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Piden a la Junta que rectifique su oposición a la Ley de Memoria Democrática regional

En Castilla la Mancha existen unas 8.000 personas desaparecidas sepultadas en fosas comunes

El Gobierno de Castilla-La Mancha se opuso a la tramitación de la norma impulsada por Podemos alegando que supondría "un aumento de crédito presupuestario

El texto propuesto por Podemos ha sido criticado por varias asociaciones memorialistas quienes lamentan "incongruencias" y no haber sido consultadas

Exhumación de una fosa

Exhumación de una fosa Europa Press

Organizaciones Memorialistas, Republicanas y contra la impunidad del franquismo, un total de 14 (Ciudadanos por la República de Cuenca, Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo (ARDF-Desaparecidos), Unidad Cívica por la República (UCR), Federación de Republicanos (RPS), Plataforma Republicana de información Colectiva (PRIC), IRE-Iniciativa Republicana Española, Foro Canario de Víctimas del Franquismo (FCVF)); Sindicales (STE-CLM, CGT Cuenca y Comarca de la Mancha), y Políticas (Podemos, Izquierda Unida Provincial de Cuenca, UJCE-Cuenca, PCE (m-l))  han suscrito un comunicado conjunto para “mostrar su enojo, indignación y repulsa frente al lamentabilísimo acuerdo adoptado el pasado 18 de octubre de 2016 por el Consejo de Gobierno de Castilla la Mancha” por el que el ejecutivo regional decidió “manifestar su oposición a la tramitación de la Proposición de Ley de Memoria Democrática de Castilla La Mancha”.

La Proposición de Ley fue registrada en las Cortes Regionales el pasado 7 de septiembre de 2016 por el Grupo Parlamentario de Podemos que encomendó su elaboración al colectivo republicano conquense con el objetivo de ampliar y superar la vigente e insuficiente Ley de Memoria Histórica, derogada "de facto" por el Gobierno de la nación al no dotarla presupuestariamente, para dar cumplimiento tanto a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado Español y que, apuntan estos colectivos, con de "de preceptiva observancia", como a los dictámenes del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y a las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos. 

Las organizaciones firmantes han considerado “asombroso y bochornoso" que mientras que otras Comunidades Autónomas como la Valenciana, Andalucía o Aragón están impulsado legislación memorialista para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Gobierno de Page opte por "mantener  las calles llenas de símbolos y menciones franquistas y a los desaparecidos en las cunetas, para escarnio y humillación de las víctimas del franquismo, muchas de ellas socialistas (de los de antes)”. 

Exigen “que el Consejo de Gobierno castellano-manchego rectifique "inmediatamente" su decisión de oponerse a la Ley de Memoria Democrática de Castilla La Mancha, pues, de otro modo, además de perder toda su credibilidad democrática, estaría asumiendo la postura del PP de impunidad del franquismo y de innecesiariedad normativa, y nos tendrán enfrente”. 

Las asociaciones firmantes recuerdan finalmente al gobierno regional que “la España de Franco ocupa el segundo lugar, tras la Camboya de Pol Pot, en el macabro escalafón de países con mayor número de desaparecidos". Explican que supera la suma de todos los desaparecidos de las dictaduras militares del Cono Sur juntas (Argentina de Videla, Chile de Pinochet, Paraguay de Stroessner, Uruguay de Bordaberry, etc).

A finales de 2015 la  mayoría de las 2.382 fosas comunes esparcidas por todo el territorio español seguían sin ser exhumadas (sólo se habían exhumado 332) y los restos de gran parte de los 143.353 desaparecidos documentados continuaban sin ser exhumados e identificados (solamente se ha procedido a la recuperación de los restos óseos de 6.300 personas). Por su parte, en el territorio de Castilla la Mancha existen unas 8.000 personas desaparecidas sepultadas en fosas comunes, y de las 143 fosas detectadas, 108 continúan sin ser objeto de intervención y exhumación".

La negativa del Gobierno regional ha suscitado también las críticas de los colectivos memorialistas de Castilla-La Mancha quienes, sin embargo, también se han mostrado molestos porque Podemos no les haya consultado en su redacción. Así, el Foro por la Memoria Histórica de Castilla-La Mancha cree que el texto propuesto por la formación morada tiene "los mismos vicios y defectos" que la ley nacional y que está repleto de "graves carencias e incongruencias".

Mientras, desde la Asociación para la Recuperacion de la Memoria Histórica de Cuenca, su presidente Máximo Molina apunta "nos resulta incomprensible que Podemos haya prescindido de la sociedad civil, de las asociaciones memorialistas, que tanto menciona en su texto". 

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