Técnicos de la Diputación afirman que un cargo de Convergència imponía su criterio en las subvenciones irregulares

Tres técnicos de la Diputación de Barcelona han explicado este jueves al juez que el exdirector de Relaciones Internacionales del ente durante el mandato de Convergència, Jordi Castells (hoy recolocado en el Govern) imponía su criterio en las subvenciones irregulares a entidades afines al partido nacionalista investigadas, que suman alrededor de un millón de euros.

Ante el magistrado del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, han declarado como investigados este jueves tres técnicos del área internacional de la Diputación, quienes han relatado, según fuentes jurídicas, que Castells aceleraba algunas propuestas de subvención frente a otras e imponía su criterio, si bien han añadido que posteriormente las subvenciones eran revisadas por la secretaría general del ente provincial.

La declaración de Castells y del alcalde de Tordera (Barcelona) y diputado provincial Joan Carles Garcia (PDeCAT) estaba prevista también para este jueves, pero se ha pospuesto para más adelante. El primero es, junto al expresidente de la Diputación Salvador Esteve y el actual diputado de Junts Francesc de Dalmases, el principal investigado del caso de subvenciones irregulares.

El juez encara con las declaraciones la recta final de la instrucción después de que la Diputación haya constatado irregularidades en las subvenciones a entidades afines a Convergència. En el análisis de los expedientes encargado por el juzgado han aflorado viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, “laxitud” en la aportación de comprobantes e “indeterminaciones”. Los informes de la Diputación afianzan las tesis del juez y de los investigadores, consistentes en que tras alcanzar CiU en 2011 el gobierno de la Diputación destinó dinero de la cooperación al desarrollo para que fundaciones y entidades afines al partido ejecutaran proyectos empresariales sin relación con el desarrollo del tercer mundo.

Uno de los expedientes bajo sospecha afecta a los antiguos jefes del servicio de relaciones internacionales de la Diputación bajo el mandato de CiU, así como a los responsables de las entidades CATMÓN e IGMAN, el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y a de Dalmases. El juez ya ha pedido al Parlament que certifique que De Dalmases es diputado en la actual legislatura, lo que supone el paso previo a redactar una exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente para los aforados, le tome declaración como imputado.