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“El Pacto de Estado contra la violencia de género debe tener un impulso, queda mucho por hacer”

Antonio Seguido

Francisca Bravo Miranda

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Cira García es magistrada en el único juzgado exclusivo de violencia de género de toda Castilla-La Mancha y fue una de las ponentes en la jornada 'Protección e intervención integral contra la violencia de género', de formación a delegadas y delegados sindicales de Comisiones Obreras. “Gracias por explicar que se puede llevar a cabo otro tipo de justicia”, agradecía una de las asistentes al evento al terminar.

“Quería trasladar en qué punto jurídico nos encontramos en cuanto a la violencia de género”, explica García, que afirma que se debe reformar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para adaptarla al Convenio de Estambul.

El acuerdo alcanzado por el Consejo de Europa, explica la magistrada, establece un concepto “mucho más amplio” al que se prevé en la ley estatal, en la que sólo se considera violencia de género a la ejercida en el contexto de la pareja o la expareja. Sin embargo, en el Convenio de Estamubl “da un paso más” y dice que toda “violencia que se ejercita contra una mujer por el hecho de ser mujer” es violencia de género, independiente de si existe un vínculo emocional o no. “Esto supondría que todos los delitos de violencia contra la mujer serían violencia de género”, reflexiona.

De este modo, deberían ser asumidos por los juzgados especializados en violencia contra la mujer y “eso es lo que se busca dentro de lo posible”. “No hay otra opción, se necesita una reforma legislativa, modificarse [la ley] y atribuir la competencia a los juzgados de violencia”, explica, para que las mujeres puedan tener derecho a una casa de acogida, una renta de inserción social o cualquiera de los derechos que les confiere la Ley orgánica nacional.

¿Hay casos que la ley pasa por encima? “Pues por ejemplo, en el caso de los suicidios. Muchas veces, no se indaga para ver cuál es la situación que puede haber sido una situación de violencia de género. Son casos que no están contabilizados, en pocas ocasiones se investiga para ver si detrás de los suicidios hay una situación de violencia de género”, lamenta García. En este sentido, también recuerda que hay un incremento del número de agresiones sexuales “y no necesariamente es entre parejas y exparejas”, y que este aumento es “considerable”, según las estadísticas del Poder Judicial.

Impulso de la reforma

“Son los partidos los que deben impulsar esta reforma. Necesita de un consenso político muy amplio, recordemos que esta ley fue una de las leyes que se vio reforzada especialmente por un consenso y unanimidad absolutos. La reforma es un proceso legislativo mucho más duro”, asegura la magistrada.

Pero no basta con la reforma de la Ley, explica García. “Necesitamos más juzgados especializados, más políticas dotadas presupuestariamente, más puntos de encuentro para intercambio de menores, más servicios de atención. Todo lo que hay se puede mejorar y el Pacto de Estado va en esa línea, pero el Pacto de Estado contra la violencia de género debe tener un impulso, queda mucho por hacer”, advierte.

En esta línea, señala que “lo más urgente es trabajar la igualdad en educación, la concienciación y sensibilización, incentivar el número de denuncias”. Pero no cualquier denuncia, explica, sino especialmente trabajar aquellas que vienen de “terceras personas” pues es todavía “muy bajo”. ¿Falta implicación de la sociedad? “Al final, lo que ha ocurrido es que la violencia de género se ha tratado como un problema de puertas adentro y hemos tardado en darle visibilidad. Por eso no ha trascendido”, explica la magistrada.

En cuanto a las quejas masivas en contra de la “justicia patriarcal”, Cira García reflexiona que uno de los objetivos del Consejo de Poder Judicial es que se de cumplimiento a la Ley Orgánica que es la que habla de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que el cumplimeinto de las normas jurídicas deben darse con igualdad y perspectiva de género. “En eso estamos formando a jueces, juezas, magistrados y magistradas, con una perspectiva que sea libre de estereotipos de género, que finalmente no es otra cosa que aplicar la Ley”.

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