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Ciencia de todo a cien

Un investigador en laboratorio.

Uno de los mitos recientes más repetidos sobre la ciencia española es que el crecimiento de su productividad no ha ido acompañado de un crecimiento paralelo en calidad. Cuando había más inversión –se argumentaba– publicábamos muchos papers pero pocos "Sciences y Natures". Y cuando la inversión cayó, se concluyó con todo cinismo, lo que lastra la calidad de nuestra investigación no es la falta de fondos, sino "el exceso de investigación de mala calidad".

Como hemos explicado reiteradamente, este mito se apoya en un análisis interesado que ignora el papel de dos variables esenciales: la inversión en I+D, y la infraestructura y capital humano que esta asegura. Los datos demuestran, por ejemplo, que hasta el desmantelamiento de la inversión en I+D impuesto tras la crisis, la I+D de los países del sur de Europa (a los que ciertos medios se referían entonces con el ofensivo acrónimo PIIGS) mostraban una elevada productividad de Europa por euro invertido. Y lo eran trabajando con unos recursos y en unas condiciones que, en manos de un cineasta, se parecerían mucho a los avatares de los personajes de Tocando el viento, Full Monty o Los lunes al sol.

Como la mayoría de nuestros lectores no están familiarizados con nuestras condiciones reales de trabajo, hemos seleccionado algunos ejemplos. Muchos de ellos giran alrededor del mejor aliado de los ecólogos españoles: los bazares que antes llamábamos "de todo a cien". Empezamos a depender de ellos durante nuestros trabajos de fin de carrera, tesinas y tesis. Nos independizamos brevemente de ellos mientras disfrutábamos de nuestra "movilidad exterior", realizando estancias en ese "primer mundo" donde podíamos adquirir productos diseñados específicamente para nuestra investigación o incluso encargárselos a un taller de nuestro centro de investigación. Y, tras volver a España, volvimos a depender de ellos hasta hoy, veinte o treinta años después.

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Con un poco de azúcar (esa píldora que os dan)

A algunas mujeres les duele muchísimo la regla, otras ni se enteran; puede durarles 5 días, 10 o apenas 3; puede venirles cada 30 días, cada 28 o incluso 2 veces al mes, o cada 3 meses. Hay a quien el síndrome premenstrual le pone un humor de perros mientras a otra se le pasa como si nada. Encontramos que cada mujer es un mundo y que el período menstrual, lejos de ser un ciclo cerrado y perfecto de maduración de óvulos es un caos ordenado de hormonas, fluidos y emociones con el que lidian desde niñas. Las mujeres aprenden por experiencia que, también en esto son diferentes; sin embargo, la ginecología insiste en tratarlas uniformemente; entramos en la era de la medicina personalizada pero los tratamientos se aplican de forma sistemática y protocolaria, casi robótica. Un ejemplo sangrante es la píldora anticonceptiva: no a todas las mujeres les sienta bien; de hecho a algunas les sienta muy mal; para algunas puede incluso resultar fatal.

El anticonceptivo oral se comercializa por primera vez en 1969, en Canadá; una píldora maravillosa que permitía prevenir eficientemente el embarazo. Estas primeras píldoras, ensayadas en circunstancias de dudosa ética, ya presentaban importantes efectos secundarios, que fueron entonces totalmente despreciados por los investigadores [1]. En los primeros ensayos se identificó un considerable incremento en el riesgo de sufrir problemas vasculares; eran frecuentes la aparición de náuseas, mareos y jaquecas. Estos efectos adversos, y otros tantos, se han ido confirmando a lo largo de 50 años de uso, aunque esto no ha impedido que se receten a millones de mujeres por todo el mundo. La balanza entre el control de natalidad y unos leves efectos indeseados se decantó hacia su uso.

Actualmente cada envase de píldora anticonceptiva se vende junto a un prospecto extenso y farragoso que ha ido ampliándose con los años; ¿lo leerá alguien? Porque si lo leyeran quizá lo pensarían dos veces antes de tomarla: los riesgos son considerables. Las mujeres reciben su receta de forma sencilla y, sin demasiada información, inician un tratamiento indefinido que puede ser una bomba de relojería para ellas. Si los efectos secundarios están claramente documentados y recogidos en un prospecto, ¿por qué nos comportamos como si fueran irrelevantes? [2] ¿Quizá para satisfacer a un negocio farmacéutico millonario?

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Y la ciencia, ¿pa' cuando?

Después de varios meses de inactividad, demoscopia y tacticismo partidista, estamos a apenas unos días de la fecha definitiva. Los partidos autodenominados progresistas tenían que decidir antes del martes 17 si serían capaces de negociar una coalición para formar gobierno, o si abandonaban toda pretensión de hacerlo en el futuro cercano y nos abocan a nuevas elecciones. El problema, mil veces repetido, es que mientras el tridente Sánchez-Calvo-Ábalos juega al escondite con sus propios votos, el país en general, y la administración pública en particular, acumula ya años de parálisis y desmantelamiento. Seguimos viviendo de las rentas, pero estas rentas se acaban.

La situación es tan crítica que hasta se hace difícil hablar de ciencia e innovación. Con la brecha social creciendo sin detenerse, familias enteras condenadas a no salir nunca de la pobreza extrema, el acceso a la vivienda convertido en una emergencia social, una sanidad y una educación en las que se utiliza un deterioro programado mediante recortes para justificar y financiar su creciente privatización, una justicia totalmente desprestigiada por la infiltración partidista y sectaria, y una corrupción inacabable que nos cuesta 90.000 millones de euros al año (casi 6 veces más que la inversión anual en I+D), cuesta creer que nuestra investigación puede tener una mínima relevancia dentro de la serie de reformas urgentes que tendría que abordar el nuevo gobierno.

Y, sin embargo, la tiene. No solo por ser la pata en la que todo lo demás se sostiene, reactivando la economía a través de la creatividad y la innovación, aportando bienestar a través de la mejora de los tratamientos médicos y las intervenciones sociales, ayudando a alcanzar una alimentación y un ambiente sano (y a identificar cuándo nos están ocultando su deterioro), refinando las técnicas de enseñanza, identificando procedimientos legales y políticos para mejorar la justicia y la equidad, y haciéndonos en suma más cultos y felices. También, y sobre todo, por su valor estratégico y simbólico – ya que, cuando un gobierno la cuida y la fomenta, manda el mensaje claro de que han vuelto a cambiar las normas del juego y vuelven a imperar unos valores de los que podemos sentirnos orgullosos.

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Verdades, mentiras y la opinión sesgada sobre datos y hechos

Manifestantes contra el cambio climático.

Hace tiempo nos proponían participar en un debate supuestamente crítico sobre la evolución biológica en una mesa redonda que incluía a algunos altos responsables de la Iglesia Católica. La equidistancia y el relativismo lo admite todo. Podemos hablar de casi cualquier cosa, aunque los biólogos evolutivos y los obispos nos movamos en mundos muy alejados y de improbable intercambio y comprensión recíproca. Sin embargo, decidimos que, lógicamente, sólo cabía rechazar la invitación. ¿De qué vamos a hablar con esos señores? (Eran todos hombres, claro). La gente de ciencia nos movemos en el marco de la razón, del método científico, de la argumentación basada en evidencia contrastable y de la discusión ordenada. Fuera de ese marco, íbamos a ser solo unos tertulianos más, hablando de cualquier cosa y sin que necesariamente seamos más autorizados y confiables que cualquier otro ciudadano. Con nuestra presencia estaríamos legitimando la postura de quienes rechazan el debate honesto al aceptar un intercambio de opiniones vacío de su elemento principal: el contraste con los hechos. Puede que nos equivocáramos al rechazar la invitación.

Por supuesto que no fuimos los primeros que nos enfrentábamos a esta decisión. Es muy conocido el debate que se produjo sobre evolución y creacionismo, hace unos años, entre Bill Nye, comunicador científico, y Ken Ham, presidente del Museo de Kentucky sobre la Creación. Como muchos críticos ya anticiparon, el gran ganador fue Ken Ham. A pesar de la vacuidad de sus argumentos, la mera celebración del debate consiguió presentarlo en pie de igualdad con los científicos de su época.

Algo hemos aprendido los científicos de aquel debate, pero mucho más ha aprendido el negacionismo populista. Esta tendencia mediática y política que niega el cambio climático y la injerencia humana en procesos globales, con líderes tan señalados como los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, no sólo ataca frontalmente la evidencia científica en cualquier tema que comprometa su intereses. Esta opción política está aplicando una agenda de desmantelamiento sistemático de la actividad científica y la enseñanza superior. El ataque sistemático a la CAPES brasileña es un buen ejemplo de ello. No por casualidad, las tesis del programa CAPES que han sido premiadas versan sobre el Amazonas. Y en España esa tendencia está ganando fuerza de forma acelerada – ahogando en el ruido mediático a los expertos e intelectuales incómodos, mientras se deifica la opinión técnica del mandarinato económico.

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Catedráticos sin experiencia docente ni de gestión

Como casi cada año, este verano hemos vuelto a ser testigos de un nuevo coro de críticas a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el organismo encargado de mejorar la gestión de la calidad en las Universidades españolas. Durante varias semanas, la ANECA ha acaparado titulares y noticias. Todos tirando piedras contra ella porque una serie de buenos investigadores no han recibido la acreditación para catedráticos. Tono de escándalo y desesperanza en afectados y periodistas. Propuestas de revisión de los procedimientos, o incluso de cierre, de la Agencia y estupor en los que están fuera de nuestras universidades públicas. Sí, es cierto, no parece razonable lo que ha ocurrido, y podemos concluir que hay que revisar y mejorar los procedimientos de evaluación. Pero tampoco se puede dejar de reconocer lo que las acreditaciones han supuesto para un tejido universitario que, tras cuarenta años de franquismo, estaba profundamente afectado por los tan ibéricos vicios del nepotismo, la endogamia y el provincianismo académico. ¡Memoria, por favor! 

Debe ser como el mito del escorpión, va en nuestra naturaleza picar y, en este caso, olvidar de dónde venimos y lo que el sistema de acreditación ha supuesto. El sistema actual de evaluación está plagado de problemas, sin duda. Pero debemos recordar por qué se lanzó y cuál era el desierto que exigió a gritos algo similar a lo que tenemos con la ANECA. Y debemos también reconocer que la mayoría de esos problemas no proviene sino de la inercia del sistema anterior, el mismo que trataba de corregir, y que se puso rápidamente en movimiento para descafeinar cada incremento de exigencia que iba tratando de incorporar la Agencia. Y que reformar la ANECA o suprimirla no va a solucionar los tres principales problemas del sistema español de contratación del profesorado universitario: la burocratización, la incoherencia legislativa y la endogamia

El sistema de acreditación simplemente proponía dar una etiqueta de reconocimiento a aquellos trabajadores del ámbito universitario que presentasen hechos objetivos para que se les reconociera su desempeño, superando unos mínimos bien definidos. De esta manera se trataba de evitar lo que había sido la norma hasta entonces, y el camino para desarrollar una carrera en la universidad española de mediados del siglo XX: la pleitesía, la lealtad, el respeto irracional al maestro (lo sentimos, pero casi siempre eran hombres) y su resultado más fácil de detectar y que sigue poniendo en pie de guerra a toda la sociedad: la endogamia casi absoluta. Un sistema que tejía una red de dependencias que garantizaba el futuro profesional de los que aceptaban las reglas del juego y que convertía (y aun convierte) a nuestra universidad en una de las peores del llamado mundo desarrollado. 

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Saltándose acuerdos internacionales, el nuevo gobierno municipal de Madrid se aleja del conocimiento científico

Madrid Central.

Los pactos que han suscrito los tres partidos de la derecha española para sacar de su puesto a la última alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, van completamente en contra de las directrices y acuerdos internacionales que ha firmado España en general y Madrid en particular en materia de medio ambiente y salud. Estos pactos, que pueden verse resumidos aquíaquí, van más allá de saltarse acuerdos internacionales como el de París sobre cambio climático, o las directivas europeas en esta materia que Bruselas nos recuerda constantemente. Se saltan la evidencia científica sobre los problemas para la salud tanto de las personas como del planeta que se generan con el tráfico anterior a Madrid Central. Eliminar Madrid Central, soterrar la Gran Vía, construir infraestructuras en Madrid Norte o en la A-5 que pretenden incrementar el tráfico en el centro de esta gran ciudad son propuestas insostenibles en pleno siglo XXI, por mucho que hayan sido promesas electorales.

Estas propuestas, negando la contribución de Madrid al cambio climático y el impacto de una atmósfera sucia sobre la salud, van exactamente en contra de todos los acuerdos entre los alcaldes de las principales ciudades del mundo y en contra de todas las iniciativas que aglutinan ciudades de distintas regiones del planeta. Porque no hay ni una sola red o consorcio o agrupación de ciudades que se hayan reunido para emitir más carbono a la atmósfera, para exponer más a las personas a las partículas y gases resultantes de la quema de combustibles fósiles, ni para facilitar el tráfico de un número creciente de vehículos a expensas de contaminar localmente y activar el calentamiento de la atmósfera a nivel global. Ni una. Y existen muchas para todo lo contrario, como el pacto global de los alcaldes del mundo o la red C40 y el CDP-Cities a nivel internacional y la Red Española de Ciudades por el Clima a nivel nacional. Redes estas últimas en las que, como es lógico, está Madrid. ¿Pensará el nuevo equipo municipal dar de baja a Madrid en todas estas alianzas, redes y pactos nacionales e internacionales por la salud de las personas y del planeta?

El 1 de julio es la fecha anunciada para suspender Madrid Central. Eso a pesar de que la medida ha servido para reducir los niveles de óxidos de nitrógeno en 14 de las 24 estaciones y de que, en promedio, las concentraciones de este peligroso contaminante atmosférico se han reducido una quinta parte. De hecho, los valores de dióxido de nitrógeno y de partículas sólidas en Madrid Central durante los meses de abril y mayo de 2019 han registrado los mínimos históricos en tan sólo seis meses de funcionamiento y el temido efecto borde o frontera, por el cual las zonas aledañas a Madrid Central verían incrementada la contaminación, no sólo no se ha registrado sino que más bien al contrario, las zonas próximas a Madrid Central han mejorado también su salud atmosférica.  Recordemos además que Madrid Central es, con diferencia, una de las Zonas de Bajas Emisiones más pequeñas de las establecidas en las principales capitales europeas. Como mostraba un artículo reciente de Ballena Blanca, es más de cuatro veces menor que la de Ámsterdam –que tiene la cuarta parte de habitantes que Madrid-, casi 19 veces menor que la de Berlín –que sólo es un 10% mayor que Madrid-, y ¡1,580 veces menor! que la de Londres, una ciudad que triplica la población de la capital de España. Todo este disparate generado por el anuncio del nuevo equipo municipal ha generado una rápida e intensa reacción social, con diversas iniciativas populares en marcha para detener la reversión de Madrid Central, entre las que se encuentra la de change.org  

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La agricultura en el siglo XXI: ¿verdugo, víctima o nodriza?

Mazorcas de maíz

La sociedad actual, mayoritariamente urbana y cada vez más alejada del mundo rural, tiene serios problemas para entender lo que pasa en el campo. Y cuando hablamos de "el campo" no nos referimos a esas zonas en las que la naturaleza está más o menos bien conservada y puede ser objeto de atractivas excursiones y paseos. Nos referimos a ese enorme porcentaje de tierras dedicadas a la producción de cultivos o pastos, un 50% a nivel de España y un 37% a nivel mundial. En general, vivimos de espaldas a lo que ocurre en ese ámbito rural del que depende nuestra manutención. Mucha gente percibe la agricultura como una actividad explotadora que destruye recursos naturales y contamina el medio ambiente. Otros la ven  como una actividad bucólica, en contacto con la naturaleza, alejada del ajetreo de las ciudades. Ni lo uno ni lo otro. Como suele ser el caso. 

Ciertamente, la agricultura es un ávido consumidor de recursos renovables y no renovables y una fuente de numerosos impactos ambientales: agua, suelo, combustibles fósiles, fertilizantes, plaguicidas. A comienzos de este siglo la agricultura empleaba el 70% de toda el agua utilizada en el mundo. En muchos de los países más pobres, el agua empleada en agricultura ya llega al 90%. Se estima que el agua destinada al riego aumentará un 14% para 2030 por lo que  la escasez de agua resultante de una mayor demanda y de una menor disponibilidad por el cambio climático será cada vez mayor y en algunas regiones llegará a limitar totalmente la producción de alimentos. En un reciente informe global sobre la salud del planeta, las Naciones Unidas indican que la calidad del agua ha empeorado significativamente desde 1990 debido a la contaminación orgánica y química ocasionada por, entre otros, los fertilizantes, los plaguicidas y los metales pesados. Por otro lado, la fertilidad de los suelos se va perdiendo como consecuencia de la realización de prácticas agrarias inapropiadas y de la consiguiente erosión hídrica y eólica. Sólo en Andalucía se ha estimado que casi un millón de hectáreas están sometidas a unas pérdidas de suelo altas o muy altas. En lo referente al cambio climático, la agricultura es un importante emisor de CO2, N2O y metano, tres de los principales gases de efecto invernadero. Por otro lado hay que considerar la preocupante situación de los humedales, un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. El desarrollo de la agricultura, y en concreto la agricultura de regadío, se considera la causa principal de la reducción de estos valiosos ecosistemas. Todos estos hechos nos ofrecen, a primera vista, la imagen de la agricultura como un peligroso verdugo del medio ambiente. 

No obstante, se trata de un verdugo que da de comer a 7.500 millones de personas y del que esperamos pueda seguir dando de comer a los 10.000 millones que vivirán en el planeta dentro de treinta años. Aunque no esperamos estar por aquí para esa fecha, nos gustaría que nuestros hijos y nietos no tuvieran la desagradable sensación de acostarse con el estómago medio vacío. La verdad es que, hasta el momento, este verdugo ha sido bastante hábil para ir satisfaciendo nuestras necesidades a pesar de que no paramos de crecer. Durante las últimas décadas los avances científicos y tecnológicos de la agricultura han permitido un crecimiento continuo en la producción de alimentosEl consumo de alimentos por persona y día ha crecido rápidamente en prácticamente todos los países del mundo, mejorando el bienestar de nuestra especie. En los últimos veinte años la desnutrición y la pobreza extrema en el mundo se han reducido un 50%. Sin embargo, estas tendencias se pueden romper como consecuencia del cambio climático. Las estimaciones actuales indican que la producción agraria disminuirá hasta un 25% en grandes zonas de África, en el suroeste de Asia y en el sur de Estados Unidos y Méjico. El verdugo es a su vez víctima del desarrollo de una sociedad cada vez más urbana y tecnificada. 

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Delitos ambientales: cuando los ecólogos se meten a peritos

Recorte del diario La Vanguardia de un caso de contaminación de aguas en 1989

Es habitual que los científicos realicen asesorías y peritajes en los ámbitos de su especialidad. Diversos ecólogos hemos tenido que asesorar a las administraciones públicas y a las empresas en materia de medio ambiente. Pero la experiencia sube de tono cuando toca actuar como peritos en los tribunales ante juicios sobre delito ecológico. Si alguien no lo ha hecho nunca, se lo recomendamos.  Aunque con moderación. En el caso de Narcís Prat fueron más de 10 años y casi 100 juicios, de manera que al final ya no era no tan divertido y emocionante.  ¿Cómo se mete uno en tal berenjenal? En el caso de Narcís (estamos hablando de 1989) por cansancio e impotencia.  Estar estudiando ríos, ver cómo siguen contaminándose, cómo la Administración mira para otro lado y las empresas se resisten a dejar de contaminar te saca de quicio. Era casi un deber cívico, ya que no hacen caso por las vías científicas o de difusión que había en su momento (noticias en blanco y negro en los periódicos), a ver si se puede hacer algo real para solucionar un problema real. 

Lo primero que sorprendió fue el desbarajuste que había en los juzgados de Barcelona. Para ir a una sala del juico, al principio, pasabas por pasillos llenos de mesas con multitud de legajos, recovecos con armarios llenos a rebosar y llegabas a una sala para el juico que no tenía nada que ver con las series americanas que se veían en la televisión. Después sorprendía la ignorancia de los presentes sobre el tema. Cuando hablabas de DQO (demanda química de oxígeno) era como hablar de magia, muchas de las intervenciones eran casi clases para que los jueces, los abogados de la defensa y los asistentes entendieran algo de contaminación de las aguas. Cabe decir que Narcís era perito del fiscal de delitos ambientales de la Fiscalía Superior de Catalunya. También podía haber cierta tensión ya que se encontraba con otros colegas, también catedráticos (algunos de su propia Facultad) en el bando de la defensa intentando demostrar que un vertido de Cromo hexavalente no era tan grave y que la industria de los curtidos tenía unas depuradoras fisicoquímicas excelentes (que "sólo" echaban al rio un contenido de amonio de 50 mg/l). Explicar la relación entre amonio y amoníaco, su dependencia del pH y como esto incidía en la mortalidad de los peces no era sencillo, pero Narcís fué aprendiendo a ajustar el discurso y a discutir con sus colegas sobre el tema. En algunos momentos no fue fácil y un perito de la defensa le llegó a calificar como "Terrorista Ambiental". 

El papel de los jueces es algo que todavía hoy nos confunde, como un mismo análisis del agua con resultados similares puede ser motivo de dictar una sentencia absolutoria o culpable según el juzgado, (por ejemplo, el Penal 1 y 2 de Sabadell). Nos confunde ver cómo la sentencia puede ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que este diga lo contrario del Penal que sentenció a favor o en contra y luego pueda ser recurrida por el fiscal a la Audiencia o al Supremo y que vuelva a dar la razón al juzgado (o al revés). Las sentencias no eran fáciles de leer, algunas tenían más de 50 páginas y ya en la página 6 estabas medio perdido y te ibas al final, al fallo. Hay que decir que había jueces muy interesados que se estudiaban a fondo el caso, pero también otros que ya desde el principio se les veía que habían decidido la sentencia fuera cual fuera el peritaje

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Ciencia en positivo: Yes, we can!

Edificio de la Universidad de Cádiz

Hace cosa de un mes coincidimos con dos investigadores muy jóvenes y brillantes de nuestra abarrotada diáspora internacional. Los conocemos bien porque han trabajado en el entorno de nuestro departamento y sólo cabe decir que son realmente buenos. Al preguntarles por su futuro nos comentaron que habían conseguido sendos contratos Ramón y Cajal, que, para quien no lo sepa, son la joya de la corona de un sistema de captación de talento científico organizado y financiado por el ministerio de turno (nuestras excusas por no completar el nombre, porque la ciencia ha pasado por cuatro ministerios diferentes en las últimas dos décadas, y con las elecciones anticipadas encima, cualquiera se aventura con el nombre del próximo). 

Ya hemos escrito muchas veces sobre las dificultades para desarrollar una carrera investigadora en nuestro país y lo paradójico que resulta que, como leíamos el otro día en El País, más del 50 % de los profesores universitarios no investiga nada o casi nada, y por otro lado nuestros investigadores postdoctorales (o “postdocs”) son investigadores muy valorados internacionalmente. Nuestros postdocs se cuentan entre los candidatos más cualificados y de mejor desempeño en el mercado internacional y, sin embargo, no hay manera de traerlos de vuelta de una manera digna. El programa Ramón y Cajal cuenta con una financiación escasa y la incorporación final de los contratados en el sistema de I+D+i de nuestro país es bastante incierta, pero sin duda consigue el objetivo de atraer y retener a una fracción de los mejores científicos. Se trata de un sistema extraordinariamente competitivo que permite retornar a lo mejor que hay por ahí fuera, retener algo del talento que ya volvió, e incluso atraer investigadores extranjeros con trayectorias prometedoras. Un sistema que por fortuna se ha mantenido de forma transversal independientemente del color político del ejecutivo, aunque con las obvias dificultades de financiación introducidas con la excusa de la crisis y mantenidas hasta ahora. Podemos estar orgullosos de algunas cosas que se hacen razonablemente bien en este país. 

Al preguntarles a qué institución iban a incorporarse con sus contratos nos comentaron de forma coincidente que a la Universidad de Cádiz. La verdad es que alucinamos; más allá del clima, los paisajes, la gente y la historia, factores nada desdeñables para elegir un lugar para vivir, no hubiéramos pensado en esta universidad como primera opción para desarrollar una carrera investigadora de vanguardia internacional, al menos en las áreas de trabajo de estos jóvenes, donde el número de investigadores allá es relativamente bajo. Aunque casi cualquier rector o rectora de una universidad española en su discurso inaugural de curso académico habla siempre de la excelencia en la investigación y del compromiso para captar y retener talento, no suele haber medidas concretas y, desde luego, ninguna valiente. Pues sí, hoy traemos un caso de éxito, una constatación de que sí se pueden adoptar medidas concretas, valientes y eficaces para atraer y retener talento científico joven. Estos chicos no van a Cádiz sólo por las bondades del lugar, si no, sobre todo, porque la universidad ofrece un plan realmente ambicioso y moderno de captación de talento.

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La chirigota de los científicos

Máscaras de carnaval

Los científicos españoles estamos en la duda de si componer una chirigota carnavalera, para aliviar con cierto humor nuestros pesares, o hacernos directamente el harakiri ante nuestra desesperación. Aunque la Ley de la Ciencia del año 2011 abría un abanico de soluciones a los problemas de estructura y funcionamiento de la I+D de nuestro país, los sucesivos gobiernos la han incumplido reiteradamente desde su aprobación. A estas alturas seguimos rogando una y otra vez que se cumpla lo que la ley ordena. Incluso en algún momento se nos ocurrió proponer algunas mejoras a esta Ley. ¡Que derroche de optimismo! Con las prisas de un Gobierno que se cierra, el 8 de febrero de este año se aprobó un Real Decreto de medidas urgentes en Ciencia que se proponía atajar algunos incendios inminentes y los problemas más flagrantes a los que se enfrenta el ejercicio de nuestra profesión. El Decreto nació apresurado e incompleto y ahora no estamos seguros si será posible convalidarlo antes de que se disuelvan las Cortes por el adelanto electoral [1]

Otro esperado Real Decreto, el que debe homologar las retribuciones de las ya homologadas escalas científicas de los organismos públicos de investigación (OPIs), ni siquiera ha visto la luz. A pesar de que la Ley de la Ciencia lo obliga, ni el breve Gobierno de Pedro Sánchez ni el anterior de Mariano Rajoy, lo ha publicado. Ni siquiera lo ha logrado una sentencia del Supremo. La situación es tan anómala que no sólo existe una falta de equiparación entre distintos OPIS sino que incluso en el OPI más grande, el CSIC, coexisten en la plantilla científicos en circunstancias muy diferentes, 50 de ellos en situaciones tan irregulares e injustas que no dudan en considerarse como "apestados" dentro de su propia institución. El funcionar a golpe de Decreto, sumado a la existencia de carreras profesionales paralelas y no unificadas entre los distintos OPIs y el arrastrar sin reconocer ni aclarar situaciones kafkianas en los sucesivos cambios políticos lleva a tremendas injusticias en el reconocimiento profesional

En la práctica, nuestra actividad científica lejos de ser apoyada y facilitada (como ocurre en numerosos países, no olvidemos que traemos fondos competitivos por ejemplo de la Unión Europea y que aportamos patentes y contribuimos al bienestar social) se ha ido convirtiendo en una carrera de obstáculos ante la que no sabemos si reír o llorar. O quizá debamos entrenarnos de otra forma, y en lugar de hacer estancias en laboratorios y centros de investigación extranjeros debamos pasar más tiempo en centros deportivos de alto rendimiento y aprender a lidiar con yincanas de todo tipo. La realidad es que no la ley, sino la particular aplicación o directamente la falta de aplicación de la ley, nos ha colocado en una categoría inferior de la liga internacional de la Ciencia. Y aquí seguimos jugando en tercera división, con los ánimos por los suelos al ver sentencias que no se cumplen, fondos paralizados de nuestros proyectos por la falta de acuerdo político en los presupuestos del Estado, jóvenes investigadores excelentes que donamos generosamente a Estados Unidos, Alemania o Japón, y las mejores horas de cada uno de nuestros días invertidas en cumplimentar más y más formularios, cuya mera cumplimentación nos ocupa buena parte del tiempo que disponíamos para investigar. Quizá tengamos mucho que aprender de la actitud y del optimismo de la Agrupación Deportiva Ceuta Futbol Club o del Club Deportivo Don Benito, que, aun siendo de tercera división, han salido al campo dispuestos a verse las caras con el Real Madrid o el Barça en la presente edición de la Copa del Rey. 

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