Una encuesta detecta un alud de mudanzas forzosas por el precio del alquiler en Barcelona

Casi la mitad de las personas que se mudaron en Barcelona y su área metropolitana entre 2014 y 2019 lo hicieron en contra de su voluntad. Son los llamados 'desahucios invisibles' y no aparecen en ninguna estadística oficial. Así lo indica una encuesta de la Cooperativa La Hidra en colaboración con el Sindicato de Inquilinos, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que analiza las condiciones de los arrendatarios y ha intentado poner cifras a este fenómeno.

El estudio, realizado a partir de 2.000 encuestas, indica que el 45,8% de las mudanzas se debieron a dificultades financieras por el aumento del precio de la vivienda, a las condiciones deficientes de esta o a que el arrendador decidió finalizar o no renovar un contrato de alquiler. El 65% de los hogares que participaron en la encuesta aseguraron haber cambiado de vivienda una o más veces durante los últimos cinco años.

Este tipo de mudanzas o la inseguridad residencial afectan negativamente a la salud percibida. Los encuestados que han sufrido uno de estos 'desahucios invisibles' o que no tienen ninguna seguridad sobre dónde vivirán en el futuro aseguraron tener peor salud que el resto de personas participantes.

Este efecto negativo es especialmente visible en las mujeres afectadas por este fenómeno, que presentaban una peor salud que las demás. La inseguridad residencial también afecta a los menores, que presentaban un peor estado de salud percibida.

Otra de las conclusiones del estudio, presentado este martes en Barcelona, es que el asedio inmobiliario es una práctica generalizada en la capital catalana. Uno de cada dos de los hogares que participaron en la encuesta aseguraron haber sufrido este tipo de asedio.

Prácticamente la mitad (44,9%) sufrieron la negativa por parte del propietario de arreglar o reparar deteriores de la casa. El 12,8% aseguró que su propietario abandonó la escalera o las zonas comunes para causar molestias. El 11,3% afirmó haber sufrido engaños, amenazas y presiones psicológicas y el 8,4% el aumento ilegal del alquiler durante el contrato.

La media de edad de los entrevistados es de 38 años y buena parte de ellos tienen trabajos cualificados y estudios superiores o licenciaturas. Según los autores del informe, esto demuestra que el mercado de alquiler no solo genera precariedad en los colectivos más desfavorecidos, sino que afecta al conjunto de personas que viven de alquiler en la capital catalana y su área metropolitana.

El 97% de la muestra estaban sujetos a un contrato temporal de alquiler y 8 de cada 10 aseguraron destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler de su vivienda. Un 29% incluso afirmó que dedicaba más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda.