Torra calma al sector duro del independentismo y asume el control de la negociación con el Gobierno central
La reunión de Quim Torra con Pedro Sánchez ha permitido al presidente de la Generalitat emanciparse. Esa es la tesis que defienden algunos de sus colaboradores en el Palau de la Generalitat y ponen como ejemplo el hecho de que haya decidido explorar una vía de diálogo con el Gobierno central más allá del rechazo de Sánchez a cualquier propuesta que implique reconocer el derecho de Catalunya a la autodeterminación.
El jueves se celebró una reunión de trabajó en el Palau de la Generalitat en la que se hizo un repaso, punto por punto, del orden del día acordado entre la ministra Meritxell Batet y la consellera Elsa Artadi. El viernes se remató el trabajo en un almuerzo en el que Torra confirmó a su equipo qué es lo pensaba hacer. El president explicó que le formularía dos preguntas a Sánchez. La primera era si el presidente del Gobierno reconocía que el caso catalán es un conflicto político y la segunda era si estaba dispuesto a que la relación con Catalunya fuese de tipo bilateral y con una interlocución directa entre La Moncloa y el Palau de la Generalitat. Si Sánchez le respondía en ambos casos de manera afirmativa, Torra daría por bueno el encuentro. Y eso es lo que hizo. Fue a Madrid buscando un segundo encuentro con el presidente del Gobierno, aunque con la intención de dejarle claro que no renuncia a reivindicar la independencia como objetivo último de su Ejecutivo.
“La reunión con Sánchez ha tenido un punto de catársis”, resume uno de los colaboradores del president para argumentar que Torra empieza a tomar sus propias decisiones, gusten más o menos, incluso a los sectores que le son más afines, empezando por la CUP pero también algunos cargos del propio Govern así como algunos diputados de Junts per Catalunya.
El jefe del Ejecutivo catalán reconoce que le han dolido las críticas que la CUP ha lanzado en público. Los anticapitalistas interpretaron el resultado de la reunión en La Moncloa como un “pacto entre élites para que no cambie nada”. Fuentes próximas al president insisten en que lo que pase en las próximas semanas será fundamental para comprobar qué recorrido tiene la buena voluntad expresada por Sánchez en el encuentro.“¿Satisfacción? La justa”, resumen en el Palau de la Generalitat.
A diferencia de la cordialidad exhibida entre Sánchez y Torra, la relación entre la Meritxell Batet y Elsa Artadi no es tan buena. Ambas tenían el encargo de preparar la reunión entre los presidentes y hubo alguna tirantez durante los días previos al encuentro. De ahí que Torra haya decidido que asume personalmente las riendas de una posible negociación. El propósito es evitar “interferencias”, resumen fuentes gubernamentales.
El president quiere decidir los pasos a dar más allá de las reuniones bilaterales que los consellers tendrán con sus respectivos homólogos. La primera será este jueves entre los vicepresidentes Carmen Calvo y Pere Aragonès. El Gobierno catalán no tenía intención de informar del encuentro para no crear excesivas expectativas y asegura que fue La Moncloa quien filtró el anuncio del encuentro para demostrar que su apuesta por el diálogo no es un farol.
Las cuentas pendientes
El equipo de Aragonès acabará de perfilar este miércoles las peticiones que quieren trasladar a la vicepresidenta. Fuentes del departamento de Economía recuerdan que una de las prioridades de la Generalitat es intentar cambiar el techo de gasto impuesto por Cristóbal Montoro y que el reparto del déficit no siga cargándose principalmente a las espaldas de las autonomías.
La Generalitat ha calculado que los incumplimientos del Estado con Catalunya ascienden a 7.600 millones de euros, 1.600 de los cuales corresponden a la financiación de la aplicación de la Ley de la Dependencia que asume la administración autonómica porque el Gobierno central no sufraga su parte. El resto corresponde a partidas varias, incluida la financiación que se adeuda para los Mossos, programas del ámbito social correspondientes a ocupación, sanidad o educación, así como inversiones correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatut que llevan años presupuestadas pero nunca han sido ejecutadas.
Fuentes próximas al vicepresidente catalán insisten en que hoy por hoy mantiene su negativa a asistir al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, aún no convocado. En el Govern argumentan que quieren mantener una relación bilateral con el Ejecutivo central y que, de momento, nada ha cambiado para que tengan que variar de opinión y sentarse en la misma mesa con el resto de comunidades.
