El Govern accede a hacer inspecciones de oficio a las eléctricas para evitar cortes por impago
El departament de Empresa y Conocimiento hará inspecciones a las compañías eléctricas para asegurar de primera mano que están cumpliendo con la ley, que las obliga a reclamar un informe a los servicios sociales municipales antes de cortar un un suministro por impago. Este es el principal compromiso que las entidades contra la pobreza energética, APE y PAH, han conseguido de la reunión con el conseller Jordi Baiget, con el que se han reunido este viernes.
Las entidades había reclamado el encuentro con el titular de la cartera de Empresa después de la muerte de una anciana en Reus, en un incendio presuntamente provocado por una de las velas con las que se iluminaba después de que Gas Natural le cortase el suministro eléctrico. Tanto el ayuntamiento de Reus como el Govern sostienen que la empresa no avisó del corte, incumpliendo la ley 24/2015, impulsada por las entidades.
Por ello, Baiget anunció el martes el inicio del proceso para abrir un expediente sancionador contra la empresa. Las entidades civiles le han exigido este viernes en la reunión que esta sanción sea la máxima prevista, de un millón de euros. El conseller y las entidades han consensuado además que el Departament llevará a cabo una campaña para dar a conocer a la ciudadanía cuáles son sus derechos amparados por la ley, cerca de año y medio después de su aprobación.
Según la ley las empresas están obligadas a reclamar un informe social sobre la familia a quien le cortarán el suministro, pero corresponde a las administraciones garantizar que estos no se lleven a cabo. La Generalitat habilita un fondo que gestionan los ayuntamientos para pagar facturas de quien no puede hacerlo, pero el problema con el que se encuentran las entidades locales es que las eléctricas no avisan de los cortes. Por ello, las entidades vienen reclamando estas inspecciones de oficio, para saber qué cortes se han producido y evitar que se produzcan nuevos.
Firma inmediata de convenios
Además de esto, la APE y PAH exigen al Govern que firme de inmediato los convenios con las empresas suministradoras, para que sean estas las que se hagan cargo de la deuda de las familias pobres, entre otras cosas. Pese a que la ley marca a las administraciones la obligatoriedad de firmar estos convenios, la principal dificultad para llevarlos a cabo es la negativa de la empresas eléctricas, a las que no se puede obligar a aceptar un determinado convenio.
El Govern, que ya ha firmado acuerdos con la mayoría de las compañías suministradoras de agua, asegura que está haciendo todo lo posible por negociar convenios con las eléctricas, hasta ahora sin suerte. Según explican, hasta ahora el Departament ha realizado unas 25 reuniones con estas compañías a las que ha ofrecido hasta 3 textos base para el acuerdo, que ellas han rechazado.
Las entidades contra la pobreza energética aseguran que, en vista de que las compañías se niegan a firmar estos convenios, el Govern debería denunciar cuáles son estas empresas y explicar los expedientes abiertos a cada una de ellas. También proponen medidas de presión, como rescisión de contratos públicos o medidas impositivas para lograr que las compañías se sienten a la mesa de negociación con actitud receptiva.
