El proceso soberanista pone distancia entre el Govern y el mundo empresarial
Si algo ha caracterizado históricamente a CiU son las más que fluidas relaciones que ha mantenido con el mundo empresarial, tanto el catalán como el español. Pero el proceso soberanista, que parece campo abonado para romper las uniones más inquebrantables, está empeorando pulantinamente el clima de entendimiento entre el Govern y los empresarios hasta tal punto que en el último mes el divorcio entre el partido de gobierno y las grandes empresas es cada vez más difícil de disimular.
La coalición nacionalista, que llegó al Govern bajo la promesa de un gobierno business friendly, quita hierro al asunto, pero diversas argupaciones empresariarles han roto su silencio y están dispuestas a seguir dejando clara su posición. El President Mas trató de dar un volantazo, pidiendo a las organizaciones que se implicaran con el proceso, pero de momento solo ha recibido respuesta por parte del sector más fiel, que ya forma parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
La incomodidad del mundo empresarial saltó a los medios a finales de enero, cuando el Círculo de Directivos de Habla Alemana mostró su preocupación por el momento en el que está teniendo lugar el proceso y reclamaron al Conseller Homs una salida negociada con el Gobierno español. Una semana más tarde, la plataforma ¿Cataluña sin Europa? ¡No! hacía pública la Declaración de Barcelona, un documento en el que rechazan la secesión alertando de las “nefastas” consecuencias económicas que ésta tendría para la economía catalana y recordando que Croacia tardó 20 años en ser admitida en el seno de la UE.
El perfil alarmista de este documento fue muy criticado desde los partidos partidarios del derecho a decidir. El hecho de que la plataforma estuviera compuesta por directivos y exdirectivos extranjeros sin vincular a sus empresas también fue motivo de críticas. Pero que un grupo de intereses económicos saliera a criticar la deriba del Govern sentó como un jarro de agua fría en la casa convergente, tradicionalmente muy vinculada al empresariado.
El Ejecutivo de Artur Mas había recomendado hasta ahora que las organizaciones empresariales se mantuvieran al márgen del proceso. Esta era la postura oficial de Convergencia desde antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, cuando Mas explicó a los empresarios que “no hacía falta significarse, solo no ir en contra”. Sin embargo, ante las manifestaciones públicas, el President cambió la doctrina y pasó de intentar que los empresarios no obstaculizaran a pedirles que se “implicaran” y “tomaran responsabilidades” en el proceso, delante de la plana mayor de la patronal catalana en el auditorio de Banc Sabadell.
El Gobierno de Rajoy había intentado con anterioridad que el mundo de los negocios se situase a su lado. A finales del pasado año el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, se reunió con los principales integrantes del llamado 'lobby del Puente Aereo' para firmar un documento sobre la situación de Catalunya. Pero la declaración no llegó a contar con el acuerdo de los empresarios, por lo que se quedó en el cajón.
Tampoco el Ejecutivo catalán ha cosechado esta vez el beneplácito mayoritario de los empresarios ante su petición de implicacarse en el proceso. Tanto el presidente de la CEOE, Juan Rosell, como el de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, rechazaron implicarse más allá de facilitar el diálogo entre los gobiernos central y catalán. Fomento del Trabajo ya se había negado a integrarse en el Pacto por el Derecho a Decidir, punto de encuentro de la sociedad civil partidaria de la consulta que cuenta con el respaldo de hasta 1.500 entidades.
Apoyos al proceso en la PYME catalana
Quienes sí han respondido afirmativamente al President son organizaciones que agrupana a la PYME catalana. El derecho a decidir cuenta con apoyos importantes en el sector económico de ámbito más local.
La organización Grup Impuls per Girona (CIG), formada por los presidentes de las tres cámaras de comercio gerundenses y de las asociaciones empresariales Pimec Girona, FOEG y Fòrum Carlemany, han querdio salir al paso de los movimientos de la gran empresa para mostrar su “apoyo incondicional” al proceso iniciado por el Parlament.
También patronales como Pimec, Cecot o Fepime, adheridas al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, aseguraron la semana pasada que el proceso no estaba afectando negativamente a la economía catalana.
