petición fiscal al resto de acusaciones –la Abogacía del Estado y Vox– y a las defensas de Sànchez y Cuixart para que en un día se pronuncien a favor o en contra de la vista.
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha considerado “vergonzoso” que la Fiscalía haya pedido al Supremo que convoque una vista para decidir si prorroga la prisión provisional. “No tenemos ningún tipo de información y todo lo acabamos sabiendo en función de los ritmos y los tempos que decide la justicia española, que entendemos que lo que busca no es hacer justicia, lo que busca es simplemente venganza”, ha sostenido en declaraciones a los medios en la sede de la entidad.
Para Mauri, la solicitud de Fiscalía es “un elemento más” que muestra que las instituciones estatales “juegan con los plazos” porque “no han tenido capacidad en dos años de probar que hubiera cualquier tipo de violencia, ni de probar la rebelión o la sedición”.
