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Puigdemont confía en los tribunales españoles para llegar a la campaña de las europeas como candidato

Carles Puigdemont fue excluido este lunes de la lista de JxCat al Congreso

Arturo Puente / Gonzalo Cortizo

El equipo de Carles Puigdemont es optimista respecto a sus posibilidades para ser candidato en las elecciones europeas pese a que la Junta Electoral Central (JEC) anunció este lunes su exclusión de la lista de JxCat, junto a la de otros dos candidatos, Toni Comín y Clara Ponsatí. El equipo jurídico de la formación presentará este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo que podría acabar, si es necesario, en instancias europeas. Confían en que no haga falta y en que, como tarde, el Constitucional les acabe dando la razón antes de la campaña de las europeas.

Según los plazos que planea el equipo legal de JxCat, si su recurso es interpuesto este mismo miércoles, el Tribunal Supremo tendría dos días naturales para resolverlo, es decir, debería dictar la sentencia antes del fin de semana. Si este tribunal no les da la razón, aún tendrían la posibilidad de acudir al Constitucional, que tendría otros tres días para resolver una petición de amparo. La formación independentista cree poder apurar todo lo posible los plazos para llegar al jueves del inicio de la campaña con una decisión firme del Alto Tribunal.

Con todo, el recurso ya entrará en el Supremo con controversia. En su acuerdo, la JEC apuntaba que para posibles recursos la candidatura debía acudir ante un juzgado contencioso-administrativo ordinario de la ciudad de Madrid, y en esa misma opinión se ha reafirmado este martes. En cambio, la formación considera que la ley electoral dispone de forma explícita que este tipo de recursos deben realizarse ante el Tribunal Supremo.

En concreto, fuentes de JxCat explican que llevarán su escrito ante la sala tercera, al considerar que la jurisprudencia así lo avala. La sala tercera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es, casualmente, la misma a la que pertenecen el presidente y vicepresidente de la JEC, quienes se posicionaron favorablemente a la participación de Puigdemont en las europeas con un voto particular que firmaron otras dos vocales. Los jueces vienen inhibiéndose a la hora de tomar decisiones en la Junta Electoral de Central sobre cuestiones que juzgan, y viceversa.

La decisión comunicada este lunes por la JEC supuso un jarro de agua fría en la formación del expresident, que hasta entonces había considerado que la queja interpuesta por Ciudadanos y el PP contra su candidatura europea no sería suficiente robusta para tumbarla. Pero no fue así. Tras recibir las alegaciones de JxCat el sábado, el domingo por la tarde el organismo electoral adoptó, dividido, un acuerdo que dejaba fuera de la lista para las elecciones europeas a los tres exmiembros del Govern que establecieron su residencia en Bélgica y Escocia.

Los argumentos esgrimidos por la Junta Electoral para sacar a Puigdemont, Comín y Ponsatí de la candidatura se resumen en que estos no residen efectivamente en territorio español, lo que les impide tanto votar como ser votados en España. Refuerza esta idea esgrimiendo que fueron declarados en rebeldía por el Tribunal Supremo, al no presentarse al juicio, lo que a su entender limita sus derechos políticos, pese a que tanto en las elecciones catalanas como en las generales otros independentistas declarados en rebeldía se han presentado y accedido a su condición de representantes públicos. 

Para JxCat es especialmente importante acortar los plazos ya que su objetivo es poder concurrir a las europeas con Puigdemont como cabeza de lista. Una de las posibilidades que manejan es la de reclamar al Supremo que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la instancia con sede el Luxemburgo encargada de interpretar las normas comunitarias. Sin embargo, esta cuestión prejudicial reclamada ahora podría ralentizar el proceso, algo que desean evitar a toda costa. Si llegan al TJUE será tras el pronunciamiento del Constitucional y, aquí sí, reclamarían como medida cautelar que los tres candidatos vuelvan a ser incluidos en las listas electorales.

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