Víctimas de trata sin asilo: “Se me considera inmigrante irregular, como si me hubiera prostituido libremente”

Veruska tiene 31 años y en 2018 se marchó de su Colombia natal para emigrar a Barcelona, dejando atrás a su madre y a un hijo de 15 años. Creía que venía a España para trabajar en una empresa de catering, pero fue engañada y, en lugar de eso, la coaccionaron para ejercer la prostitución. Veruska es un nombre falso, pero detrás de él se esconde la historia real de una víctima de trata, obligada bajo coacción a vender su cuerpo a cambio de dinero.

En España hay 45.000 personas que se encuentran en esta situación (21 millones en todo el mundo). Son los datos oficiales, los que hacen referencia a los casos reportados o identificados. Pero Veruska no forma parte de esta lista, porque cuando logró escapar de la calle y contó su historia a organizaciones como Cruz Roja o a los Servicios Sociales, nadie la consideró como víctima de trata. No le ofrecieron asilo en España, tal como establece la legislación vigente, sino que administrativamente la consideraron una mujer extranjera como cualquier otra, asumiendo que ejercía voluntariamente la prostitución.

“Me trataban como a una migrante irregular y me decían que qué bien que hubiera dejado de prostituirme, pero que ahora tocaba buscarse la vida, como si yo hubiera decidido libremente venir aquí a hacer la calle”, recuerda Veruska. Ella misma, de hecho, se lo creía, al no identificar la coacción que ejercían sobre ella. “No me di cuenta que había sido víctima de trata hasta tres años después”, explica.

El derecho de asilo para las víctimas de trata está reconocido desde el 2012, pero el problema es que muchas no son detectadas a tiempo y no pueden beneficiarse de este trato y, por el contrario, tienen que pasar por el mismo periplo administrativo que cualquier migrante irregular. La principal explicación detrás de esta realidad es que muchas víctimas de trata no consideran que estén ejerciendo bajo coacción, y se resignan a un destino que en muchos casos creen que ellas mismas han elegido. Y esa es la realidad que transmiten a los asistentes sociales, que no detectan la situación real de estas mujeres y no las derivan a las entidades que las podrían ayudar a salir de la calle y a tramitar el asilo.

“A ello se suman todos los problemas psicológicos, de falta de red y de recursos que sufren las mujeres que han sido obligadas a prostituirse”, explica Mireia Munté, coordinadora del proyecto Cope&Hope, que promueve la autonomía personal y profesional de víctimas de trata en Barcelona.

Esta iniciativa, promovida por la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), ha atendido a 41 mujeres desde el 2020. Veruska es una de ellas. 

Si a Veruska la hubieran identificado correctamente en su día como víctima de trata, ahora no estaría en situación administrativa irregular, sino que ya tendría papeles, permiso de trabajo y su hijo podría estar con ella. En lugar de eso, sigue surfeando entre trabajos temporales y mal remunerados y la incertidumbre. 

Fue la décimosegunda trabajadora social que atendía a Veruska quien la derivó a los servicios de trata, pero para entonces ya era demasiado tarde. “Ya no quedaban pruebas”, se lamenta esta joven. Y es que para poder iniciar un proceso de asilo por estos motivos se tiene que poder demostrar que se ha migrado engañada u obligada a ejercer la prostitución. “Hace tres años, cuando pude salir de la prostitución, borré todas mis conversaciones, cambié mi número y eliminé mi Facebook para olvidar esa época”, se lamenta.

Según Paloma Favieres, coordinadora del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es muy difícil detectar a una víctima de trata a tiempo. “Si no se le deniega la entrada y consigue entrar como turista, es muy posible que nadie sepa nunca a qué ha venido”, explica. Según Favieres, la única manera de identificarlas cuando ya han pasado la frontera es a través de una denuncia. “Cosa que rara vez pasa”, dice. 

Engañada por una “amiga”

Este fue el caso de Veruska, que vino como turista, con un billete de vuelta –que nunca estuvo previsto que usase– para 15 días después de su llegada. Ese tiempo fue suficiente para que se desvelarse el engaño. “Ahora entiendo que me atrajeron con chantajes emocionales, aprovechándose mucho del caos que yo tenía en Colombia”, recuerda la joven. Veruska llevaba tiempo queriendo dejar una relación con un hombre “violento y enfermo”, que la agredió en diversas ocasiones, disparó al aire frente a su puerta y hasta llegó a secuestrarla durante una semana. “Sabía que tenía que dejarle, pero si lo hacía, tenía que irme de Colombia, porque es un hombre muy bien conectado y me iba a encontrar”. 

Fue en ese momento que volvió a entablar relación con una antigua amiga de la infancia, a través de Facebook. Ella también quería emigrar a España para trabajar con una tía suya que tenía una empresa de catering. Y le ofreció a Veruska que la acompañase. Pero no solo eso, también le dejó dinero y fue quien compró los billetes de avión.

“Una vez en Barcelona entendí que algo no iba bien, porque esa chica se manejaba bien con los euros y se conocía las direcciones. No era la primera vez que venía”, recuerda. Pasaron dos semanas y la tía no apareció jamás y, cuando Veruska ya había perdido el billete de vuelta a Colombia, se destapó el pastel: no había catering. En su lugar, su amiga le confesó que se prostituía y que si ella quería, la ayudaría. 

“En un primer momento me negué. Pero ahí empezaron las amenazas. Me decía que no olvidara que le debía dinero y que si iba a la policía, le contaría a mi ex que era puta. Y yo no quería eso, porque mi mamá y mi hijo siguen allí y vete a saber lo que les haría. ¿Qué podía a hacer?”. Así empezó todo, ejerciendo en las Ramblas de Barcelona, coaccionada, y cobrando 80 euros por servicio. Al cabo de un tiempo se dio cuenta de que su amiga, que le pasaba servicios “para hacerle un favor”, en realidad le estaba robando y cobrando parte de su trabajo.

Al final, pudo salir de la situación porque su amiga le sugirió mudarse a Menorca para ejercer en una casa, pero a ella le entró “un miedo atroz” y amenazó con llamar a la policía si la obligaba a ir. Su amiga sí fue y hasta la fecha no supo más de ella. Pero Veruska nunca denunció. “Hasta hace poco pensaba que todo había sido decisión mía y que lo malo que me pasó fue mi culpa”, se lamenta. 

Víctimas sin saberlo

Lara tampoco denunció jamás. Tiene 35 años y llegó hace cuatro de Perú, donde trabajaba en tiendas de ropa, con un buen salario que le permitía vivir de manera relativamente holgada. Hasta que su padre enfermó y los gastos en medicinas superaron lo que ganaba. En ese momento, contactó con ella una vieja amiga “muy querida” con la que había trabajado y que hacía años que no veía porque había migrado a España.

“Le iba muy bien, tanto que me dejaba dinero que no siempre le podía devolver. Me ofreció venir a España, pero no me decía en qué trabajaba”, recuerda Lara (también un nombre falso). Finalmente, decidió hacer el viaje, pensando que trabajaría en una discoteca donde, se imaginaba, se ejercía la prostitución. Pero ella creía que sería camarera. 

No fue así. Tampoco trabajó en un club, sino en un piso de Barcelona, con otras cuatro chicas. “Me compraron maquillaje y ropa. Llegaba a las 11 de la mañana y no me iba hasta que no había más clientes”. Ganaba unos 1.200 euros al mes, a 60 euros por cliente, de los que ella se quedaba la mitad. “Llegué a estar con cuatro o cinco en un día. A dos polvos por cada uno, mínimo”, recuerda. La obligaban a estar con todo tipo de personas, “algunos violentos o que venían muy drogados”. Después de un encuentro con un cliente “muy colocado”, hubo un enfrentamiento y llegó la policía. “Echaron la puerta abajo y nos asustamos mucho. A mí me llevaron con ellos porque no traía mi pasaporte encima y se pensaron que estaba allí obligada”, explica. 

Su amiga le hizo borrar las conversaciones de chat y ella le hizo caso. “No quería meterla en problemas. Yo pensaba todavía que me estaba haciendo un favor, que no me quería nada malo”, dice, hoy con una sonrisa resignada y labio tembloroso. “La policía tenía sospechas de que había una red de trata en el piso y yo les conté lo que me había pasado, pero no me consideraba una víctima. Así que ellos tampoco”, cuenta.

Esta situación es, según Paloma Favieres, muy recurrente: “Ellas no suelen identificarse como víctimas de trata, responden a un relato muy inconexo y estereotipado, contando que alguien las ayudó a salir. Nosotros conocemos esos indicios y empezamos a tramitar el asilo, pero muchas veces no son suficientes para la policía”. 

Lara estuvo seis meses más ejerciendo la prostitución y, desde ese momento, cuando la policía aparecía por el piso, le hacían esconderse en la azotea o debajo de una cama. “Ahí fue cuando empecé a entender que no me querían bien ni me hacían un favor”, recuerda. El punto de inflexión llegó cuando ella empezó a salir con un hombre catalán, que no sabía de su situación, a la cual decidió poner punto final cuando a un cliente “supuestamente” se le rompió el condón y nadie hizo nada por ayudarla. Así que decidió recoger sus cosas e irse, sin reparar la deuda que la tenía atada. “No me persiguieron, supongo que por miedo a que denunciara”. Cosa que nunca hizo. 

A la espera de la Ley contra la Trata

La iniciativa Cope&Hope se creó justo en la pandemia para ofrecer cursos de formación y capacitación, así como asistencia psicológica para las víctimas de trata. “Con la Covid la situación de estas mujeres se recrudeció muchísimo. Se pararon las pocas ayudas que había, que de por sí son insuficientes y muy delimitadas en el tiempo”, apunta Munté. Por eso, durante todo el mes de febrero, han realizado una campaña que, bajo el nombre de El viaje más caro del mundo, busca crear una red de alianzas para responder a las necesidades laborales de estas mujeres que, por el hecho de no haber sido detectadas a tiempo, no tienen permiso de trabajo.

A día de hoy, cuentan con una cincuentena de personas voluntarias y algunas empresas que se ofrecen a hacer contratos de jornada completa y un año a estas mujeres, para que puedan acceder a sus permisos. “Pero es complicado: requiere mucho papeleo y todavía pesa el estigma”, explica Munté. 

Ante esta situación, tanto CEAR como Cope&Hope aseguran que, más allá del esfuerzo de las entidades sociales, lo que hace falta es un cambio legislativo, tanto en lo referente a la Ley de Extranjería como a la Ley contra la Trata. De hecho, esta última debía ser llevada al Congreso el pasado enero, según dijeron Unidas Podemos y el PSOE, pero todavía no se sabe nada de ella. Esta propuesta, elaborada por ambas formaciones, incluiría un plan de inserción socio-laboral y aseguraría que la situación administrativa irregular no fuera un “impedimento en el acceso a todos sus derechos como víctimas”, dijeron. Diversas organizaciones han trabajado en la elaboración de propuestas para la ley a través de la Red Española contra la Trata. 

CEAR es una de ellas y, aunque considera que una ley así es necesaria, apunta a que debería hacer más hincapié en mejorar la detección. “Podemos garantizar todos los derechos que queramos, pero si no las identificamos, no servirá de nada”, asegura Favieres. Esta normativa llegará tarde para Veruska y Lara, pero ambas tienen esperanza. Siguen sobreviviendo con trabajos precarios y afrontan sus cicatrices emocionales de la mano de profesionales. Ahora están en plena odisea para conseguir sus papeles y, cuando se les pregunta sobre ello, ambas se ríen, resignadas. Aun así, siguen adelante, sin pensar en lo que pudiera -y debería- haber sido.