Javier Couso: “Un periodista protegido es garantía de una información libre”

Tras muchos años como trabajador audiovisual, Javier Couso (Ferrol, 1968), quiere ir al Parlamento Europeo a exigir el derecho de la ciudadanía a una información veraz y, de paso, a garantizar las condiciones laborales de los profesionales del sector. Hermano de José Couso, asesinado por las tropas de los Estado Unidos en pleno ejercicio de su función de reportero, hace una enmienda a la totalidad a la reforma de ley de justicia universal impulsada por el ministro Gallardón. Una reforma que califica de “inmoral” y que limita la capacidad de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra. De esa ley, pero sobretodo sobre el oficio de periodista, hablamos con el candidato número siete del grupo de Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, Anova y otras fuerzas) a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo.

Hace unos meses el Gobierno del PP aprobó la reforma de la ley de justicia universal, que ha suscitado críticas de múltiples organizaciones humanitarias e, incluso, de los jueces.

Esta reforma es una inmoralidad y un atentado contra la democracia. Es un torpedo dirigido contra la separación de poderes que marca nuestra Constitución, y un golpe mortal a la independencia del poder judicial. Cuando los jueces toman decisiones que no gustan al Gobierno, se les persigue o se cambia arbitrariamente la ley para impedirles continuar con su trabajo. Con esta reforma se lanza un mensaje al mundo muy peligroso: asesinar o torturar españoles saldrá gratis en determinados casos.

Es una más de las distintas reformas que ha hecho, o deshecho, el ministro Gallardón en materia de Justicia.

Está haciendo una contrarreforma ideológica de esas leyes de las que nos dotamos por medio de muchas luchas y muchos avances sociales. Y eso que era el ministro que Prisa nos presentaba como el progre. Es una desregulación absoluta de derechos. Impide el acceso a la justicia gratuita, es un ataque contra la mujer, la ley mordaza, la mencionada ley de justicia universal... Todo eso es un proyecto del ministro Gallardón para desproveernos de derechos. Es algo tan grave que incluso está teniendo problemas con el Consejo del Poder Judicial y con determinados magistrados. La última ley de justicia universal no la puede aplicar en algunos ámbitos porque los jueces se niegan. No se puede modificar un Tratado Internacional por medio de una norma interna, eso es incurrir en la vulneración del Convenio de Viena. No entiendo la chapuza que han hecho.

Julio Anguita decía en una entrevista reciente que incluso la Constitución puede parecer revolucionaria dado que no se cumple…

La gestión de Gallardón supone una ruptura de ese marco constitucional. Hay una crisis de ese régimen bipartidista que se hizo en torno a la monarquía. Parecía que la Constitución era intocable, pero luego se desregula y resulta que sí se toca. En ese sentido, hay una apuesta clara para quitarnos todas las armas que teníamos. Se criminaliza la protesta en la calle, se tutela a las mujeres como a menores de edad, no se persiguen a los delitos que afectan los derechos humanos y que quedan impunes. Y ellos saben mucho de impunidad. Todavía tenemos a más de 100.000 compatriotas tirados por las cunetas. Somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya. No hay que olvidar que, por culpa de la legislación española, no se pueden juzgar crímenes cometidos durante el franquismo por lo que se ha tenido que recurrir a la Argentina.

¿Prevés un cambio en la correlación de fuerzas tras el 25 de mayo?

Soy optimista y creo que podremos vislumbrar el principio de ese cambio. Tengo la convicción de que un nuevo ciclo que empezó con el estallido del 15M.

IU no siempre es vista por algunos sectores de los movimientos sociales como su referente electoral...

Nosotros nos sentimos a sus órdenes. Muchos de nuestros militantes están en estos movimientos y no hay que suplantarlos. Hemos aprendido de la lucha del 15M que supuso un meneo importante para los partidos de izquierdas, de la misma manera que afectó a los sindicatos o a las asociaciones de vecinos y otras formas de lucha.

Uno de tus mandatos en el Parlamento Europeo, si finalmente sales electo, será la lucha por garantizar el libre acceso a una información veraz y plural.

El objetivo es el de recuperar la función social de la información. Ya antes del estallido de la crisis, no ha funcionado el modelo de regulación mediática que preveía y prevé la Constitución en su artículo 20. Ninguno de los gobiernos ha querido desarrollar ese punto de la carta magna, entre otras cosas, porque su máxima es que la mejor ley de prensa es la que no existe. Las televisiones públicas se han convertido prácticamente en televisiones gubernamentales, ha empeorado la calidad de los productos informativos, con informaciones descontextualizadas, noticias espectaculares y fast news. Creo que debemos fortalecer a los medios públicos, pero bajo otro tipo de control parlamentario y social, no sólo desde los gobiernos. Se necesitan medidas que eviten la concentración de medios en grandes monopolios, que protejan las condiciones de los periodistas free-lance y que garanticen la independencia de las redacciones. También queremos impulsar en la UE un registro de actividades de los lobbys europeos su acceso abierto a los documentos para ciudadanos y periodistas.

¿Cómo se puede revertir esta deriva de la profesión desde Europa?

Debe haber una directiva europea de medios comunitarios y, para ello, queremos dividir el espacio radioeléctrico en tres tercios. Se destinaria un 33% al sector privado, al menos un 33% para el sector público y el tercero, que será nuestra bandera de batalla, garantizar otro 33% al sector comunitario. Es decir, aquellos medios colectivos, alternativos, populares, surgidos de los movimientos civiles, sindicales y sociales. Hay que empezar a establecer las bases para crear los espacios donde la ciudadanía y la sociedad pueda expresarse.

En tu documental Una mosca en una botella de coca-cola se relata cómo grandes grupos como Repsol, BBVA, Banco Santander y otros tantos son los propietarios de una gran parte de la información que consumimos.Una mosca en una botella de coca-cola

La falta de regulación estatal y la libre concesión de licencias han hecho que tengamos una información concentrada en muy pocas manos. La gente ha de saber que el control de la mayoría de los medios que consume está concentrado en grandes conglomerados y empresas a quienes no les interesa que haya libertad de prensa. Quieren un mundo desregulado, hablan de libertad, pero es una libertad del quién tiene dinero. Más que libertad de prensa tenemos libertad de empresa.

El documental también cuenta cómo, en América Latina, sí se ha parado los pies a determinados grupos económicos en pro de una información más ciudadana.

Ecuador aprobó la ley de comunicación en referéndum y prohíbe que la banca ostente la propiedad de los medios. También en Argentina y Venezuela se limita a las empresas extranjeras el acceso a los medios. En todos los casos, se reserva una parte importante del sector radioeléctrico a sectores populares y a grupos alternativos.

Se me hace difícil imaginar una doctrina parecida surgida de la UE…

Nosotros vamos con la determinación de intentarlo. Está claro que los poderes financieros y los grupos que les amparan nunca se retiraran si no se lo exigimos. Y eso no puede hacerse solo desde las instituciones. Una cosa es ganar elecciones y otra tener el poder. Los procesos que comentábamos de América Latina se han dado, sobre todo, por la fuerza de la calle. Primero hay que tener un gobierno con una correlación de fuerzas favorable y segundo, una fuerza ciudadana legitimadora en la calle.

¿Se puede garantizar el derecho a la información si una gran parte de los periodistas de este país están en una situación laboral insostenible?

Una cosa va intrínsecamente relacionada a la otra. Si un periodista ha de preocuparse de no molestar a su jefe, o de suavizar una información que afecte a uno de los grupos económicos de su medio, o si no tiene capacidad económica suficiente para poder investigar; no se le puede exigir que haga una información de calidad. Tener a un periodista protegido es garantía de una información libre.

La figura del periodista como un profesional independiente y comprometido no prevalece hoy en el imaginario colectivo…

Hay muchos mantras sobre las profesiones. Y la mayoría son injustos. Hace unos años lo vimos con los controladores aéreos. La gente se les echó encima porque tenían unas buenas condiciones laborales. “Oh, es que viven muy bien”, decían, en vez de decir, “oye, vamos a vivir todos como ellos”. En términos de guerra lo hemos visto, también. No es que sea más importante que muera un periodista que un civil, pero cuando muere un periodista en realidad quién está muriendo es un civil que está en una zona de conflicto explicando lo que le pasa a otros civiles.

A veces, los medios progresistas tampoco tienen especial cuidado con sus trabajadores.

Medios progresistas cada vez van quedando menos. Y para aplicar la nueva reforma laboral no ha tenido ningún problema ni el progre, ni el trotskista. No es lo que digas, sino lo que hagas. Medios progresistas se comportan como medios neoliberales de explotación, absolutamente igual, o peor, que otros. José Manuel Lara es el dueño de La Sexta y de La Razón a la vez. Hay que conseguir cambiar el chip y concebir los medios como propios. El periodismo ciudadano puede ser un aporte, pero no pueden menoscabar a los verdaderos profesionales que han aprendido a diferenciar lo que es información de lo que no lo es.