La primera semana de Colau como alcaldesa, entre la revolución y el pragmatismo
La Barcelona de Ada Colau ya camina desde hace una semana. Y aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, los primeros pasos del nuevo Ejecutivo pueden servir de guion para clarificar cuáles serán las prioridades, y a la vez las limitaciones, de la nueva alcaldesa. Nada nuevo para Colau y su equipo que en los días previos a la investidura ya pedían comprensión y paciencia a su electorado: “Os pedimos que si no lo hacemos bien nos echéis, pero también que estéis a nuestro lado cuando no nos dejen desarrollar el mandato que nos habéis encomendado”, decía Colau en alusión, por ejemplo, al cierre de los CIEs, que no dependen del consistorio barcelonés, sino del Ministerio del Interior.
Precisamente participando de una manifestación para cerrar los CIEs, Colau puso ayer el lazo a su primera semana como alcaldesa. Una semana que empezó haciendo lo que, como activista, practicó durante años: parar desahucios; que siguió con un acto de un alto valor simbólico: retirando la acusación del Ayuntamiento de Barcelona contra los huelguistas Isma y Dani; y en la que ha puesto el freno de mano a macroeventos propios de la Marca Barcelona de anteriores gobiernos: como los Juegos Olímpicos de Invierno.
En el barrio de Trinitat Nova, en pleno distrito de Nou Barris, la líder de BComú debutó como alcaldesa para calmar los ánimos de los vecinos temían por su vivienda y dejó claro cuál sería su misión a lo largo del mandato: “Ninguna persona puede quedarse en la calle en una ciudad donde sobran recursos”. Unas palabras que calaron fuerte en campaña en ese mismo distrito, que concentra las menores rentas de Barcelona y el mayor número de familias amenazadas con quedarse en la calle y, a la vez, el principal feudo de BComú.
Días más tarde, tras la primera sesión de la comisión de gobierno, Colau comparecía junto a su mano derecha, Gerardo Pisarello, para proponer soluciones estructurales a los desahucios, entre ellas reuniones con los representantes de entidades bancarias y la creación de un censo de niños con malnutrición. Era el mismo día en el que Barcelona se retiraba de la carrera por los JJOO de Inverno, una operación con origen socialista, aunque con estructura convergente, que para BComú no son una prioridad por razones ambientales y sociales, puesto que “se aleja del el deporte de base y del carácter mediterráneo” de la capital catalana.
El cambio de color del Ayuntamiento ha supuesto, también, un cambio radical por lo que se refiere a la sensibilidad ante los colectivos de corte asambleario. Colectivos y plataformas estigmatizados bajo mandato de CiU y que ahora esperan que el nuevo equipo municipal les trate como actores activos de la vida pública. En esta línea, el Ayuntamiento decidió retirarse del proceso por el que la fiscalía pedía 8 años y nueve meses de cárcel a dos estudiantes, Ismael Benito y Daniel Ayyash, a los que se acusa de haber participado en actos vandálicos durante la jornada de huelga general del 2012 en Barcelona. El equipo municipal de Trias solicitaba para cada uno de estos estudiantes, cuatro años de cárcel.
Retos, muros y códigos éticos
Retos, muros y códigos éticos Sin embargo, la irrupción de BComú en el consistorio no ha impedido que se sigan produciendo desalojos de centros autogestionados o que sigan existiendo conflictos laborales. Una veintena de furgones de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra entraban en el corazón del barrio del Guinardó el pasado miércoles para desalojar el centro okupado La Llamborda. La concejal Mercedes Vidal se desplazó a la zona, y a pie de calle trató de mediar con los agentes, que se limitaban a cumplir ordenanzas del juez. “No es de recibo desalojar un CSO arraigado en el barrio, referencia del feminismo y propiedad de la SAREB”, decía en la nueva regidora, indignada pero impotente, ante la actuación policial.
Otro caso en forma de reto para los de Colau será salvar el vivero social y artístico de Can Seixanta, en el Raval, donde en este caso su margen de maniobra estará condicionado por el marco normativo que protege la propiedad privada. Otros conflictos de índole labroal, como la huelga de los instaladores de Moviestrar o los acomodadores del Liceu y el Auditori, también piden estos días acciones rápidas por parte de la nueva alcaldesa, que tendrá que lidiar con muros económicos, jurídicos o políticos, como el caso de los CIEs, para ser estrictamente coherente con su programa.
Otro punto caliente de la incipiente andadura de Colau es el cumplimiento del código ético. Y es que buena parte del nuevo equipo técnico municipal, la mayoría nombrados por gobiernos anteriores, quedará exento del código ético que se impuso BComú. Colau explicó que “hay que distinguir la estructura técnica de la política”, es decir, que los electos y asesores asuman el código ético no tiene por qué afectar a la estructura técnica. Así pues, las nóminas del ex socialista, Jordi Martí, que será el gerente del Ayuntamiento; Jordi Campillo, que será el gerente de Urbanismo; o Amadeu Recasens, que se encargará de la seguridad, podrán superar los 2.200 euros mensuales que fijó el compromiso ético de BComú.
La oposición de CiU se busca a sí misma
La oposición de CiU se busca a sí mismaAcciones de calado ideológico, pero también estratégico, como es el caso de los JJOO de Invierno, han servido de munición para la oposición de CiU. Los convergentes, con Xavier Trias acostumbrándose a su nuevo —y no tan nuevo— rol de jefe de la oposición, han acusado al gobierno municipal de perjudicar los intereses económicos de la capital catalana. Trias aseguró que abandonar la carrera para los JJOO era “dar la espalda” a los pueblos y ciudades de Cataluña.
La estrategia de CiU para dañar la imagen de BComú y su obra de gobierno está, todavía, en fase de pruebas. Fracasado el eje nacional, después que Colau se comprometiera con las principales entidades soberanistas a dar a poyo al derecho a decidir y a defender la soberanía del pueblo catalán; los convergentes buscan nuevos flancos de ataque. De hecho, el grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona estrenó el pasado 13 de junio una cuenta de Twitter para este uso.
Uno de los concejales que peor ha digerido la derrota de CiU en las urnas, el ex edil de Sants-Montjuïc Jordi Martí, que llegó a tildar el discurso de Colau de “falangista” en su perfil de Facebook, registró una pregunta en el pleno municipal que, a la postre, le salió rana. Martí pidió rendición de cuentas a los de Colau por su acto de investidura, a lo que Pisarello respondió concretando que el consistorio había ahorrado unos 15.000 euros en relación a la investidura de Trias en 2011. El mayor ahorro vino, según BComú, de la supresión del catering privado. En total, los actos del sábado pasado costaron 27.500 euros y los de 2011, 42.700 euros.
También entre los socios de BComú, ERC y PSC, que facilitaron la investidura de la alcaldesa, se han abierto las primeras fisuras. Republicanos y socialistas han mostrado su voluntad de acompañar a Colau en las acciones más comprometidas con la lucha contra las desigualdades, pero penalizaran aquellas decisiones que comprometan, a su juicio, el posicionamiento de Barcelona en el mundo como gran capital, como es el caso de los JJOO de Invierno, que ambas formaciones valoraron como “precipitada y errática”.
El nuevo consistorio ha empezado, de este modo, un camino de cuatro años en el que deberá vencer todo tipo de trabas. Muchas internas, como las que se desprenden de la fragilidad numérica de su triunfo; y otras tantas externas, como los ataques mediáticos que empezaron mucho antes de la investidura de Colau. Su éxito dependerá, en gran parte, no sólo de revalidar la confianza de quienes la votaron, sino principalmente de ser capaz de seducir a una parte de los que no lo hicieron. O, cómo desarrolló el filósofo marxista Antonio Gramsci, no cambiar sus ideas para acercarse al centro, y tratar desplazar el centro hacia sus ideas. Para ello BComú necesitará mucha comunicación, humildad y cierta pedagogía política, el ruido a su alrededor será tremendo.