La Junta recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula el plan de recursos humanos de los conductores públicos
Una vez más, el Gobierno de María Dolores de Cospedal está dispuesto a seguir hasta el final para luchar por sus decisiones. No contento con las sentencias que han recibido con anterioridad por parte de la justicia, como en el caso de los interinos despedidos, en el que se esperó hasta el final para conceder las indemnizaciones a los afectados, el Ejecutivo parece no aprender y recurrirá la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula el Plan de Recursos Humanos del Parque Móvil.
A pesar de que la sentencia es escueta y directa al señalar que el Gobierno no obró “de conformidad con normas legales”, al indicar que los conductores debiesen cumplir “obligaciones no derivadas de su contrato”. No sólo esto, pero la sentencia señala que la justificación presupuestaria que presentó el Gobierno estaba basada en “irregularidades” y que no servía ni de forma valorativa o explicativa. En este sentido, el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha señalado que el Tribunal ha llevado a cabo una interpretación “errónea”. Así, indican que “el artículo 37.3 de la Ley de Presupuestos establece con claridad que no hay razón para solicitar el informe cuando el propósito razonado y debidamente argumentado es el de reducir costes”.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha defiende que las medidas que se han tomado, como la modificación del Parque Móvil regional, es parte de las normas de eficiencia en el gasto, por el que se eliminaba el 50% de los conductores de altos cargos, se reducía la plantilla de laborales temporales y se eliminaba el 20 por ciento de la flota de automóviles. El Gobierno insiste también que se la “recolocación” de los trabajadores se “pactó con los sindicatos”.
“El número de conductores oficiales había ido creciendo desde el año 2000 en la región de forma imparable, hasta el punto de que en 2005 se duplicó el número de coches oficiales, pasando de 128 a 253”, ha señalado en nota de prensa el Gobierno de Castilla-La Mancha, para explicar luego que la reducción de los conductores oficiales de la Administración se debía únicamente a motivos económicos, organizativos y “de mejor gestión”.
