El Govern acaba el curso en parálisis legislativa y aislado en el Parlament

La mejor fotografía del naufragio parlamentario del Govern pudo tomarse el pasado jueves, cuando la mayoría del pleno se negó a convalidar un decreto que respondía, precisamente, a una moción aprobada por el propio Parlament. Los dos partidos que forman el ejecutivo, JxCat y ERC, se quedaron solos defendiendo un decreto sobre la regulación del precio del alquiler que, por motivos diferentes, reunió el rechazo unánime de toda la oposición, incluyendo asociaciones de inquilinos y movimientos sociales por la vivienda.

El batacazo del decreto sobre el alquiler resultó un broche a tono con el primer curso político que completa el Govern de Quim Torra, que ha estado marcado por la inactividad y la incapacidad para formar mayorías en el Parlament. Y eso que el resultado electoral de las elecciones de diciembre de 2017 abrió la puerta a reeditar un gobierno de coalición independentista menos dependiente de la CUP, que solo debían abstenerse. Pero esos cálculos fallaron, primero porque hasta seis diputados procesados en el juicio del procés quedaron suspendidos en julio del año pasado, y después porque los anticapitalistas, después de la investidura, se colocaron en la oposición.

Con 64 diputados de 135, la soledad parlamentaria del Govern ha sido una constante durante todo el curso. Una debilidad que se mostró en toda su crudeza cuando el vicepresident Pere Aragonès renunció a llevar el proyecto de presupuestos al pleno tras naufragar las conversaciones con los 'comuns' y constatar que no encontraría apoyos suficientes para sacarlos adelante. Aquel capítulo escoció especialmente en el Ejecutivo, pues significaba que la Generalitat seguiría con los presupuestos de 2017, prorrogados por segundo ejercicio consecutivo.

Algo similar ocurrió con otro decreto de medidas urgentes para tratar de contener la burbuja inmobiliaria incentivando la construcción. En este caso fue el departamento de Territorio, que corresponde a JxCat, quien se vio obligado hace unas semanas a retirar la normativa ante de que recibiera una bofetada en el Parlament. El Govern sí pudo sacar adelante, en cambio, la regulación impuesta a Uber y Cabify, que contó con el apoyo de toda la cámara a excepción de Ciudadanos y PP. El pasado jueves también se convalidó un decreto de Educación que abría la puerta a que las escuelas concertadas que lo deseen se conviertan en públicas.

Pero, fuera de algunos decretos como los citados y de renovación o modificación de normativa del día a día, el Govern ha tenido poca actividad legisladora más. En total el Parlament ha recibido ocho proyectos de ley, que han llegado con cuentagotas y, pasado más de un año de su llegada a la presidencia, Torra no puede exhibir la aprobación de ni una sola ley importante como bandera del “Govern que gobierna”, tal como suele describir a su gabinete. Sí tiene en su haber cuatro modificaciones de leyes, una nueva norma para blindar la asistencia económica de los menores extutelados, otra sobre la ordenación agraria y una última para suprimir un Consell Comarcal.

Esos ocho proyectos de ley contrastan con los 21 que el Govern de Carles Puigdemont había a la asamblea legislativa en su primer año de mandato, y son los mismos que envió el gabinete de Artur Mas durante el primer año de su segunda legislatura, en 2013. En términos comparados, el primer año de legislatura siempre tiende a ser poco productivo en Catalunya.

Una oposición unida y sin concesiones

El principal escollo que está encontrando el Govern de Torra es su soledad en el Parlament. Pasada la investidura, cuando la CUP optó por la abstención para levantar las medidas del 155, los anticapitalistas se han situado en posiciones opuestas a los partidos del Govern, hasta el punto de que el equipo de Torra ha mirado hacia otros grupos para intentar sacar adelante sus medidas.

Pero tampoco en el resto de partidos el Govern ha encontrado mejor disposición. De hecho en las últimas semanas las posiciones de la oposición incluso se han endurecido, en parte por el periodo electoral. Además el rechazo del independentismo a permitir que Miquel Iceta se convirtiera en senador por designación autonómica y, por tanto, impidiendo que se convirtiera en presidente del Senado, han enrarecido las relaciones con el PSC.

Las razones por las que la CUP o los 'comuns' tumban la acción legislativa del Govern son diametralmente opuestas a las de Ciudadanos o PP. Pero a todas estas formaciones las une su oposición frontal al Govern de Torra, lo que hace que la oposición esté más cohesionada que en las últimas legislaturas y que haya una carrera por mostrar dureza hacia las iniciativas del Govern. Así es como, tras romper los puentes con la CUP y el PSC finalmente el Ejecutivo ha acabado también enfrentado con Catalunya en Comú.

Ley Aragonès y Ayuntamiento de Barcelona

Un buen ejemplo de la carrera que se ha desatado para oponerse con más fuerza al Govern es la que ha ocurrido en las últimas semanas a cuenta de la llamada “ley Aragonès”, para endurecer las condiciones de contratación de servicios que tienen que ver con las prestaciones sociales de las administraciones públicas. La CUP ha cargado desde el inicio de la ponencia contra esta reforma, al entender que abre la puerta a privatizaciones, una posición que comparen entidades como la Federación Catalana de Ampas (FaPaC) o el Sindicato de Médicos o la CGT, aunque no los principales sindicatos.

Por su parte, los 'comuns' habían participado de la redacción de la norma, pero hace dos semanas cambiaron de posición y reclamaron paralizar la tramitación para blindar primero los servicios que se deben proporcionar de forma directa o mediante convenios. Esta retirada, influida por la opinión de algunas entidades sociales, anuncia un posible efecto dominó entre el resto de partidos, por lo que ya no esté tan claro el futuro de la ley Aragonès, que hasta el mes pasado se consideraba segura.

No con menos desconcierto se han observado desde ERC los movimientos de sus oponentes a la hora de priorizar gobiernos municipales, en especial en Barcelona, donde Ada Colau ha apostado por la alianza con el PSC y el apoyo externo de los votos de Manuel Valls.

Lo ocurrido en el ayuntamiento de la capital catalana es el primer caso de un gobierno que se sostiene uniendo a toda la oposición en contra del independentismo, pacto que hasta ahora se descartaba por las fuertes diferencias en el bloque que va de los 'comuns' a Ciudadanos. Pero, en vista de lo que ha pasado en Barcelona, en el independentismo han sonado las alarmas ante la opción de que esta alianza pueda trasladarse también al Parlament en una próxima legislatura.