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La Constitución española no está totalmente ratificada por el pueblo español

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Imagen de los padres de la Constitución española.

Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

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La política del maquillaje no funciona con la ciencia

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

Porcentaje de ejecución del presupuesto inicial

Porcentaje de ejecución del presupuesto inicial

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¿Por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación científica?

Han corrido ríos de tinta sobre la incomprensible y repetida decisión del Gobierno español de ir disminuyendo la inversión en ciencia, alejándonos cada vez mas de los países de nuestro entorno. Con la excusa de la crisis, se han aplicado recortes tan exagerados que han quebrado líneas y centros de investigación enteras y han forzado a emigrar a miles de los mejores científicos de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha añadido una tortura incomprensible: cada vez cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutar los gastos, por lo que una parte mayoritaria de los presupuestos de investigación (mas del 70% en 2017) no llega a gastarse. Esto, que parecía algo temporal, producto quizá de los reajustes burocráticos de nuestras administraciones, se ha convertido en un mal endémico que está cobrando dimensiones dantescas. El paroxismo se alcanza con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hasta hace poco manteníamos la duda sobre denunciar o no este maltrato y el languidecimiento correspondiente de nuestra labor científica, pero ahora no cabe duda. Prácticamente todos los centros e instituciones se desesperan ante esta situación realmente kafkiana de no poder emplear unos fondos conseguidos en convocatorias abiertas y competitivas o provenientes de sus presupuestos básicos. En suma, tienen disponible un dinero para investigar que no se puede llegar a gastar. La situación en nuestro país es tan preocupante como patética y ya ha sido reseñada en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Es cierto que la ley es una trascripción de una directiva europea, pero no es menos cierto que en los países de nuestro entorno europeo se ha sido capaz de aislar la actividad investigadora de estos requerimientos, conscientes de su importancia y de las características excepcionales de ejecución presupuestaria a la que debe estar sometida el I+D+i.

El 18 de marzo de 2018, más de 300 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (científicos, técnicos y personal de administración) hacen público un manifiesto en defensa de esta institución centenaria que, con nueve centros oceanográficos repartidos a lo largo de todo el litoral español y las mejores instalaciones e infraestructuras para la investigación marina, agoniza por la dificultad para ejecutar sus presupuestos. La incapacidad de los responsables de la institución para adecuarla a su creciente actividad investigadora junto con la incorporación, en 2014, de un nuevo sistema de control del gasto por parte de Hacienda, se ha traducido en una dramática disminución en la ejecución presupuestaria que pasó del 90% en 2013 a apenas el 50% en 2017. Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Estos problemas de gestión y presupuesto hacen que los compromisos que tiene el IEO no se puedan llevar a cabo.

Pero el caso del IEO no es, ni mucho menos, un caso aislado. Tan sólo diez días antes se publicaba un nuevo capítulo de la agonía del mayor centro español de energías renovables. La Plataforma Solar de Almería dispone de millones de euros en financiación, pero no los puede gastar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno desde 2016. Esta situación desesperante y trágica está dejando al límite del colapso a un centro considerado estratégico por la Unión Europea. En este caso no se puede ni si quiera aducir aquello tan utilizado de forma torticera por el actual Gobierno de que hay que establecer prioridades basadas en el inmediato retorno económico de la inversión, ya que de las instalaciones de esta plataforma solar ha salido buena parte de la tecnología que se usa actualmente en las centrales comerciales, en las cuales hay una importante presencia de empresas españolas.

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Científicos excelentes, ¿excelentes mentores?

Carlos es uno de los muchos científicos españoles que llevan ya años en el extranjero. Algo le conminó a hacer su doctorado en otro país. El catedrático con el que había colaborado y que podría dirigirle la tesis le invitó a escribir un artículo “que le ayudaría a reunir méritos para obtener una beca”, aprovechando su dominio del inglés y unos datos de un proyecto previo. El análisis de los datos no acababa de confirmar la hipótesis de partida, algo desafortunado porque “un resultado inconcluyente no se iba a vender igual de bien”. La sugerencia de su supervisor: eliminar dos o tres puntos “que seguramente estaban mal medidos”. Carlos capeó el temporal como pudo al tiempo que conseguía su primer contrato en Alemania, aunque no pudo evitar consolidar una mala relación con “su jefe en España”.

Miguel es un posdoctoral de éxito en un grupo muy competitivo. Hizo la tesis en un grupo bueno y honesto, y con ese bagaje consiguió un contrato en un grupo “de los que publican Natures y Sciences”. Allí le dejaron que tomara mucha iniciativa: el investigador líder, siempre ocupado, le dejaba completa libertad para decidir todo lo que hacía, a partir de esporádicas instrucciones. Al principio se puso muy nervioso, pero cuando consultó a los posdocs más antiguos del grupo comprobó que era algo normal, “y todos publicaban muy bien”. Por desgracia, los resultados no acababan de confirmar las ideas de su jefe. Así que pescó análisis estadísticos cada vez más retorcidos en todos los foros que pudo encontrar, hasta conseguir la deseada significación; y, cuando un par de análisis se resistieron, eliminó un par de datos que estorbaban. Bingo: solo un par de tensas reuniones más y consiguió publicar, gracias a la presencia de su IP en la lista de autores, un artículo en una revista “de referencia”.

Estos dos ejemplos podrían ilustrar el abanico de malas prácticas de algunos investigadores. En un extremo, grupos mediocres en los que el supervisor instiga la manipulación de los datos para conseguir publicar algún artículo con el que maquillar su desempeño como científico. En el otro, grupos ultra-competitivos en los que la rueda de la “producción científica” gira tan rápido que los supervisores no tienen tiempo de hacer su trabajo y se dedican a vender en la mejor revista posible cualquier resultado que corrobore sus ideas del momento. La llamamos cultura de malas prácticas porque instila en los jóvenes investigadores un comportamiento que les acompañará de por vida; y, cuando se resisten a entrar por el aro, condiciona sus oportunidades de promoción y trabajo futuros.

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Lo que no dicen los números: la brecha de género en puestos de liderazgo de la universidad pública

El porcentaje de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior pública en nuestro país ha oscilado alrededor del 41% en los últimos diez años. Sin embargo, la representación femenina en los cargos unipersonales de gobierno de dichas universidades está muy por debajo de este porcentaje. De las 50 universidades públicas españolas, únicamente cuatro (Autónoma de Barcelona, Granada, Huelva y País Vasco) están lideradas por una mujer, apenas el 8% del total.

La presencia de mujeres en la carrera universitaria sufre una drástica disminución cuando se pasa a situaciones laborales más estables y de mayor responsabilidad. Según los datos recabados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 54% de los alumnos de grado, el 58% de los estudiantes de máster y el 50% de los nuevos doctores son mujeres. A partir de este momento, la situación se invierte. Frente al 41% de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior en nuestro país, sólo el 21% de las cátedras pertenecen a mujeres, condición indispensable para ocupar el cargo de rector/a de una universidad.

Esta situación es similar a la que encontramos en Europa y peor que la de Estados Unidos. Según el informe She Figures 2015 de la Comisión Europea en 2013, la proporción de estudiantes y graduadas excedía al de varones (> 50%), pero en el doctorado las mujeres ya representaban menos del 50%, y sólo pertenecían a mujeres un 21 % de las cátedras universitarias (o nivel profesional equivalente en Organismos Públicos de Investigación). Sólo un 17% de las 200 Universidades mejor posicionadas en los ranking internacionales están dirigidas por mujeres (una de cada seis), de acuerdo con un análisis de datos de Times Higher Education  (The World University Rankings, 2016) . De las universidades estadounidenses incluidas en este ranking, un 36% están lideradas por mujeres, mientras que dicho porcentaje en Reino Unido es del 15%. Suecia es el país con la mayor proporción de mujeres liderando universidades incluidas en el ranking de las 200 mejores (4 de sus 6 universidades incluidas en dicha clasificación).

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Sobre la perversión del sistema académico por una métrica pobre de lo que es la ciencia

La formación crítica de nuevos científicos es una tarea esencial

Hace dos semanas explicamos en un post cómo el uso y abuso de métricas simplistas de la producción y el impacto científicos sumados a la lógica capitalista de disminuir recursos para aumentar la competencia y, en teoría, mejorar la calidad, ha dado y está dando lugar a resultados indeseables. Algunos compañeros del mundo académico nos han hecho ver que hacían falta algunas explicaciones más y también que convenía sustanciar mejor algunas afirmaciones vertidas en ese artículo. En este post reafirmamos con más argumentos nuestra visión sobre las consecuencias negativas del abuso de métricas simplistas, y proporcionamos más evidencia para reforzar determinados puntos que generaron controversia –como el aumento de las malas prácticas científicas o del mal tutelaje por parte de los científicos de más prestigio. Los resultados de revisar la evidencia al respecto superaron nuestros peores escenarios.

Entre las principales aclaraciones destaca la de recalcar la importancia de evaluar el desempeño de los científicos. Tal como nos han hecho ver varios colegas, nuestro escrito podía hacer pensar en una lectura rápida o por alguien no familiarizado con el ámbito académico que no estamos a favor de cuantificar el desempeño académico. Nada más lejos de nuestra intención. No ha transcurrido tanto tiempo desde que no se utilizaban métricas de ningún tipo para evaluar a los académicos en países como el nuestro. En aquella época, los proyectos y las plazas de profesores o científicos se conseguían mediante oscuras negociaciones y redes clientelares en las que el desempeño científico era, en el mejor de los casos, tan sólo uno de los componentes. El uso generalizado de indicadores de rendimiento científico (aunque sean tan simples como el número de artículos que se publican en revistas internacionales con sistema de revisión por pares) supuso un salto espectacular y permitió desarrollar una hoja de ruta que redundó en un rápido avance tanto en la productividad como en la calidad de la ciencia española. Los proyectos y las plazas comenzaron a ir hacia científicos, grupos y centros que acreditaban méritos y acumulaban logros objetivos y cuantificables.

Nuestro post era una reflexión sobre algunos de los impactos negativos de las métricas y sobre cómo podemos revertir esta situación Al igual que tras la implantación de los antibióticos es necesario ahora moderar su uso para evitar la propagación de “ superbacterias”, el sistema de evaluación de la ciencia requiere. tras varias décadas de progreso, una revisión de su uso indiscriminado. Esos defectos en la aplicación de los sistemas de evaluación son los que analizamos, con la intención de mejorarlos sin cuestionar la necesidad de evaluación.

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Agricultura familiar y desarrollo sostenible

Familia armenia tras un largo día de cosecha Foto de Narek75

Cada alimento que nos metemos en la boca tiene una historia por detrás. Aparte de su sabor, el alimento trae consigo el lugar donde lo hemos comprado, su zona de producción, su productor y las prácticas que éste ha utilizado para producirlo. Por eso, con cada bocado estamos ingiriendo toda una historia y toda una cultura. Noción esta última muy bien encapsulada en la cita del geógrafo Jean Brunhes “Comer es incorporar un territorio” (" Manger, c'est incorporer un territoire ").

Aunque hay muchas formas de producir alimentos, las prácticas agrícolas responden principalmente a un gradiente que va desde la llamada “agricultura familiar” hasta la “agroindustria”. La agricultura familiar utiliza principalmente el trabajo de los miembros de las unidades familiares y puede ir a su vez desde la agricultura producida para autoconsumo hasta la producción para venta (ver aquí).

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El uso excesivo de métricas y la lógica capitalista pervierten el trabajo científico

El exceso de foco en las métricas de impacto perjudica la calidad de la ciencia

Dentro de los planes para estabilizar los puestos de científicos y tecnólogos que el Gobierno supuestamente pretende incluir en los presupuestos generales de 2018, el todavía ministro de Guindos ha incluido la creación de una nueva “comisión evaluadora del desempeño de la actividad científico-tecnológica”. Esta comisión determinaría cuándo o qué científicos deben ser estabilizados, así como su nivel salarial. Sorprende un poco la necesidad de crear una nueva comisión para evaluar a los científicos, cuando sus funciones ya existen dentro de la ANECA ( Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Científica y Acreditación). Más aún dado que España carece de sistemas consistentes de evaluación para departamentos, universidades y centros de investigación similares a los de otros países de nuestro área (como el Research Evaluation Framework del Reino Unido).

La supuesta necesidad de crear una comisión de evaluación como prioridad parece más bien ahondar en uno de los “ hechos alternativos” preferidos de la Secretaría de Estado de I+D+i: la falta de evaluación y el bajo desempeño de los científicos en España. Los investigadores somos constantemente evaluados en todos los aspectos de nuestra actividad. Y mientras que los salarios de algunos puestos considerados extremadamente competitivos no parecen estar directamente relacionados con su desempeño profesional, como por ejemplo los consejeros del Ibex, la progresión en todos los estadios de la carrera científica (e incluso la posibilidad de tener una carrera, ya que la posiciones académicas son menos cada año) depende de la cantidad y calidad del desempeño del investigador. La productividad es también decisiva para obtener proyectos de investigación, porque se da la paradoja de que la mayoría de la Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) pagan el sueldo de los investigadores, pero dejan en sus manos el obtener recursos con los que hacer su trabajo. Sin olvidar que hasta las propias revistas científicas donde se publican los resultados de la investigación son evaluadas y clasificadas en función del impacto de los artículos que publican.

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La política científica entra en la era de la post-verdad

Financiación de la I+D+i en 2007-17

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un  artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

En artículos anteriores hemos explicado por qué el análisis de Carmen Vela era erróneo o premeditadamente falso. Incluso en su punto más alto, la inversión española en I+D seguía siendo muy inferior a la media europea. El número de investigadores per cápita llegó a igualar la media de la UE28 en 2009, para volver a alejarse a partir de 2011. Y, a pesar de todo, los investigadores españoles mostraron una productividad científica, calidad científica y generación de patentes por euro invertido comparable o superior a la de países de referencia como EEUU, Francia o Alemania. España era uno de los mejores países del mundo para seguir apostando por invertir en I+D pública. Mostraba, eso sí, una crónica falta de compromiso de sus empresas con dicha inversión.

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¡Traed madera! La Unión Europea la puede liar con las renovables

Talando el bosque para madera

En “Los Hermanos Marx en el Oeste” (1940), Groucho insta a los pasajeros a aportar madera para hacer avanzar un tren al mismo tiempo que éste se desintegra. El uso de madera como combustible ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y ha sido responsable de la deforestación de grandes extensiones del territorio a lo largo y ancho del planeta. Una deforestación que todavía hoy continúa, favoreciendo la degradación y pérdida de diversidad biológica precisamente en áreas rurales donde la demanda por madera para calentarse y cocinar es más acuciante – aunque a día de hoy el uso de madera como combustible sea sólo una de las muchas causas de la deforestación.  

 

El Parlamento Europeo está a punto de aprobar la propuesta de  directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, destinada a combatir las emisiones de CO2, que, paradójicamente, podría tener un efecto opuesto al deseado. A día de hoy, un 17% de la energía consumida en la UE proviene de fuentes renovables. La nueva directiva, que probablemente se vote durante la tercera semana de enero, pretende imponer un aumento del uso de energías renovables que llegue al 27-35% para el 2030. Hasta aquí todo muy razonable, ya que todos estamos de acuerdo en que fomentar el uso de energías renovables resulta beneficioso para el medio ambiente y para los servicios que los ecosistemas naturales nos proveen. El problema está en la definición de energía renovable que la nueva directiva pretende adoptar.

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